La Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos por presuntos sobornos en una de las causas que involucran a la constructora brasileña Odebrecht, a importantes empresarios de la obra pública local y a ex funcionarios kirchneristas. Es la primera vez que el tribunal avanza contra empresarios en el caso conocido como Lava Jato.

Se trata de un expediente investigado por el juez federal, Sebastián Casanello, en torno al supuesto direccionamiento de las licitaciones de dos obras de la empresa estatal de agua –Aysa-, y el presunto pago de sobornos para conseguir los contratos y otros beneficios durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Todos los involucrados se declaran inocentes y niegan las acusaciones consignó el diario Perfil.

La Sala I del tribunal confirmó los procesamientos por cohecho activo (pago de supuestos sobornos) contra los empresarios Aldo Benito Roggio, Tito Biagini y Carlos Wagner, como había dispuesto el juez de primera instancia. Son los dueños de las constructoras que se asociaron a otras dos empresas brasileñas (Odebrecht y Camargo Correa) para construir una planta potabilizadora de agua (Paraná de las Palmas, en Tigre) y una planta de tratamiento de aguas cloacales (Bicentenario, en Berazategui).

La Justicia tiene pendiente indagar a los empresarios y ejecutivos brasileños. Otro de los empresarios investigados falleció durante la instrucción de la causa por lo que su responsabilidad penal no fue analizada.

Los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi también confirmaron los procesamientos por cohecho pasivo (haber supuestamente recibido coimas) del ex ministro Julio Miguel De Vido; del ex secretario de Obra Pública, José López; y del ex subsecretario Roberto Baratta. Además, dejaron efectivo los procesamientos del ex presidente de Aysa, Carlos Ben, y su segundo en la empresa estatal que adjudicó las obras investigadas, Oscar Raúl Biancuzzo.

Los jueces de la Cámara avanzaron sobre otro de los investigados en este caso: el empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, procesado por el juez Casanello como supuesto intermediario en el pago de los sobornos de empresarios a los entonces funcionarios. Rodríguez niega las acusaciones.

En el caso de los empresarios, la Cámara decidió reducir considerablemente los embargos que había dictado el juez. Pero también de Ben, Biancuzzo y Rodríguez. En cuanto a las empresas (Odebrecht, Benito Roggio e Hijos SA, Supercemento, José Cartelone Construcciones Civiles, Esuco y Camargo Correa) confirmaron los embargos millonarios dictados por el juez, publicó Perfil.

Llorens y Bertuzzi hablaron en su fallo de la existencia de un presunto acuerdo espurio entre funcionarios públicos y empresarios particulares para direccionar en perjuicio de los intereses del Estado los procesos licitatorios de los proyectos de infraestructura, de acuerdo al escrito.

Las empresas, empresarios y ex funcionarios ya tienen otra tanda de procesamientos confirmados en esta causa por el supuestamente direccionamiento de las licitaciones. Pero esta vez, se avanzó sobre el capítulo de las presuntas coimas.