Santa Fe aprobó la ley de Ficha Limpia: condenados por corrupción no podrán ser candidatos

El diputado nacional Juan Martín Musacchio y Mariela Rodríguez, referente del movimiento ciudadano Ficha Limpia en Santa Fe, durante la votación de la ley en esa provincia.

Con el voto unánime de los 42 diputados presentes, Santa Fe se convirtió en la sexta provincia argentina que aprobó una ley de Ficha Limpia, por la cual no podrán ser candidatos en cualquier lista electoral las personas condenadas en segunda instancia por delitos de corrupción, sexuales, contra la libertad y también los femicidas. Los otros distritos que ya tienen normas similares son Chubut, Mendoza, Salta, Jujuy y San Juan.

 

Luego de una intensa campaña protagonizada por un grupo de activistas de la sociedad civil, en la sesión del 22 de septiembre pasado el Senado santafesino votó el proyecto presentado por Felipe Michlig, que proponía la modificación del Sistema Electoral provincial para que “se impida a aquellas personas condenadas por corrupción y otros delitos de carácter doloso, ser precandidato a cargos electivos o partidarios”.

 

Ese proyecto fue ratificado esta semana por Diputados, donde también se había presentado otro proyecto de ley de “Ficha Limpia” que nunca fue revisado en la Cámara de Senadores. Aquella iniciativa había sido promovida por los diputados Alejandro Boscarol (UCR), Ximena Sola (PRO) y Sebastián Julierac (CC ARI).

 

La ley que ahora espera la promulgación del gobernador Omar Perotti modifica la Ley Electoral de Santa Fe, estableciendo como condiciones de inhabilitación temporal a los precandidatos a cargos públicos que posean condena por hechos de corrupción incompatibles con la función pública, por delitos contra la integridad sexual, por delitos contra la libertad, y por delitos de "homicidio cometido con violencia de género". Tampoco podrán ser candidatos quienes estén inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

 

Según el texto aprobado el jueves, los inhabilitados serán quienes tengan una condena ratificada por la respectiva cámara revisora -es decir un "doble conforme"- aún si todavía quedan pendientes recursos extraordinarios ante la Corte Suprema de Justicia. "La imposibilidad para ser precandidato lo será por el plazo de diez años contados a partir de la fecha en que quedara firme la sentencia condenatoria", dice la flamante ley.

 

Ficha Limpia es una perseverante campaña impulsada en todo el país por la sociedad civil, cuyos referentes ya reunieron más de 420.000 firmas en la plataforma Change.org y llevan cuatro años organizando actos y actividades para difundir, debatir y empujar proyectos y leyes en todos los niveles de gobierno.

 

Una de esas ciudadanas que desde 2018 impulsó la iniciativa a nivel nacional y en los últimos dos años lo hizo con fuerza en su provincia es la santafesina Mariela Rodríguez, quien esta semana acompañó la votación de la ley desde los balcones del Congreso provincial.

 

Los diputados nacionales Juan Martín Musacchio y Ximena García también empujaron el proyecto en su distrito, ante la imposibilidad de lograr su tratamiento en las comisiones del Congreso Nacional, donde Silvia Lospenatto y otros legisladores de distintos partidos pujan por tratar en el recinto una iniciativa.

 

La Ficha Limpia fue aprobada en varios municipios de todo el país, y sigue discutiéndose en otras provincias. Con un tortuoso camino, en Capital Federal el lunes pasado se celebró una audiencia en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura, frente a cuyos integrantes habló otro de los referentes de la sociedad civil que impulsan la campaña, el abogado Alejandro Drucaroff.

 

En otros distritos, la iniciativa está expresamente prohibida en el menú legislativo, según denuncian los integrantes del Movimiento Ciudadano Ficha Limpia. Córdoba, Santiago del Estero, La Rioja, Chaco, Formosa y Santa Cruz son algunas de las provincias cuyas autoridades resisten la discusión, o intentan tergiversarla con formulaciones y excepciones que desnaturalizan su objetivo de mejorar la transparencia de los procesos electorales.

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