En el Gobierno no esperaban que se cerrara el acuerdo en el primer encuentro con los gobernadores, pero hubo malestar por la reticencia total que mostraron desde los distritos del Centro y el Sur del país ante la propuesta del Gobierno de restituir la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias a cambio de apoyo a la ley Ómnibus. “No hay problema, lo sacamos”, dijo ayer, con fastidio, un importante colaborador del Presidente, en una reacción asimilable a eliminación del capítulo fiscal completo, en enero.

Aquella medida, tomada para castigar y al mismo tiempo presionar a los gobernadores, fue el principio de la caída del proyecto “Bases” completo. Y esta vez no quieren pagar el costo de adoptar la misma postura temperamental. Aunque disimulan con chicanas y agravios, los libertarios están preocupados por que la iniciativa vea la luz. El presidente Javier Milei está en un buen momento ante la opinión pública, pero no saben cuánto “aguantará” la población el severo ajuste sin rebelarse. Y pesa, también, el pedido del FMI para buscar consensos en torno a las reformas.

Más allá de las declamaciones, en la carrera contrarreloj por la ley cambiaron de posición para generar un diálogo “más prolijo”, en contraste con los dimes y diretes que se generaron en enero y febrero, publicó el portal de Infobae.

Admiten que fue un error delegar en una multiplicidad de interlocutores los diálogos con los mandatarios y con el Congreso, desde el ministro del Interior, Francos, al vicejefe de Gabinete, José Rolandi, al viceministro del Interior, Lisandro Catalán, al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, pasando por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y el devenido asesor de la secretaría de la Presidencia que conduce Karina Milei, “Lule” Menem.

Si bien todos ellos tienen peso específico, sus figuras no fueron suficientes para generar confianza entre los mandatarios y legisladores y para forzar sus posiciones. “Tocamos lo peor que podíamos tocar: sus egos”, razonó un importante funcionario libertario esta semana, al rememorar la interminable puja del verano.

Esta vez buscaron centralizar la conversación en el funcionario con mayor cargo del Gabinete, Nicolás Posse, que debió abandonar su preciado bajo perfil. Y le exigieron a Caputo que deje la intimidad de su despacho y se sume de una vez a las conversaciones en directo con los gobernadores. Ayer no estuvo en el salón Eva Perón por su compromiso en el BID, pero envió a su secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y se descuenta que participará en futuros encuentros.

Ambos estarán secundados por Francos, que no vio el cambio de rol como un corrimiento sino, más bien, como un alivio. Quería que los encargados de las decisiones experimentaran de primera mano lo que significa lidiar con los pedidos de los gobernadores, después de los pases de factura que se cruzaron entre libertarios en los albores del debate legislativo, con el pico en el cruce de versiones que circularon después del último encuentro en el Centro Federal de Inversiones sobre la coparticipación del impuesto “País”.

Por lo pronto, en tanto que Milei puso como plazo el 25 de Mayo para tratar el “Pacto”, en la Casa Rosada no muestran apuro. “Hay tiempo. Veremos”, dejó abierta la puerta a que sigan las conversaciones un relevante asesor del jefe de Estado, en contraste con anteriores instancias, donde sus soldados se habían mostrado irritados y sin disposición a hacer concesiones.

Milei intentará prevenir la instancia de administrar a través de una serie de DNU, no sólo para evitar frenos en la justicia, como ocurrió con el capítulo laboral del decreto de desregulación, sino también para cumplir con las expectativas del Fondo, que pidió conformidad partidaria para promover las medidas que prometió el Gobierno en su afán por reducir el déficit fiscal, publicó el portal de Infobae.

Con todo, en el Ejecutivo desconfían de las intenciones de los gobernadores y se inclinan por pensar que terminarán pesando sus vanidades políticas. El Presidente lo advirtió apenas antes de llamar a un gran acuerdo nacional durante su discurso ante la Asamblea Legislativa. Y en sus cercanías se adelantan a la posibilidad de que el acuerdo por la ley vuelva a caer en saco roto. Sin embargo, procuran mostrarse inmutables. “Javier tiene la capacidad de transformar las debilidades en fortalezas. Si no nos aprueban, será testimonio de que lo intentamos por las buenas y no nos dejaron”, deslizó un importante funcionario nacional.

Las provincias no tienen una postura unificada

Mientras tanto, el panorama en las provincias está dividido. Los gobernadores no están agrupados por posiciones ideológicas, sino virtualmente agrupados por regiones. A la inquietud por el estado de sus cuentas -que incluye dificultades para el pago de sueldos, la merma en el consumo y la suba de la desocupación en la crisis-, se suma la falta de liderazgos nacionales claros, tanto en Unión por la Patria como en Juntos por el Cambio. Por lo que, más que nunca, profundizaron su habitual conducta cuentapropista.

En la previa de las negociaciones finas por la ley Ómnibus y el paquete de alivio fiscal, los referentes del centro y la Patagonia son los más reacios a la propuesta de usar Ganancias como modo de compensar los recortes en obra pública y fondos específicos. Y al oficialismo no le alcanzaría con las voluntades de los norteños, que sí abrazan el ofrecimiento y están dispuestos a dar apoyo, para avanzar con su postergado proyecto fundacional en el Congreso. Los primeros son los que ostentan la mayor cantidad de bancas; mientras que la liga de los patagónicos, aunque tienen menor injerencia en Diputados, marcan la cancha en el Senado, donde representan un cuarto del total de las provincias.

