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19/06/2017 -  tiempo  1' 17" - 507 Visitas Proyecto de ley Vitor propone una recompensa para quienes denuncien hechos de corrupción en la provincia
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Es “una herramienta que pretende evitar la corrupción, factor del atraso, empobrecimiento y violencia”, dijo.
El diputado Esteban Vitor (Cambiemos-Paraná) propuso, a través de un proyecto de ley, que se fije una recompensa para todos los ciudadanos que denuncien casos de corrupción cuando la acción que acusan prospere. Asimismo, el planteo del legislador provincial dispone la protección al denunciante y a los testigos de la causa sujeta a investigación por tal denuncia. La figura impulsada en la iniciativa fue denominada “Qui Tam” y, según manifestó Vitor, se trata de “una herramienta legal que concreta la obligación asumida por el Estado argentino -en sus diversas jurisdicciones- de evitar la corrupción, factor determinante del atraso, violencia y empobrecimiento social”. Según se indicó a ANALISIS DIGITAL, el término “Qui Tam” es un apócope del latín y define la acción “que legitima para accionar a personas físicas o jurídicas en procura de la recuperación o interdicción de fondos o bienes públicos”.

Esta herramienta “legitima para accionar a personas físicas o jurídicas en procura de la recuperación o interdicción de fondos o bienes públicos” y, a su vez, “para lograr recuperar esos bienes o fondos públicos trasvasados por actos de corrupción”. En el mismo sentido, se pretende “legitimar a la ciudadanía entregándole una recompensa para el caso de que la acción prosperara”, explicó Vitor en el proyecto.

La iniciativa define que la acción Qui Tam será “todo aquello que haya conformado o conforme el patrimonio público, en sus diversas jurisdicciones, entes y sociedades”.

En cuanto a la legitimación para interponer la acción Qui Tam, establece que es para “particulares e incluso a las personas jurídicas, con especial mención de las asociaciones cuya finalidad es la lucha contra la corrupción o por la transparencia del Estado”.

Y también para “los legitimados pasivos son todos aquellos beneficiados con fondos o bienes públicos por modos que han perjudicado el patrimonio público”.

El Tribunal, incluso, podría declarar la “nulidad del acto administrativo o legal que permitió ese acto de corrupción”.
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