A partir del martes 25 de julio, cerca de cuatro millones de jubilados y pensionados quedarán exentos del trámite de supervivencia o fe de vida, gracias a la entrada en vigor de la Ley 27.721 en Argentina.

Esta ley elimina el requisito de fe de vida para el cobro de haberes y otros beneficios previsionales, beneficiando a los 7,3 millones de jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y a los beneficiarios de pensiones no contributivas a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Previo a la aprobación de esta ley, aproximadamente 3,2 millones de jubilados ya habían sido eximidos del trámite debido a decisiones previas de los bancos donde reciben sus pagos. Por ejemplo, el Banco de la Provincia de Buenos Aires fue la primera entidad en eliminar el requisito en septiembre de 2019, al contar con bases de datos en línea conectadas al Registro Nacional de las Personas (Renaper).

La fe de vida fue temporalmente suspendida durante el primer tramo del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) debido a la pandemia de coronavirus en marzo de 2022. No obstante, a partir del 17 de febrero de 2022, se solicitó nuevamente, con algunas excepciones para personas de edad avanzada o con dificultades de acceso a información.

La Ley 27.721, publicada en el Boletín Oficial el 17 de julio, entrará en vigencia el martes 25 de julio, de acuerdo con lo establecido por el Código Civil. Esta legislación otorga a la ANSES la facultad de emitir normas complementarias y aclaratorias, lo que se espera para garantizar una implementación adecuada por parte de los bancos.

Según Télam, la implementación de esta nueva legislación no debería presentar dificultades, ya que alrededor del 45% de los jubilados y pensionados ya estaban exentos del trámite, y el 55% restante será atendido por bancos que ya estaban en camino de facilitar el cobro de haberes sin la necesidad de la fe de vida.

Hasta el momento, los bancos Nación, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, San Juan, Entre Ríos, Santa Cruz y Santa Fe, así como el Piano, Supervielle y Santander, han dejado de exigir el trámite de supervivencia, adaptándose a la nueva legislación y facilitando el acceso a los beneficios para los jubilados y pensionados.