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14/09/2017 -  tiempo  5' 15" - 3873 Visitas Columna de opinión Desmemoria aliada de la ingratitud
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Medio millón de personas despidió los restos de Yrigoyen: “El olvido es el verdadero sudario de los muertos”.
Es común que se adjudique a quienes nacieron a partir de 1983 en nuestro país, la condición de “hijos de la democracia”, en tanto ese fue un año de recuperación institucional tras la larga noche del último régimen de facto (y el más sangriento). En realidad todos venimos siendo hijos de la democracia desde que se la adoptó como único respaldo de una Nación libre, soberana, dueña de sus decisiones y cobijada bajo una sólida organización jurídica. Lo que sí debe reafirmarse, es que desde hace casi 34 años volvimos a disfrutar de la legalidad constitucional recuperada, libre de aventuras cuarteleras donde el orden establecido se suplantó por comunicados con fondo de marchas militares, suspensión de las garantías, libertad condicionada y nula seguridad personal. Se logró desarchivar el esplendor republicano contenido en la Carta Magna, pisoteado por juntas militares que se creyeron omnipotentes. Nos aferramos a estas reflexiones para analizar la amputación parcial sufrida por nuestra historia, por sucesos que pasan desapercibidos o simplemente no despiertan la merecida atención que sí reciben cuestiones pueriles, frivolidades y falsos ídolos. El miércoles pasado se cumplieron 87 años de la irrupción armada en el ejercicio político. No fue un hecho fortuito y generó una suerte de “partido militar deliberativo” que le abrió puertas a aventuras sediciosas articuladas para derrocar gobiernos surgidos de la voluntad popular. El dirigente Oscar Alende (UCRI), advirtió que “los golpes de Estado no sólo no arreglan ningún problema sino que generan problemas más graves”. La historia le dio la razón. Por Luis María Serroels
(Especial para ANALISIS DIGITAL)


El 6 de setiembre de 1930, se registró un golpe de Estado en nuestro país, produciendo la caída del Presidente radical Hipólito Yrigoyen, cumplido el primer tercio de su segundo mandato constitucional. Este hecho significó la incorporación ilegítima de los militares a la política. Tras retornos a la normalidad, se intercalaron con sus consabidos atropellos hasta la obra cumbre: la salvaje y sangrienta dictadura de 1976.

El 4 de junio de 1943 sobrevino la asonada que terminó con la Década Infame (tres años después aparecería un desconocido Coronel Juan Perón, llamado a tener un gran protagonismo en la vida política nacional, asumiendo como Presidente constitucional en 1946).

Tras la autodenominada Revolución Libertadora (y fusiladora) de 1955 que sacó a Perón del gobierno, en mayo de 1958 asumía Arturo Frondizi UCRI). Pero en marzo de 1962 luego de un comicio limpio que significó el regreso del peronismo -antes proscripto- a porciones de poder, las elecciones fueron anuladas y el gobierno destituido por un golpe castrense que se desgastó por su propios errores. En octubre de 1963, los radicales Arturo Illia y Carlos Perette asumían como Presidente y vice de la Nación, hasta que en junio de 1966 los “iluminados” los destituían mediante la llamada Revolución Argentina que aplicó una fuerte represión gremial y estudiantil avasallando las universidades. Tuvo tres presidentes, pero el inicial fue el general Juan Carlos Onganía, un traidor al que Illia le había confiado la comandancia del Ejército. Lo seguirían Roberto Levingston y Alejandro Lanusse.

Luego del retorno del peronismo al poder en 1973 (con Héctor Cámpora por proscripción de Juan Perón) y en medio de un estado de violencia inédito, nuevas elecciones consagraron la formula Perón-Perón, teniendo como vicepresidenta a su tercera esposa María Estela Martínez. Dos años después (ya fallecido Perón), su sucesora era destituida por la más feroz dictadura de que se tenga memoria. Así, apretadamente, historiamos el derrotero político argentino que alcanzaría en 1983 la definitiva recuperación y estabilidad democrática.

La retirada con cabeza gacha de los cultores de la Doctrina de la Seguridad Nacional y el Plan Cóndor que mató e hizo desaparecer miles de personas, intercambiando detenidos con países limítrofes, terminó con el suplicio de uniformados que tuvieron su último desfile -nada marcial- ante los jueces de la República, bajo el imperio del Nunca Más.

Muchos comedidos intentaron explicar el derrocamiento de Yrigoyen: su presunta senilidad, su ineficacia administrativa y hasta una supuesta corrupción que nunca pudo probarse y sus colaboradores mantuvieron limpios sus apellidos.

La economía de entonces enfrentada con intereses de sectores externos presionando nuestra política nacional con influencia de aliados vernáculos naturales, es citada por algunos autores como causa del quiebre de la legalidad institucional. Pero con mayor nitidez se observaba que la política petrolera del “Peludo” -como se apodaba al mandatario- contraria a las pretensiones de las empresas multinacionales y la creciente participación de las masas populares en la política nacional, más la presencia de los partidos de izquierda, irritaron a la oligarquía conservadora.

La historia siguiente la escribió un gobierno autoritario y entreguista presidido por el jefe del movimiento sedicioso, el general germanófilo José Felix Uriburu. Además de suscribirse pactos denigrantes y leoninos con Gran Bretaña, se intentó reformar la Carta Magna para que en las cámaras del Congreso la representación se hiciera según la profesión de los candidatos, calificándolos de acuerdo con sus actividades, intereses económicos, función social, categoría o jerarquía.

Allí nació la llamada Década Infame que nos legó en enero de 1932 el Impuesto a los Réditos (luego a las Ganancias) con vigencia hasta el 31 de diciembre de 1934 y hoy lleva 85 años. También se consagró la vergüenza de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación convalidara el facto mediante la Doctrina de la Revolución Triunfante y con ello le abrió un gran portalón a futuros cuartelazos. Se protegieron los intereses y privilegios de la clase dominante, se persiguió a las organizaciones obreras, los partidos de izquierda y, desde luego, los radicales adictos al Presidente derrocado.

Este fue alojado en la cárcel de Martín García, siendo liberado pocos días antes de su muerte, ocurrida el 3 de julio de 1933. Sus funerales se consideraron la más imponente manifestación pública de que se haya tenido memoria en Buenos Aires. Su tirano destituyente negó conceder asueto laboral y escolar, amenazando con poner doble falta a los alumnos que faltasen a sus escuelas. Medio millón de personas despidiéndolo fue la respuesta. Nadie recuerda cuántos fueron a acompañar el cajón del dictador que atropelló la Carta Magna, un pro nazi que fue apodado Von Pepe. Como tampoco serán bien recordados sus émulos que en los años siguientes se pasaron la Ley Suprema por las sentaderas.

Esto es lo que debió evocarse, con renovadas condenas, el pasado miércoles, dando cuenta a la sociedad que la reivindicación democrática sigue viva y latente. El golpe del ‘30 agigantó su condición de funesta mancha que sirvió de molde para quienes se creyeron salvadores de la Nación. Reivindicar la figura de Yrigoyen es un justo acto de fe democrática. Ignorarlo resulta repudiable. Lo dijo George Sand: “El olvido es el verdadero sudario de los muertos”.
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