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21/04/2017 -  tiempo  2' 58" - 592 Visitas Carlín se refirió al Jury contra el juez Rossi: “Los informes técnicos no son vinculantes”
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Carlín dijo que "hay que analizar los motivos" por los que Rossi no tomó en cuenta los informes técnicos.
El ex integrante del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Miguel Carlín, analizó la denuncia contra el juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Rossi, por otorgar la libertad anticipada de Sebastián Wagner, acusado del crimen de Micaela García. Al respecto, opinó que “más allá del reclamo social (pidiendo sanciones al magistrado), hay que tener muy en cuenta cuales fueron los argumentos” del magistrado para tomar su decisión “y recién ahí ver si incurrió en un mal desempeño”. Asimismo, recordó que por el Pacto de San José de Costa Rica “ningún juez puede ser censurado por el contenido de sus sentencias”. “Hay que ver si fue una cuestión caprichosa, irracional, una actitud arbitraria o si existen argumentos que lo llevaron a tener una actitud diferente a la que podían eventualmente informar los equipos técnicos”, señaló. Respecto de los informes técnicos que reciben los jueces, aseguró que “en ningún lado dice que es vinculante para el magistrado” y remarcó: “Hay que ver qué fundamentó el doctor Rossi para no tomar en cuenta los informes”.
En declaraciones realizadas a FM Riel, Carlín explicó que “el pedido de libertad condicional es un proceso que debe cumplir una serie de requisitos que impone el Código Penal Argentino, y el juez pondera si se cumplieron o no esos requisitos”.

Al respecto, precisó que los requisitos establecidos a partir de la reforma del Código Penal de 2004 13 “exigen informes de los equipos técnicos correspondientes (psicólogos, psiquiatras y otros) lo que forma una constelación de elementos que el juez debe ponderar”. Aunque dijo desconocer los fundamentos de la resolución del juez Rossi, opinó que “más allá del reclamo social (pidiendo sanciones al magistrado), hay que tener muy en cuenta cuales fueron los argumentos y recién ahí ver si incurrió en un mal desempeño”.

Asimismo, advirtió que el artículo 70 del Pacto de San José de Costa Rica “que tiene jerarquía constitucional” determina en su inciso “D” que “ningún juez puede ser censurado por el contenido de sus sentencias”, por lo cual consideró que “hay que ver si fue una cuestión caprichosa, irracional, una actitud arbitraria o si existen argumentos que lo llevaron a tener una actitud diferente a la que podían eventualmente informar los equipos técnicos”. “Pero para todo eso se requiere un examen del expediente”, aclaró.

Respecto de los informes técnicos que reciben los jueces Carlín aseguró que “en ningún lado dice que es vinculante para el magistrado; que si bien no debe dejar de oírlos la decisión del psiquiatra o psicólogo no es obligatoria para el juez”. Y remarcó: “Hay que ver que fundamentó el doctor Rossi para no tomar en cuenta los informes. Yo no lo sé y mentiría si dijera que tengo siquiera un indicio de los motivos por los que resolvió como lo hizo”.

Consultado por la continuidad del trámite en caso de prosperar la denuncia, explicó que “si el Jury de Enjuiciamiento determina que hubo mal desempeño de parte del magistrado, produce la segregación del mismo del cargo de juez”. De todos modos, aclaró que “la decisión del Jury es recurrible ante el Superior Tribunal de Justicia y la decisión de éste, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Opinó que el Jury tiene una composición “muy peculiar” y recordó haberlo presidido muchos años cuando fue senador y después como miembro del Superior Tribunal. “Tiene una composición plural de manera tal que ningún sector individualmente puede manejarlo. Son tres ministros del Superior Tribunal, sacados a la suerte; dos abogados (en representación del Colegio de Abogados); dos legisladores, uno por Diputados y otro por el Senado”, especificó.

También resaltó que la Constitución reformada en el 2008 le agregó dos representantes de la sociedad civil, emulando lo que tiene el Consejo de la Magistratura, pero “nunca se logró la sanción de la Ley que lo reglamente, y por ello el Jury desde el 2008 está funcionando con siete miembros cuando por imperio de la Constitución de Entre Ríos debiera hacerlo con nueve”.

Finalmente, Carlín consideró que “no existe una justicia garantista y otra no tanto”. “Yo no advierto un divorcio tajante, de lo que se trata es de si se cumplen o no los recaudos establecidos por ley”, concluyó.
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