Bienvenidos a Semanario Analisis Digital
puntos
20/03/2011 -  tiempo  13' 10" - 1379 Visitas Un grupo de la Fuerza Aérea de Paraná podría estar implicado en la muerte de las mujeres Santa Fe: la Asociación de Prensa podría presentarse como querellante en la reapertura de los homicidios de dos abogadas en 1974
Click para Ampliar
La información del crimen fue publicada por El Litoral el 18 de noviembre de 1974.
La Asociación de Prensa de Santa Fe aprobaría este lunes, en Asamblea de afiliados, la moción de presentarse como querellante judicial en la reapertura de la causa por el homicidio de dos abogadas santafesinas, Marta Zamaro y Nilsa Urquía, quienes fueron víctimas de los homicidios de la Triple A en noviembre de 1974. Las mujeres fueron asesinadas por un grupo de represores santafesinos y de otras provincias que formaban parte de la Alianza Anticomunista Argentina, grupo que fue el ensayo de la empresa criminal que luego desarrollarían los militares. Según se informó, en la muerte de las abogadas podría estar implicado un grupo de la Fuerza Aérea de Paraná en 1974. La Asamblea de afiliados de la Asociación de Prensa de Santa Fe aprobaría la moción que el sindicato planteará a los periodistas que la integran. Aunque es una facultad que tiene la Comisión Directiva sin necesidad de escrutar, quedará firme la decisión de presentarse como querellante ante la justicia federal e impulsar una investigación, encuadrándola en un delito de lesa humanidad, según indica el portal santafesino Notife.

Las dos mujeres eran abogadas. Marta trabajaba en Nuevo Diario, un periódico que vivió a la sombra del atávico diario El Litoral, pero con identidad propia. Zamaro no desarrollaba tareas periodísticas en la empresa, pero sí participaba activamente de la defensa de los derechos de sus empleados a través del Sindicato de Artes Gráficas. Nacida en Helvecia, hizo la escuela primaria en la localidad de la costa y el secundario lo terminó en la escuela Normal, donde obtuvo el título de Maestra Normal Nacional. Luego se recibió de abogada en la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

Junto a su compañera, Urquía integraban la Asociación de Abogados que defendían a los presos políticos del momento. A pesar del aparente estado de democracia y libertades, el peronismo ya había diseñado un esquema de represión contra “la subversión comunista del país”, e instruyó a 300 oficiales para desarrollar la tarea. Al frente de esa estructura paraestatal, se colocó José López Rega, con conocimiento del tres veces presidente Juan D. Perón.

Nilsa María Urquía nació en noviembre de 1942 en Ordoñez, provincia de Córdoba. Casi 29 años más tarde se recibió de abogada en la UNL y, con el título, comenzó a defender a presos políticos. Con el exilio forzoso del doctor Rafael Negro Pérez, quedó al frente de la Comisión de Defensa de la Asociación de Abogados del país. Trabajó en el Registro de la Propiedad que entonces dependía del Poder Judicial y desde ahí participaba también de la Asociación de Empleados de Tribunales.

El principio del fin

Para entender el contexto de la época es necesario interpretar los niveles de violencia política existentes en 1974. En agosto de ese año, 16 guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) fueron fusilados por el Ejército con sede en Catamarca tras el fallido intento de copar una fábrica militar. El episodio se conoció como “La Masacre de Capilla del Rosario”.

Los guerrilleros tenían diagramado dos ataques violentos a unidades militares: uno era la fábrica militar de bombas y explosivos de Villa María, en Córdoba, el otro el blanco fue el Regimiento de 17 de Infantería Aerotransportada en San Fernando del Valle de Catamarca. En este último operativo participaron 47 militantes del ERP de la compañía de Monte que la organización armada tenía en Tucumán. Pero el ataque al cuartel de Catamarca fracasó el 11 de agosto, debieron replegarse y los guerrilleros se separaron en grupos. Los integrantes del ERP fueron reprimidos por fuerzas de seguridad locales y por el Ejército. Sin municiones y con varios heridos deciden rendirse el 12 de agosto. Por orden del Segundo Jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, José Antonio Vaquero, fueron fusilados -por vestir uniforme militar- 16 integrantes de la guerrilla.

