Encabezada por la Fundación Directorio Legislativo, integrantes de un colectivo de organizaciones de la sociedad civil promueven una campaña para exigir a los candidatos nacionales que presenten su declaración jurada según la Ley de Ética Pública, para lo cual tienen tiempo hasta el 20 de septiembre.

La campaña, de cara a las elecciones generales del próximo 27 de octubre, ya lleva más de 100.000 firmas -a través de Change.org- y convoca a la ciudadanía a pedir por más "Candidatos Transparentes", bajo ese mismo hashtag.

En la plataforma, los usuarios pueden adherir a la petición para que los postulantes a presidente y vicepresidente, y los candidatos a diputados y senadores (en caso que la provincia elija representantes para la Cámara alta) de la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Buenos Aires, Neuquén, Mendoza, Santa Fe y Salta, presenten su DD.JJ. ante la Oficina Anticorrupción.

La campaña forma parte de la Iniciativa Latinoamericana por la Ética Pública, que impulsa a nivel regional la presentación y publicación de las declaraciones juradas de los candidatos a las elecciones en Argentina, Guatemala y Colombia. En 2017 se reunieron más de 10 mil firmas ciudadanas, y se logró que el 66,3% de los candidatos presenten DD.JJ., superando el 40% que lo había hecho en 2015.

Una vez que las declaraciones juradas se presenten, podrán visualizarse en https://elecciones2019.directoriolegislativo.org/, donde se podrán realizar comparaciones y análisis sobre la evolución patrimonial de los candidatos a nivel regional.

En Argentina el marco normativo es claro pero no todos los candidatos lo cumplen: la Ley 26.857, que modifica la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio en la Función Pública, determina la obligación para los candidatos a cargos electorales nacionales a presentar una Declaración Jurada ante la Oficina Anticorrupción. Las declaraciones juradas patrimoniales contienen el valor de los bienes propios, acciones bursátiles, empleos anteriores, participaciones propias en sociedades o participaciones de su cónyuge e hijos menores. También obliga a declarar los bienes que integran la sociedad conyugal y/o los del conviviente, entre otros datos.

Mercedes de los Santos, Directora de Ciudadanía e Instituciones de Gobierno, afirmó: "Desde la Fundación Directorio Legislativo creemos que la publicación de este tipo de información, además de ser un instrumento clave para la rendición de cuentas de los gobernantes, sirve para identificar potenciales irregularidades, conflictos de interés y casos de enriquecimiento ilícito en quienes nos representan o aspiran a hacerlo".

"Esta campaña surge con el objetivo de incrementar los niveles de cumplimiento de la ley para fortalecer la integridad pública y el control ciudadano. Por eso exigimos que se cumpla con la ley vigente y promovemos cambios en la misma para fortalecer la integridad pública. Necesitamos que todos formen parte y nos ayuden firmando y difundiendo la campaña a través de sus redes sociales", agregó.

Fuente: Parlamentario.com