En las primeras horas de la mañana de este miércoles, la Cámara de Diputados declaró “su enérgica condena y repudio contra las acciones terroristas perpetradas por Hamas desde la Franja de Gaza y dentro del territorio israelí. Nuestra solidaridad incondicional con todas las víctimas y sus familiares. No aceptamos, y condenamos, como siempre lo hemos hecho, todo tipo de violencia como método para resolver los conflictos entre países y exhortamos a dar cumplimiento a las resoluciones de Naciones Unidas”.

Diputados aprobó el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 con 156 votos afirmativos y 2 abstenciones. La iniciativa “constituye un incentivo político e institucional y marca un camino para generar estímulos económicos que son estratégicos para nuestra patria”, destacó Facundo Manes.

Poco antes, con 128 votos contra 114, Diputados convirtió en ley el proyecto de reforma de alquileres con los cambios incluidos por el Senado impulsados por el Frente de Todos, con lo cual los contratos entre propietarios e inquilinos se mantendrán por tres años y tendrán una actualización semestral, en lugar de anual como establecía la actual norma.

La iniciativa se aprobó con los votos que fueron aportados por el Kirchnerismo, dos diputados del Interbloque Federal, uno de Juntos por Rio Negro y cuatro de izquierda, mientras que rechazaron la iniciativa los libertarios, Juntos por el Cambio y algunos legisladores provinciales.

El tratamiento del proyecto comenzó cerca de las 4 am. Desde la oposición reforzaron sus críticas hacia el proyecto oficialista. La diputada radical Karina Banfi apuntó contra el Gobierno y manifestó que las reformas aprobadas en el Senado “van a profundizar la crisis habitacional”. “¿Saben por qué? Porque cambia para no cambiar nada; y va a aniquilar la oferta. ¿Quién va a alquilar a 3 años con una hiperinflación galopante? ¿Cómo van a hacer para sostener la oferta de alquileres?, cuestionó.

En la misma línea, Pablo Tonelli (PRO), declaró que la aplicación de la ley original “provocó una enorme retracción en la oferta de viviendas para alquilar”. “Esto perjudica a los inquilinos dada la escasez de la oferta, les impide negociar en igualdad de condiciones los términos del contrato”, agregó.

Desde el oficialismo, Itaí Hagman defendió el proyecto modificado en la Cámara Alta, negó que la crisis habitacional sea producto de la legislación original y planteó: “Tenemos dos opciones: la del Senado es mejor porque establece una mejora respecto al índice actual de la ley que establece una menor relación entre inflación y salarios”. “No dejemos desprotegidos a los inquilinos, no llevemos al mercado inmobiliario a que sea la ley de la selva, sino generemos los mecanismos para -protegiendo la parte más débil- corregir esa asimetría generando regulaciones”, sostuvo.

En una breve participación, José Luis Gioja resaltó que el Estado tiene que mediar para “proteger” a los inquilinos.

El diputado Estévez confirmó que el bloque socialista acompañará el proyecto que viene del Senado, al igual que Romina Del Plá que garantizó el apoyo de la Izquierda pese a las críticas a la iniciativa.

Paula Penacca, diputada oficialista de la Ciudad de Buenos Aires, fue la última de las oradoras. Entre sus definiciones dijo que “es falso que el problema del mercado de alquileres está vinculado a que haya algún tipo de regulación”. “Con la ley no alcanza, hay que resolver la situación económica que empezó allá en 2016 y 2018 con la devaluación de Mauricio Macri, pero tenemos que tener claro que lo que vamos a hacer es defender los derechos de los inquilinos y las inquilinas”, describió la situación y apuntó contra la oposición previo a la votación.

La Cámara Baja también aprobó el régimen de promoción de la industria del calzado y su cadena de valor. La iniciativa contó con 127 votos afirmativos, 88 negativos y 2 abstenciones; y los cambios a la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, incorporando la violencia digital.

Más temprano, los legisladores nacionales dieron luz verde al Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado. La iniciativa fue sancionada con 126 votos afirmativos, 7 negativos y 102 abstenciones, y se giró al Senado. La iniciativa en cuestión declara “de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina la licuefacción de gas natural con destino a la exportación de GNL y sus actividades asociadas y vinculadas con su almacenamiento, comercialización y transporte”.

Además, dispone la creación de un nuevo “Régimen de Promoción para Grandes Proyectos de Inversión en GNL” que comprende la realización de inversiones en bienes y obras de infraestructura destinadas al transporte de gas natural para la producción, licuefacción, almacenaje y comercialización del GNL en el territorio nacional y en los mercados de exportación.

Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Energía, Santiago Igon, señaló: “Hoy estamos acá para trabajar sobre un régimen promocional y declarar de interés público nacional todo lo que es la licuefacción del gas, para la importación de GNL”.

Desde la oposición, el diputado del PRO, Francisco Sánchez, manifestó que “no ve mal” el acompañamiento de la iniciativa pero advirtió: “No lo vistamos de otra cosa acá se están trabajando intereses de sectores específicos, de una empresa nacional como YPF con otra internacional como PETRONAS”.

Por su parte, la legisladora radical, Jimena Latorre, expresó: “En lugar de dar un salto al vacío con un proyecto como este, el Gobierno que se está yendo debería haber definido una política energética en base a una planificación estratégica; no lo hicieron en cuatro años, ahora ya es tarde”.