El Partido Revolucionario de los Trabajadores y el ERP, tomaron la decisión de impulsar una represalia en todo el país: “Esa acción fue deliberada e inspirada en el salvaje principio de que el Ejército no toma guerrilleros prisioneros (...) El Comité Central (del PRT-ERP) tomó una grave determinación. Ante el asesinato indiscriminado de nuestros compañeros, nuestra organización ha decidido emplear la represalia. Mientras el ejército opresor no tome guerrilleros prisioneros, el ERP no tomará oficiales prisioneros, y a cada asesinato responderá con una ejecución de oficiales indiscriminada. Es la única forma de obligar a una oficialidad cebada en el asesinato y la tortura, a respetar las leyes de la guerra”, decía la declaración de la guerrilla, enviada a los medios de me prensa.

En agosto de ese año los abogados de los pocos militantes capturados denunciaron que sus defendidos habían sido salvajemente torturados y encarcelados, muchos de ellos incluso hasta el año 1984. Silvio Frondizi y Alfredo Curuchet, dos de los asesores letrados de los presos políticos, fueron asesinados por la Triple A.

En estos espacios de defensa de presos políticos participaba Nilsa Urquía, que vivía junto a Zamaro en la planta alta de una casa ubicada en Diagonal Aguirre 2533 de la ciudad de Santa Fe. En la parte de abajo, residía con su mujer un anciano de procedencia italiana llamado Julián Matiazzi.

Razones de una venganza

Aunque a muchos de los allegados a las abogadas asesinadas pueda molestarle, tres fuentes que compartieron militancia y lucha en los años setenta con las letradas, comentaron a Notife que “el desencadenante de semejante brutalidad en el crimen de las mujeres fue el asesinato de dos militares en la ciudad de Santa Fe”. El ERP, en su esquema de represalia por la “Masacre de Capilla del Rosario”, en Catamarca, había comenzado una ofensiva -también criminal- contra 16 oficiales del Ejército, en distintos lugares del país.

El primer militar asesinado en la ciudad de Santa Fe fue Juan Carlos Gambandé, el 11 de octubre de 1974. Oriundo de Rosario y nacido en 1949, el militar había egresado del Colegio Militar en 1970. Estaba destinado en el Liceo General Belgrano de Santa Fe. Fue asesinado por dos personas jóvenes mientras retiraba su vehículo del un garage. Recibió 9 impactos de balas.

El otro asesinado fue Néstor Horacio López, quien había nacido en Hurlingham en enero de 1932. Era el Jefe de la Agrupación Tropas en el Liceo General Manuel Belgrano. Vinculado a la Inteligencia militar, era común -relatan algunas fuentes - verlo reunido con la oficialidad del Destacamento de Inteligencia 122, de Santa Fe. El 7 de noviembre de 1974 fue atacado a balazos en las primeras horas del día. Estaba acompañado por un soldado de apellido Sales. Los disparos fueron ejecutados desde una casa que fue copada por el ERP la noche anterior, ubicada frente al domicilio de López, que murió en el acto.

Algunas fuentes consultadas señalan que la venganza por la muerte de López fue pergeñada en una casa ubicada en las cercanías de la Municipalidad de Santa Fe, en donde se reunían integrantes de sindicatos, miembros de la Policía Federal y oficiales del Ejército. Otras fuentes agregaron, que “para la época, y tras el crimen de López, vino un grupo de Buenos Aires a encabezar la patota”. Por otra parte, las acciones del ERP contra los militares cesaría en diciembre de 1974, cuando asesinaron a Humberto Viola con disparos sobre el auto que conducía, que provocó también el deceso de su hija de tres años, María Cristina.

