El gobierno nacional informó por decreto que a los trabajadores del Estado no les corresponde recibir doble indemnización. En la resolución 156/2020 publicado este lunes 17 de febrero en el Boletín Oficial aclaró que este tipo de pago, que se había dispuesto a mediados de diciembre por el plazo de 180 días para despidos injustificados, no alcanza a los trabajadores del Estado.

El anuncio oficial se da cuando, a más de dos meses de iniciado el nuevo gobierno, la transición sigue trabada en muchas áreas. Tanto en la administración pública como en las empresas estatales circulan juicios en reclamo de doble indemnización, hay gerentes que se pegan a su cargo, y hasta denuncias macristas por persecución ideológica, según publicó Perfil tiempo atrás. 

Entre los casos más resonantes se encuentran el del presidente nombrado por Macri en Arsat, Raúl Martínez, quien se atrincheró en la empresa tecnológica estatal. Renunció como presidente del directorio, pero aspira a mantener su cargo de gerente general. Otro de los casos más controversiales es el del exdirector de Recursos Humanos de Aerolíneas Argentinas, Juan Ignacio Uribe, quien exige una indemnización de 418 millones de pesos. Es decir, casi 12 millones por mes trabajado.

“Corresponde aclarar que no están abarcados” para cobrar la doble indemnización “los organismos y entidades individualizados en el artículo 8° de la Ley N° 24.156, entre los que se encuentran la Administración Nacional Centralizada y Descentralizada, las distintas formas empresariales y societarias en las que el Estado tiene participación total, mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones, incluidos entes públicos no estatales en los que el Estado tiene el control decisional –tales como el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados-”, indica el decreto publicado este lunes.

La aclaración tiene lugar además luego de que dos semanas antes de abandonar la Casa Rosada, Mauricio Macri, creara por decreto un régimen para funcionarios jerárquicos. El 788 les garantizaba estabilidad a los directores generales por cinco años. Además, aumentaba sensiblemente las indemnizaciones. Se trató de un acuerdo realizado entre el macrismo y el gremio la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), resistido por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Esa decisión beneficiaba a unos 3.500 empleados, de los cuales unos 2.500 habían entrado bajo gestión macrista. Pero tras el cambio de gobierno, el Frente de Todos suspendió el decreto para revisar caso por caso. En el medio, unos 2.000 empleados jerárquicos presentaron la renuncia. El resto se mantiene dentro de la administración pública.

En diciembre, Alberto Fernández firmó también un decreto a través del cual se declaró la emergencia pública en materia ocupacional por el término de 180 días. En caso de despido sin justa causa, los trabajadores afectados tienen derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente de conformidad a la legislación.

En este marco, la actual administración de Fernández señaló este lunes que “surge claramente que esa medida fue concebida para atender la situación de vulnerabilidad de los sectores más desprotegidos y, al mismo tiempo, evitar que se acreciente el nivel de desprotección de los trabajadores y trabajadoras formales”.

En la resolución, el Ejecutivo expresó que ya es conocida “la situación que se ha suscitado en el ámbito de distintos organismos y entidades” del Estado, en los que “altos directivos con responsabilidades jerárquicas pretenden encontrarse abarcados por las previsiones de la norma”.

La norma publicada en el Boletín Oficial

Fuente: www.perfil.com