Mientras que el gobernador electo de Neuquén, Rolando Figueroa, resaltó el proyecto como “una gran oportunidad”: “20.000 millones de dólares de superávit va a generar Vaca Muerta sin riesgo climático, y no lo podemos desaprovechar”.

Aprueban la creación de tres nuevas universidades

Tras más de dos horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó y comunicó al Senado la creación de las universidades de la Cuenca del Salado, con sede en Cañuelas, provincias de Buenos Aires; Juan Laurentino Ortiz, con sede central en la ciudad de Paraná, Entre Ríos; y la Universidad Nacional de Saladillo, también en territorio bonaerense.

La creación de tres nuevas universidades nacionales volvió a dividir al oficialismo y a la oposición. El kirchnerismo defendió la iniciativa, mientras que Juntos por el Cambio planteó críticas al proyecto.

“Las falencias de la situación educativa no se van a superar restringiendo la oferta. No se puede mostrar solo una de las caras; necesitamos fomentar el pensamiento crítico para formar ciudadanos y fortalecer una Argentina soberana”, manifestó el diputado del Frente de Todos, Leopoldo Moreau.

Por su parte, el legislador de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro señaló que el Congreso no puede “crear universidades porque sí; es una violación fragante de la Ley de Educación Nacional. No estoy dispuesto a seguir contribuyendo al simulacro educativo, a mirar para otro lado”.

En la misma sintonía, Alejandro Finocchiaro de JxC, resaltó que “los criterios para la creación tienen que contemplar una adecuada previsión presupuestaria, el análisis de la factibilidad geográfica y de las carreras que se van a dictar y cómo éstas contribuyen al desarrollo del lugar”.

Desde la Izquierda, Romina Del Plá hizo mención a “la crisis del sistema educativo” y apuntó al Gobierno por “el vaciamiento presupuestario”, sin embargo adelantó que acompañará la iniciativa “porque es muy importante”.

Devolución del IVA

Antes de la medianoche, los diputados del oficialismo dieron media sanción, con 134 votos a favor, 0 en contra y 107 abstenciones, a la devolución del IVA para productos de la canasta básica impulsado por el ministro de Economía, Sergio Massa. La medida comenzará a regir desde el 1 de enero de 2024, no obstante, actualmente ya se aplica gracias a un decreto de necesidad y urgencia.

Desde Juntos por el Cambio, que tenía un proyecto propio, se abstuvieron. Denunciaron que tendrá un impacto fiscal que el Gobierno planea financiar por medio de emisión y, por lo tanto, terminará acelerando la inflación. “Como bajar impuestos sin reducir el gasto es inflacionario, nosotros no los vamos a acompañar a la hiperinflación”, dijo Silvia Lospennato.

“El problema es el déficit. Un Estado no puede gastar más de lo que produce, porque de hacerlo tiene que tapar esos baches fiscales con emisión monetaria. Y sin embargo estamos acá hoy tratando un proyecto que da un golpe brutal en el gasto. Estamos yendo a una hiperinflación, a una mega devaluación o a una hiperinflación con devaluación”, denunció Rodrigo De Loredo, presidente del bloque Evolución.

El dictamen de minoría de JxC proponía establecer una restricción a la financiación del Tesoro Nacional mediante emisión, ponerle un límite temporal hasta el 9 de diciembre (cuando termina el gobierno actual), incluir a los trabajadores informales y permitir que el beneficio comprenda la utilización de billeteras virtuales.

A su turno, el presidente de la Comisión de Presupuesto y referente del oficialismo en temas económicos, Carlos Heller, señaló que la Oficina de Presupuesto del Congreso hizo un informe, que no tiene en cuenta los efectos “de segunda vuelta”, es decir el impacto de las compras que se realizan con el dinero que se devuelve. “El dato real a considerar es 1,01 puntos del PBI”, detalló.

En esa línea, aseguró que el Gobierno “no es hincha del déficit fiscal, pero tenemos que ser enemigos del ajuste como mecanismo para resolverlo”.

En el artículo 1 se establece que los beneficiarios del reintegro del IVA serán quienes perciban jubilaciones, pensiones por fallecimiento y pensiones no contributivas, en un monto mensual que no exceda la suma de seis haberes mínimos garantizados, los beneficiarios de asignaciones universales por hijo para protección social y las de embarazo para protección social.

Asimismo, serán alcanzados trabajadores que presten servicios remunerados en relación de dependencia en la actividad privada o pública, siempre que el ingreso mensual no supere la suma equivalente a seis veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), los comprendidos dentro del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares y aportantes del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) que se encuentren encuadradas y encuadrados en la Ley 24.977.

El proyecto precisa también que “están alcanzadas por el beneficio de este Programa las compras de bienes en el marco de la Tarjeta Alimentar o de las tarjetas emitidas a beneficiarias y beneficiarios del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local-Potenciar Trabajo”.

En tanto, en el artículo 4 del proyecto se establece que el reintegro mensual previsto en el presente Programa no podrá superar el 21% del valor de la Canasta Básica Alimentaria para un hogar tipo 2, vigente en cada mes.

(Infobae)