La división, que excede el color político, se relaciona directamente con los montos de los salarios y el alcance que podría tener Ganancias en cada distrito. En las provincias con menores ingresos están de acuerdo con la baja del mínimo no imponible porque el gravamen no afectaría a la mayor parte de la población. En cambio, en aquellas con mayor cantidad de sueldos altos temen pagar un costo político alto por la decisión de afectar a más personas con la deducción coparticipable, consignó el portal de Infobae.

La división no es nueva, pero vuelve a salir a la luz a partir de que Posse y Francos pusieran sobre la mesa la nueva modificación de Ganancias como moneda de cambio para balancear los recortes del Fondo Compensador del Transporte y el Fondo de Incentivo Docente (FONID) y la suspensión por tiempo indeterminado de la obra pública (si bien el Gobierno pretende retomarla a través de inversiones privadas, por ahora ese sistema está lejos de concretarse).

Los mandatarios de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, La Pampa, Río Negro y Neuquén o bien mantuvieron la reserva o manifestaron su desaprobación al ofrecimiento, al igual que Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe y Córdoba, que registran la mayor cantidad de trabajadores que deberían pagar Ganancias si se avanzara con la reposición de la cuarta categoría.

Las posiciones fueron exhibidas en el encuentro privado del viernes, entre los 24 mandatarios y los ministros en la Casa Rosada, pero en las últimas horas varios gobernadores salieron a marcarle la cancha a los libertarios también en público. “No se puede permitir. En Río Negro es prácticamente toda la masa salarial de trabajadores”, sostuvo Alberto Weretilneck al revelar que Posse ofreció ayer un piso de 1,5 millones de pesos. “Con la caída del poder adquisitivo de los salarios en el último año, cargarle otra reducción a alguien que percibe un salario es inclusive hasta exagerado”, se plantó.

El peronista cordobés Martín Llaryora y el radical santafecino Maximiliano Pullaro, que vienen de una disputa fuerte con el Gobierno por las retenciones ya mostraron cautela y se inclinan, en cambio, por subir o ampliar los impuestos a los altos ingresos. Mientras que el bonaerense K Axel Kicillof insiste con la recuperación del Fonid, el fondo por el transporte, y el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOI), por el que presentó ante la Corte Suprema un pedido para declarar inconstitucional el decreto que lo elimina.

Desde el Sur, al igual que Weretilnek, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, había asegurado el jueves, durante el pacto de los patagónicos en Puerto Madryn, que faltaba “seriedad política” en el planteo del Gobierno: “Volver a discutir Ganancias sería faltarle el respeto a los trabajadores y a los argentinos. Es una medida que no voy a acompañar como trabajador. Más allá de que soy gobernador de Santa Cruz, y que los fondos los necesitamos, el trabajo no es ganancia”, adelantó, en diálogo con el portal Letra P.

Su par de Chubut, Ignacio Torres, que acaba de superar una fuerte disputa con la Nación por el cobro de una deuda provincial e intenta poner paños fríos, fue menos vehemente y valoró la propuesta de apertura al diálogo del Gobierno. No obstante, en una entrevista anteanoche deslizó que “va a ser un punto donde puede haber diferencias, sobre todo en el Congreso, que es el que tiene que deliberar finalmente”.

Varios de esos mandatarios insisten con que se utilice otro mecanismo de compensación, desde la coparticipación del Impuesto País o el Impuesto al Cheque, y en el Gobierno se mostraron firmes en que esas salidas no son viables en el marco del programa económico que lidera el ministro de Hacienda, Luis Caputo. Básicamente, el argumento de los libertarios es que aspiran a eliminar por completo esos gravámenes en el corto o mediano plazo, y que dictar una norma para coparticiparlos implicaría sostenerlos. “Después no los sacás más”, resumieron la postura en la Casa Rosada. Sin embargo, ayer deslizaban, a regañadientes, que están dispuestos a evaluar esas medidas o caminos alternativos.

En el Norte las perspectivas son abismalmente diferentes. El tucumano Osvaldo Jaldo y el entrerriano Rogelio Frigerio se sumaron a la conferencia de prensa de Francos en una señal de acuerdo ayer al final del encuentro en la Casa de Gobierno. Mientras que Raúl Jalil (Catamarca), a pesar de que abonó abiertamente a la campaña de Sergio Massa, muestra cada vez menos pruritos a la hora de alinearse con Milei; y el chaqueño radical Leandro Zdero recordó que tuvieron una “pérdida importante” cuando Massa acotó la masa alcanzada por el gravamen y confirmó que está a favor de restituirlo. “Esto ha impactado en las arcas de la provincia y lo vemos de manera negativa, por lo cual queremos recuperarlo”, sostuvo.

La restitución de la cuarta categoría de Ganancias los satisface -en sus distritos no pagaría la mayoría de los empleados, pero recibirían una masa importante proveniente de la coparticipación del gravamen-, y están ávidos por la aprobación del Régimen de Grandes Inversiones para la explotación de sus respectivas industrias locales.

De todas formas, en el norte grande hay algunas excepciones. El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdes, que aceptó tender puentes con Balcarce 50 hace semanas, dijo ayer en declaraciones en TV que estaba a favor, aunque avizoró las evidentes dificultades que tendrá el oficialismo a partir de la resistencia de sus pares: “El impuesto a las Ganancias hoy no tiene consenso para salir”, dijo.

Desde la semana entrante empezarán a programarse las reuniones entre los secretarios de Hacienda de las provincias y el encargado de esa área a nivel nacional, Carlos Guberman, ladero de Luis Caputo, para discutir la letra fina de la nueva ley y del paquete de alivio fiscal. Las posturas políticas de los gobernadores indican, a primera vista, que el Ejecutivo deberá encontrar una ruta paralela para llegar a un destino de éxito para la ley Ómnibus en el debate legislativo.