La Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó el miércoles último un informe lapidario en el que advierte sobre serias irregularidades en las contrataciones públicas de emergencia que realizó el Ministerio de Salud para atender la pandemia de Covid-19 durante 2020. Tal fue el tenor de las anomalías detectadas por el equipo técnico que incluso los auditores oficialistas suscribieron el informe, por lo que resultó aprobado por unanimidad.

Como primera y principal conclusión, los auditores advirtieron que, al amparo del decreto que instauró la emergencia sanitaria, el Ministerio de Salud –por entonces comandado por Ginés González García- relajó los procedimientos de control interno al realizar las contrataciones dando lugar, en algunos casos, a pagos indebidos a empresas proveedoras al verificarse diferencias entre los montos de la orden de pago y lo efectivamente facturado. No solo eso: además se constató, en varios de los expedientes analizados, que los oferentes no acompañaron los productos comercializados con el correspondiente certificado de la ANMAT.

 “Incluso se llegó a comprar 200.000 camisolines descartables por $44 millones que no estaban habilitados para uso médico por el ANMAT”, advirtió el auditor Miguel Pichetto, quien llevó la voz cantante de la oposición durante la reunión del colegio de auditores. “De ninguna manera el Estado puede ampararse en cuestiones de emergencia para justificar procedimientos irregulares. Los hallazgos que encuentra este informe son graves y resulta inaceptable que desde el Ministerio de Salud no parezcan advertirlo”, asestó.

En la misma línea, el presidente de la AGN, Jesús Rodríguez, alertó que en uno de los expedientes auditados se verificó la contratación de una empresa –Aeromedical S.A.– cuyo titular era un agente contratado del Ministerio de Salud. “Está claro que en este caso no se tomaron los recaudos necesarios para garantizar la integridad en la contratación y la observancia de la ley de Ética Pública”, indicó.

El oficialista Juan Ignacio Forlón, quien presentó el informe ante el colegio de auditores, dio cuenta de los principales hallazgos detectados. “No sé si el Ministerio relajó o no sus procedimientos, nosotros como auditores no. Nosotros auditamos sea el gobierno que fuera”, sostuvo. Vale recordar, no obstante, que la mayoría oficialista en la AGN impuso el secreto sobre el informe de auditoría sobre la compra de vacunas contra el Covid y evitó avanzar a fondo en el control de los contratos del Estado con los laboratorios.

Principales hallazgos

Durante el primer año de la pandemia, el Ministerio de Salud realizó compras y contrataciones por $4581 millones (que, actualizados por inflación, hoy representarían $11.500 millones); de ese monto, la AGN auditó una muestra de $3509 millones (el 76%) que se destinaron, principalmente, a equipos de protección personal (barbijos, camisolines, guantes, antiparras protectoras, alcohol en gel, entre otros), insumos médicos y servicios de operación logística (recepción, traslado y distribución de vacunas).

Se trata de una auditoría coordinada, es decir que se elaboró en cumplimiento de un compromiso asumido por la AGN con otras entidades fiscalizadoras superiores de la región, explicó Rodríguez. Es una auditoría de tipo TAI, que incluye “transparencia”, “asunción de responsabilidad” e “inclusión”.

Entre los hallazgos más llamativos que revela el informe figuran los siguientes:

Demoras en la designación del titular de la Dirección de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Recién el 20 de julio se efectivizó el nombramiento. En el ínterin se realizaron contrataciones por $618 millones.

Cuatro de los expedientes examinados no poseen la presentación de la “Declaración Jurada de Intereses” que todo proveedor o contratista del Estado debe realizar por ley. En uno de los expedientes, por caso, se verificó la contratación con una empresa (Aeromedical SA) cuyo titular era agente contratado del Ministerio de Salud.

En cuatro de los expedientes no se verifica que las empresas que participan de la contratación cumplan en acompañar los certificados de los productos debidamente aprobados por ANMAT.

En nueve de los expedientes revisados, si bien no se incumplió con la normativa, se verificó la ausencia de informe técnico sobre la capacidad de la firma de proveer productos.

En tres expedientes surgieron diferencias entre las notas de créditos emitidas y el anticipo financiero previsto en los contratos. Diez contratos contenían diferencias entre el monto de la Orden de Pago (OP) y lo facturado por las firmas. Las diferencias totalizan a favor del ministerio $452.406, y en contra $53,2 millones.

Ninguno de los 374 expedientes de pago se pudo constatar la emisión de informes por parte de la Dirección de Contabilidad y Tesorería. Tampoco se dio intervención a la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

En las contrataciones en que se adquirieron elementos de protección personal, los precios de mercado que conforman el presupuesto de las áreas solicitantes de los insumos no son acompañados de documentación de respaldo de las estimaciones realizadas.

En tres casos se verificó que el gasto autorizado por la Subsecretaría de Gestión Administrativa para comprar insumos médicos fue de $113 millones, cuando el monto máximo habilitado es de $24 millones.

Rodríguez confirmó que todos estos hallazgos fueron oportunamente trasladados al Ministerio de Salud, que hizo el correspondiente descargo. Sin embargo, las explicaciones no conformaron a los auditores.

“La cartera de Salud sostiene abiertamente que la situación de emergencia extraordinaria la habilitaban a apartarse de las formas procedimentales. Y eso es una vergüenza. Aún en la excepción, la autoridad debe ceñirse a un procedimiento extraordinario. El desprecio por la normativa vigente por parte del ministerio es abismal”, acusó Pichetto.

(La Nación)