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19/05/2017 -  tiempo  2' 59" - 548 Visitas Respuesta desde el oficialismo Larrarte salió a respaldar la decisión de Bordet y dijo que “el TdC no puede reemplazar a la Legislatura”
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El senador oficialista respaldó la decisión del Poder Ejecutivo.
El senador provincial Lucas Larrarte (FpV-San Salvador) salió a responder los planteos de legisladores de Cambiemos en contra de la decisión del Poder Ejecutivo de limitar el accionar del Tribunal de Cuentas al suspender la aplicación de una acordada que le permitió al organismo desde noviembre del año pasado intervenir desde el inicio de los trámites de contrataciones de alta significación económica, tal como lo establece la Constitución provincial. “Una acordada de un organismo de control no puede suplantar un requisito extremo como resulta la necesidad del dictado de una ley”, expresó, al tiempo que hizo “un mea culpa” porque aún no se haya presentado un proyecto, aunque hizo notar que la oposición tampoco elaboró una iniciativa. En un comunicado de prensa, Larrarte aclaró que “la determinación del Poder Ejecutivo provincial a través de la Secretaría Legal y Técnica se dio en el marco de una contratación específica del Ministerio de Desarrollo Social” y señaló que “no fue una medida general”. De todos modos, consideró que "la acordada del TdC está viciada de nulidad” y que “los actos de gobierno de alta significación económica deben ser definidos por la Legislatura, tal como lo ordena la Constitución”.

La novedad de la limitación al control del TdC fue dada a conocer por ANÁLISIS DIGITAL este miércoles, luego de que se publicara en el Boletín Oficial un decreto en ese sentido fechado el mes pasado, con la firma del gobernador Gustavo Bordet y la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta. La noticia motivó cuestionamientos en el bloque de senadores de Cambiemos y Nicolás Mattiauda (Gualeguaychú), Raymundo Kisser (Paraná) y Beltrán Lora (Nogoyá) presentaron un proyecto de comunicación en el que solicitan que la medida se deje sin efecto. También se expresaron en contra del la decisión los diputados provinciales opositores Sergio Kneeteman y María Alejandra Viola, entre otros.

Larrarte reconoció la necesidad de un instrumento legal que clarifique la intervención del cuerpo de contralor, “iniciativa que no ha surgido aún ni desde el oficialismo ni desde la oposición”. No obstante, dejó en claro que “todos los actos administrativos tienen un doble sistema previo de control en las figuras de la Contaduría General y la Fiscalía de Estado, lo que garantiza la transparencia de los actos de gobierno. Acá no estamos hablando de falta de control”, acotó.

El senador coincidió con la determinación tomada por el Poder Ejecutivo y manifestó que “en los actos administrativos priman los principios control que son comunes a la administración pública, que son los de carácter preventivo, concomitante y ulterior”. En ese cuadro “así como la Contaduría y la Fiscalía de Estado producen el control previo de todos los actos de gobierno, el Tribunal de Cuentas tiene un rol de control externo tal cual lo establece la Constitución”, indicó.

Respecto a la reacción de sus pares de Cambiemos, Larrarte marcó que “los propios senadores reconocen como pendiente a la normativa pertinente, por lo tanto el instrumento está viciado de nulidad desde su origen y mal resultaría el cumplimiento efectivo del mismo, ya que en un proceso judicial esa carencia se desnudaría rápidamente”. Luego, consideró “un acierto del gobernador Gustavo Bordet no cumplir con esa premisa”.

Finalmente, el senador hizo un “mea culpa sobre la falta de un instrumento legal que clarifique la intervención del cuerpo de contralor” y en tal sentido manifestó: “Si bien el decreto solicita a los organismos una urgente remisión de un proyecto de ley que reglamente las contrataciones del Estado y precise cuando éstas son de alta significación económica, hay una manifiesta orfandad en la que reconozco la morosidad en el dictado de la normativa, cuestión que de todos modos no es sólo achacable al oficialismo, ya que no se ha recibido por parte de la oposición proyecto alguno que reglamente este instituto”.
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