Pablo Hernández entró a la política partidaria en 1995. A partir de ahí, siempre fue un fiel aliado del actual intendente Sergio Varisco y quienes están cerca del concejal, hablan de una profunda lealtad para con el presidente municipal. Estuvo junto a Varisco en su primera gestión y en los fracasos electorales previos a los comicios de 2015, cuando el intendente obtuvo un nuevo respaldo del pueblo y de ese modo, Hernández, logró asumir su banca como concejal.

Como edil se permitió promover el deporte del cual supo ser dirigente hasta perder su libertad: el ajedrez. Hernández presidió de la Federación Entrerriana de Ajedrez, siendo el principal gestor de una entidad deportiva austera que organiza a los ajedrecistas a lo largo y ancho de la provincia.

“Hernández no tiene contactos, tiene amigos y Varisco era su amigo”, confiaron desde ámbitos municipales. Quizá eso explica la lealtad que ha sostenido para con el intendente, a pesar de llevar más de un año detenido en la causa del narcomunicipio.

Pero el 10 de diciembre de 2015, lejos de ser un momento de consagración como dirigente político, terminó significando el inicio de un calvario. Desde que el varisquismo asumió el poder, comenzó a pesar sobre las espaldas de Hernández la cantidad de compromisos asumidos en tiempo de campaña. Principalmente con Daniel “Tavi” Celis, cuyo vínculo con Varisco se realizó –principalmente- a través del propio Hernández, cercano al líder narco por pertenecer a la misma seccional.

“El Cabezón”, como se lo conoce al edil de Cambiemos, se la pasó su tiempo como concejal tratando de lidiar en el medio de una relación que comenzó a aumentar la tensión a medida que pasaban los días. “Pablo necesitaba más sacarse los compromisos que habían asumido, que buscar un rédito personal”, explican en la Municipalidad de Paraná.

Hernández, que supo ser agente de tránsito, logró que algunos familiares ingresen a trabajar al Estado municipal. Su pareja, Cintia Almeira, fue contratada como auxiliar del bloque Cambiemos. Bruno Hernández, sobrino del edil, también ingresó como asesor al Concejo Deliberante. Pero también la hija del concejal, Ailén Hernández, entró en planta permanente al área de Tesorería municipal a pesar de su juventud. También trabaja en la municipalidad la hermana del concejal, Stella Maris, como jefa de departamento en la Dirección de Desarrollo Social.

El concejal de Cambiemos está detenido desde el 4 de junio del 2018. Escuchas telefónicas, reuniones, anotaciones y la declaración de la expareja de Celis, Luciana Lemos, fueron clave para disponer del procesamiento y la prisión preventiva que cumple hoy un año y tres meses. Durante todo este tiempo, lejos de renunciar como se lo pidió en reiteradas ocasiones su par Carlos González, Hernández siguió siendo concejal y cobró más de $1.800.000 en salarios y aportes. De hecho, llegará al juicio oral que comienza el 19 de septiembre habiendo percibido casi $2.000.000 sin haber podido ejercer. El concejal se resistió a renunciar y González recibió una y otra vez la misma respuesta: "Soy inocente y no tengo porque abandonar mi cargo".

A esto hay que sumarle el sueldo que cobró su esposa durante todo este tiempo, que ronda $1.000.000 y que no pudo ser apartada de su cargo porque fue contratada en el marco de la ordenanza que dispone los asesores mínimos de los concejales.

Sin embargo, el flujo de dinero hacia los Hernández hubiese sido mayor si las autoridades del Concejo Deliberante no tomaban la decisión de despedir a todos los contratados por Hernández que dependían de la legislatura capitalina. Según el cálculo que hicieron por entonces en el Concejo Deliberante, los contratados a nombre de Hernández percibían en total 120 mil pesos por mes. Cabe recordar que aquella decisión de Josefina Etienot causó un alto revuelo en el bloque de Cambiemos que comenzó a poner palos en la rueda del funcionamiento legislativo. Causó tanta suspicacia el enojo que se llegó a pensar que el bloque se financiaba a través de la retención de parte de los salarios de quienes eran contratados por los concejales. