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13/11/2017 -  tiempo  6' 28" - 830 Visitas Columna de opinión Caso Maldonado: oportunismo y explotación política
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Se recuerdan pocos estallidos sociales de esta magnitud que apunten a un caso puntual de desaparición de persona con final trágico.
Adoptar una postura lícita en sus propósitos –nada menos que exigiendo la aparición con vida de una persona-, pero hacerlo mediante acciones inusitadamente violentas con rostros ocultos, agrediendo a ciudadanos pacíficos y dañando bienes públicos y privados, no es una vía que pueda convalidarse ni una herramienta tolerable a la hora de sostener una lucha que, en tal caso, se desvirtúa y pierde legitimidad (al menos en Paraná por fortuna ello no ocurrió). El artículo 14º de nuestra Carta Magna consagra el derecho de transitar, pisoteado a diario por maniobras que conculcan el resguardo de la seguridad personal. El fin no justifica los medios, máxime cuando rigen normas precisas para encauzar los reclamos. Se recuerdan pocos estallidos sociales de esta magnitud que apunten a un caso puntual de desaparición de persona con final trágico al que se lo llegó a definir ligeramente como un magnicidio. Santiago Maldonado generó importantes concentraciones, hizo aparecer opinólogos idóneos y aficionados, aflorando pseudo entendidos en criminalística. También periodistas aviesos atados a un plan de elevar “rating”, donde sobresalieron hipótesis delirantes lejos de toda cordura y sensatez. Siempre se entendió que este triste episodio debía ser estudiado por peritos multidisciplinarios, en especial en antropología forense altamente calificados para que se arribe a un resultado indubitable y contundente. La dolida familia, la sociedad y la memoria del extinto siguen aguardando, pero no sería correcto objetar un dictamen que ofrezca total y absoluta rigurosidad. Por eso nuestro comentario ha sido paciente.
Por Luis María Serroels
(Especial para ANALISIS DIGITAL)


La espontánea adhesión del colectivo social e instituciones de variado signo al pedido de aparición con vida de Santiago Maldonado, se dio como una suerte de “efecto simpatía” (el que hace estallar los explosivos en cadena) aunque en este caso por un motivo realimentado por las propias características del episodio, incluyendo pedidos de castigo para destinatarios sólo sospechados y sin elementos probatorios firmes. El Código Penal no admite suposiciones.

Ciertos anticipos sobre resultados preliminares de los estudios científicos post mortem efectuados con gran rigor y el aparente cambio del relato de un presunto testigo del episodio que provocó el óbito de Maldonado, brindando detalles puntuales del fatal desenlace, instalaron controversias inevitables, dando un vuelco impensado a las expectativas, las hipótesis iniciales y las especulaciones donde se mezclaban altos especialistas con legos sueltos de lengua, que cultivan el arte de simular idoneidad. Pero lo importante sigue siendo establecer con total convicción y libre de toda duda las verdaderas causas del deceso.

Lo que mucho no se entiende es el empecinamiento en demandar castigos apresurados sin conocerse la verdad absoluta con datos pormenorizados del hecho y elementos que sólo empezaron a ser útiles tras el hallazgo del cadáver (la peor noticia, porque siempre la presunción de vida debe ser superior a la presunción de muerte).

Toda reacción dirigida a descalificar informes de alta profesionalidad porque destruían iniciales versiones –aún dotadas de buena fe- en un intento por mantener teorías descartadas por la ciencia médico-forense, siempre estará destinada a diluirse.

Recuérdese que cuando la muerte violenta de 52 pasajeros del Ferrocarril Sarmiento por negligencia de altos funcionarios y empresarios, no hubo expresiones populares de repudio y pedido de justicia, un pronunciamiento oportuno desde la Casa Rosada condenando este doloroso hecho, ni un acompañamiento fraternal a los familiares de las víctimas fatales y a los sobrevivientes seriamente lesionados.

Tampoco recibió la suficiente expresión de indignación –salvo una concentración coincidente en todas las ciudades del país prontamente extinguida- el homicidio del valiente fiscal Alberto Nisman, quien había llegado muy lejos en una investigación vinculada con la destrucción de la AMIA y sus presuntos ideólogos y ejecutores, que estaban siendo cercados y a los que se habría tratado de favorecer con un indignante memorando.