Secuestro y muerte

Marta Zamaro y Nilsa Urquía estaban amenazadas. Sabían que tras la muerte de López podían ser las próximas víctimas de la Triple A. Llevaban vidas públicas y no disponían de muchos recursos económicos para huir en momentos límites. Zamaro y varios de sus viejos compañeros del Nuevo Diario habían sido amedrentados por colegas reaccionarios que formaban parte de la vida del periódico. Por esas amenazas deciden irse del medio Pocha Pagano, Alcira Ríos y Tatino Córdoba. Nilsa, en tanto, ya sabía que la suerte estaba echada y que su cabeza estaba pedida por la criminal Triple A.

El 14 de noviembre, cuando la patota secuestró a las abogadas en la casa que habitaban, Urquía debía viajar a Buenos Aires a terminar unos trámites con su visa para viajar a México, embarque que estaba previsto para el 17 del mismo mes.

Marta le había comentado, tres días antes del secuestro, a su amiga Bochi Clapes que “corría riesgo”, y que probablemente se iba a ir a vivir con ella porque Nilsa abandonaba la casa de Diagonal Aguirre. Urquía vio por última vez a su hermano en la casa que ocupaba con Zamaro. Tenía un brazo entablillado porque se había lesionado un tendón al correr un mueble. No comentó mucho del viaje, pero Miguel Ángel sabía que se iba a México a la brevedad. Marta visitó a su hermana Susana el 12 de noviembre en horas de la tarde. Pasó por la casa que Susana habitaba en barrio Roma. La última vez que Zamaro fue a trabajar al Nuevo Diario fue el 13 por la tarde y salió a las 0.30 del 14 de noviembre. Fue la última vez que la vieron con vida sus compañeros.

Nilsa, en tanto, estaba ansiosa por el viaje, que se complicó a último momento. Como la ruta del avión que la llevaría a México debía hacer escala en Miami, tuvo que actualizar un trámite de Visa para recalar en Estados Unidos. Los boletos aéreos los compró el 7 de noviembre en la empresa Delta Tours, que estaba ubicada en calle 25 de mayo 2490. El pasaje era abierto por 28 días, situación que hacía prever un regreso cercano, o solo una distracción para sus seguidores. Como el trámite de la Visa se demoró, le sugirieron que viaje a la Compañía de Viajes Branniff, en Capital Federal, ya que personalmente se podía solucionar en un día. El 14 debía estar en Buenos Aires. No pudo partir, antes fue secuestrada.

Una patota integrada por matones a sueldo y por integrantes de los servicios de inteligencia locales y de, presumiblemente, la Policía Federal -fuentes de la época también sugieren que pudo haber participado un grupo de la Fuerza Aérea de Paraná- entraron por la fuerza a la casa de la abogadas el 14 de noviembre. Rompieron los vidrios de la puerta que comunicaba a un pasillo, y posteriormente accedieron a la escalera que terminaba en la planta alta de la finca de Diagonal Aguirre 2533. Las golpearon, principalmente a Zamaro, y se las llevaron del lugar. Se escucharon gritos y ruidos intensos. Sin embargo, “nadie vio ni escuchó nada”.

El dueño de las dos plantas de la casa, el italiano Julián Matiazzi, denunció que le habían querido entrar a su casa el 15 de noviembre. Arriba vivían las abogadas, en Diagonal Aguirre 2533. Allí la policía tuvo tiempo de contaminar todo, pero además montaron una fantástica operación de descrédito: con dos testigos de actuación allanaron por orden del juez Federal de entonces, Elbio Cano, por haber encontrado material “posiblemente vinculados a grupos extremistas”. Quedó plasmado en la Nota S 7623 en donde, además, el comisario a cargo del procedimiento, Aníbal Bustamante, le informó al jefe de la Zona de Inspección, que a su vez notificó al D2 (Departamento de Informaciones) de la URI, que envió al entonces subjefe: Germán Chartier, que hoy tiene alrededor de 80 años y tiene domicilio en barrio Candioti, pero que en realidad habita una quinta en las afueras de la ciudad. Fue vital para darle legalidad a la diligencia un antecedente de Marta: el 3 de octubre de 1969 fue investigada por la presunta infracción a la ley 17.401, una norma que perseguía y hasta podía ser causal de despido a quienes simpaticen con partidos o agrupaciones de izquierda.

