Una fiscal se hará cargo en las próximas horas de investigar una denuncia penal contra el Arzobispado de Rosario por "usurpar funciones del Estado, estafas y otras defraudaciones" al abrir un canal de informes de abusos sexuales cometidos por miembros de la propia Iglesia. La denuncia es contra el arzobispo Eduardo Martín y también contra el jefe de la iglesia católica en la ciudad de Santa Fe, el rosarino Sergio Fenoy.

"Lo que están haciendo es tratar de suplantar al Ministerio Público de la Defensa, que es el organismo donde debe reportarse cualquier delito. Eso es lo mismo que suprimir el Estado de Derecho", dijo el autor de la presentación contra Martín y Fenoy, Carlos Ensinck.

La denuncia fue realizada el domingo a la mañana ante el Ministerio Público de la Acusación. Tanto el fiscal general de la provincia Jorge Baclini como los fiscales regionales de Rosario, Patricio Serjal, y de Santa Fe, Carlos Arietti, ya están al tanto de la presentación. De hecho, en Rosario el MPA ya asignó la investigación de la denuncia a la fiscal Nora Marull, de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual.

Ensinck se enteró a través de la página web del Arzobispado de Rosario sobre la creación de un sistema de recepción de informes y denuncias de casos de abusos cometidos dentro de la Iglesia, a instancias de una carta apostólica denominada Motu Proprio emitida por el Papa Francisco. El mismo esquema se replicará en Santa Fe y las denuncias podrán hacerse a través de un correo electrónico. Para el abogado, que hizo la presentación a título personal más allá de ser el actual presidente del Colegio de Abogados de Rosario, eso constituye una violación de normas básicas del Estado de Derecho y corresponde que la Justicia lo investigue.

"La denuncia de cualquier delito debe hacerse en el Ministerio Público de la Acusación, no hay otro lugar para hacerlo", dijo Ensinck a este diario. Al abogado le parece "muy cuestionable" que sea personal de la Iglesia quien se ocupe de gestionar esas denuncias referidas a personas que se desempeñan dentro de ella. "Los antecedentes de encubrimiento de este tipo de delitos en la Iglesia son muy significativos y el Estado no puede permitir que se repitan", agregó el letrado rosarino. Y añadió: "La Iglesia no puede fomentar que se denuncien hechos graves como son los abusos en la misma institución donde se cometieron".

Ensinck incluso se refirió a casos en la propia provincia, donde hubo condenas y también encubrimiento de abusos sexuales cometidos por personas que pertenecen a la Iglesia. "Acá tenemos antecedentes muy malos en ese sentido y eso no se puede dejar de tener en cuenta", dijo.

Una abogada no matriculada

La decisión de abrir un registro de denuncias fue adoptada por monseñor Martín en junio de 2020 y publicada en la pagina del Arzobispado el 1º de julio de 2020. El arzobispo rosarino nombró como responsables de la recepción de dichas denuncias a dos personas: la psicóloga Blanca Rosa Ate y la abogada Delia Maria Paleari. Ensinck denunció que Paleari no está matriculada para el ejercicio profesional en el Colegio de Abogados de Rosario.

"La Arquidiócesis de la ciudad de Rosario y monseñor Martín están usurpando funciones que corresponden a la autoridad pública, específicamente al Ministerio Publico de la Acusación, que es el única institución del Estado de Derecho autorizada a recibir denuncias. El MPA cuenta con un código de procedimiento y garantías constitucionales", escribió el abogado en su presentación.

Según Ensinck, Martín viola las garantías constitucionales del debido proceso y de defensa en juicio consagradas por la Constitución Nacional y los pactos internacionales, y promueve que cualquier persona denuncie ante la propia Iglesia sobre casos de abuso sexual contra menores y adultos vulnerables, y del encubrimiento de los mismos, por parte de clérigos y consagrados. "Sabemos que la estructura monárquica de la iglesia se contradice con el Estado de Derecho, toda vez que no hay división de poderes ni publicidad de sus actos. La Arquidiócesis promueve recibir denuncias para luego tramitarlas en su propio procedimiento engañando y vulnerando aún más al denunciante", sostuvo.

Para el abogado, la falsa representación que asume el Arzobispado ejerciendo funciones públicas, sin título o nombramiento expedido por autoridad competente importa un daño para la administración públia, mientras que toda aquella persona que haya realizado la denuncia será víctima de una defraudación.

Fuente y foto: El Litoral