Esa avalancha de condenas anticipadas ante el caso Maldonado, superaron largamente en cantidad el repudio de enero de 2015 ante un caso tan grave que hoy pare recobrar aliento en los tribunales con nuevas hipótesis. Organismos que recuperaron empuje poniendo su mirada sobre poblaciones mapuches y en especial CFK -tan verborrágica en su campaña- se callaron la boca cuando debieron hablar.

El ataque violento al destacamento de Gendarmería de El Bolsón (Rio Negro) y su edificio municipal, le quitaron argumentos a quienes se montaron en la inicial marejada.

La desaparición forzada de Julio Jorge López tras ser artífice con su testimonio de la extrema condena aplicada a un represor y torturador serial, se quedó en el olvido y fuera del interés del gobierno kirchnerista. La multiplicidad de demandas de una investigación amplia y exhaustiva sobre lo acontecido en nuestro sur, no se compadeció con el progresivo cese de búsqueda ante casos no menos traumáticos y esto no deja de llamar atención.

En nuestra capital se recuerdan las desapariciones forzadas de Héctor Gómez, Martín Basualdo, Elías Gorosito (hubo condenados pero su cuerpo jamás apareció), Amado Abib, Fernanda Aguirre y la familia Gill (matrimonio y cuatro vástagos de los que se desconocen noticias desde 2002 y cuya investigación –apenas reavivada hoy- ha sido muy cuestionada).

Está claro que las maniobras de vincular al Estado y al gobierno nacional con el episodio registrado en Esquel, poco a poco perdieron consistencia y veracidad torciendo las especulaciones primarias sobre las que se posaron personajes en caída, finalmente amonestados en las urnas del 22 de octubre. La búsqueda de hijuelas políticas a través de la mentira, inexorablemente termina en papelón. El agua que muchos intentaron llevar a su molino, optó por otros canales.

El supuesto testigo E, cuya declaración puede ser útil para el expediente, estaría por ser nuevamente convocado. Pensar que inventó una historia para hacerse del dinero destinado a una recompensa, es ridículo en tanto él sabe que la mendacidad es difícil de sostener y se destruye a poco de nacer.

¿Qué extraño impulso llevó a convulsionar a la ciudadanía al extremo de correr como un reguero de pólvora por todo el territorio argentino? Esa misma marea contagiosa parece haber dado un giro copernicano para repensarse frente a otra realidad surgida de los exámenes forenses. Quien demanda justicia debe aguardar justicia, no forzar desnaturalizaciones.

Cuando Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz en 1980, dijo que el caso Maldonado gravitaría en los comicios del 22 de octubre, se lo interpretó como un eventual riesgo para el gobierno. Sin embargo el acto electoral demostró todo lo contrario porque la ciudadanía exhibió otra conducta.

El hermano de Santiago, Sergio Maldonado y su abogada patrocinante, pretendieron que el juez Gustavo Lleral permita que especialistas extranjeros realicen su propia investigación, significando una desacreditación de los expertos argentinos de prestigio mundial. Con sus argumentos, el magistrado rechazó tal pretensión.

Recientemente se anunció que el Papa Francisco recibiría a fin de año a la familia Maldonado, no estando claro el motivo o qué elementos podría proporcionar el Pontífice para cerrar el caso. A propósito, esta semana en el Vaticano hubo un encuentro internacional de jueces y fiscales, donde Alejandra Gils Carbó no dejó de comentar su caída en desgracia. Pero lo curioso es que la flamante conducción del Episcopado Nacional le pidió al gobierno que “no debilite al Ministerio Fiscal” (sorprendente intromisión).

Flojos de información, los obispos ignoran en qué forma artera Gils Carbó se sirvió del despido de Esteban Righi, quien investigaba al entonces vicepresidente Amado Boudou, instalándose una Procuración impregnada de afinidad con el kirchnerismo (hoy está denunciada por delitos cometidos en la adquisición de un inmueble para el organismo judicial). Solicitarle al Poder Ejecutivo que “conserve todos los instrumentos de los cuales habló la fiscal en Roma”, fue un mensaje desafortunado de los prelados, producto del desconocimiento. Mezclar religión con ideología partidaria es un brebaje que a la sociedad no le apetece saborear.
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