De la casa de las abogadas se llevaron varios documentos, entre ellos un expediente civil: Renné Elliot Vannay c/ S y R SAYC sobre demanda ejecutiva, expediente 525 del año 1973.

A priori, no tiene nada que ver con el desenlace brutal de las letradas, pero algunas fuentes judiciales consultadas dijeron que podrían haberlo puesto para asociar el crimen a una venganza dentro de la profesión. Sólo versiones.

Los cuerpos sin vida y mutilados de la abogadas fueron encontrados en cercanías al Arroyo Cululú -en el departamento Las Colonias, Santa Fe- el 16 de noviembre de 1974. Las fotos que pueden verse en el expediente de la época son bastantes gráficas: vendas en la cara, trapos en la boca, atadas las manos, cuerpos golpeados. Impunidad y sadismo.

Para entonces, el Jefe de la Unidad Regional del departamento Las Colonias era Dante Héctor Maillier, un oficial que solía usar su casa de Santo Tomé para recibir, asados de por medio, a militares de entonces, sobre todo aquellos que revistaban en el Batallón de Anfibios. El juez de instrucción que “tramitó el expediente” fue Néstor Latorre y su Secretario Danilo Guillermo Imhoff. Todas las fojas del mismo llevan a la nada. Está claro que no les interesó investigar el crimen. Seguramente, habrá habido órdenes de no hacerlo.

Sin embargo, algunos nombres que aparecen en la causa pueden aún aportar datos de interés. Quien encontró los cuerpos en el arroyo fue Daniel Enrique Castro, de entonces 24 años y domiciliado en Progreso, de profesión viajante. Fue quien avisó a la Policía de la zona.

El primer parte policial del hecho lo confeccionó Guillermo Haggemann, el Gringo que durante la democracia -y con Jorge Obeid como Gobernador- fue jefe de la ex Dirección de Drogas Peligrosas cuando el Pollo, Héctor Colombini era el subdirector.

En marzo de 1996, los familiares de las abogadas le dieron un poder a Alfredo Nogueras para tramitar administrativamente los alcances de la ley que establecía una reparación a las familias de los muertos o desaparecidos por el Estado.

En octubre de 2010, tanto la fiscal santafesina Liliana Lauxmann como el juez de instrucción Darío Sánchez declaran la prescripción de la acción penal. El expediente llegó a la Secretaría de Derechos Humanos en noviembre el año pasado para ser incorporado al Archivo de la Memoria.

Pero 37 años después será agregado como prueba a la causa por delitos de lesa humanidad que impulsará como querellante la Asociación de Prensa de Santa Fe. El gremio envió un parte de prensa a los medios locales en donde aclaran los motivos que impulsarán la acción penal: “La Asociación de Prensa de Santa Fe quiere ser parte activa en este proceso que contribuirá a revelar la verdad del que, probablemente, sea el primer crimen cometido por el Comando Anticomunista del Litoral (CAL), versión santafesina de la banda terrorista Triple A, en el marco del plan sistemático de exterminio que luego continuaría la dictadura militar (…) con esta decisión, la Comisión Directiva de la APSF reafirma su compromiso con la memoria y la justicia frente a la proximidad de un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976”.
Enviar Imprimir
ULTIMA EDICIÓN
Destacadas
Deportes
Servicios
Envianos
tu noticia
Las mas leídas
Analisis Digital | Director | Denuncias | Contáctenos |  Pagina de Inicio |  Agregar a Favoritos |