El proyecto que reforma el régimen de prevención y represión del lavado de activos logró media sanción este jueves en la Cámara de Diputados, con 111 votos positivos, 96 negativos y cinco abstenciones. Finalmente, Juntos por el Cambio se mantuvo unido, pese a que el PRO había firmado el dictamen oficialista. El proyecto ahora deberá ser analizado en el Senado.
Aunque el bloque PRO había acompañado -con disidencias- el dictamen de mayoría junto al oficialismo, la bancada macrista terminó alineándose por el rechazo con sus pares de la Coalición Cívica y la UCR en Juntos por el Cambio.
Las diferencias centrales radicaban en dotar de más autonomía a la Unidad de Información Financiera (UIF), al tiempo de modificar el mecanismo de selección y remoción de sus autoridades.
Juntos por el Cambio, el interbloque Federal, el Frente de Izquierda y el liberal José Luis Espert votaron en contra. El bloque de Javier Milei no estuvo presente ni tampoco el ahora monobloque de Carolina Píparo, cercana al líder de La Libertad Avanza.
Junto al oficialismo, que tuvo ausentes en sus filas -así también la principal bancada opositora-, votaron sus aliados del interbloque Provincias Unidas y el flamante gobernador electo de Neuquén, Rolando Figueroa.
En tanto, las abstenciones fueron de los monobloques internos de JxC, Carlos Zapata (Ahora Patria) y Paula Omodeo (CREO); y de los tres legisladores del Frente de Todos que responden a Juan Grabois: Natalia Zaracho, Federico Fagioli e Itaí Hagman.
Durante la votación en particular, la oposición no logró imponerse para agregar dos artículos para modificar la selección y remoción de las autoridades de la UIF, y otro sobre las facultades del organismo. Unos 30 artículos del proyecto en los que no había diferencias los votaron favorablemente a mano alzada.
La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo hace casi un año atrás -en mayo de 2022-, es exigida desde el Fondo Monetario Internacional, de manera de que el país se pueda adecuar a los estándares internacionales. Además, para el Gobierno urge su aprobación, a raíz de que en septiembre de este año Argentina comenzará a ser evaluada por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), recordó Parlamentario.
El texto original del Poder Ejecutivo tuvo numerosos cambios. Uno de ellos fue que se modificó lo referido a la pena prevista para el lavado en el artículo 303 del Código Penal: se aumentará el monto de la "condición objetiva de punibilidad" de 300 mil pesos a 8.600.000 y se implementará una unidad de medida (Salario Mínimo Vital y Móvil) a los fines de su actualización periódica.
A su vez, se incorpora un nuevo tipo de penal de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y se agrega el concepto de "operación inusual y sospechosa" de conformidad con una recomendación del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).
Sobre la UIF, se refuerza el mecanismo de audiencia pública previo a la designación de las autoridades.
Los abogados, que se suman como "sujetos obligados a reportar situaciones sospechosas", no serán obligados cuando se desempeñen en asesoramiento, consultoría legal y patrocinio, representación o defensa en litigios judiciales, administrativos, arbitraje o mediación.
Se suprime el párrafo referido al secreto profesional, porque podía dar lugar a que toda actividad de los abogados esté protegida por el secreto profesional y que nunca deberían realizar reportes de operaciones sospechosas.
Respecto a los contadores, se suprime como actividad comprendida la confección de informes de revisión limitada en estados contables.
Además se contempla la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de Sistema, Prevención, Investigación y Persecución Penal de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva, a los fines de incorporar un control político y parlamentario.
También se prevé la creación de un Registro de Proveedores de Servicios Virtuales, a los fines de establecer que la Comisión Nacional de Valores va a ser el organismo que se va a encargar del registro, su evaluación y supervisión. Este aspecto apunta a detectar eventuales operaciones sospechosas a través de activos virtuales (criptomonedas).
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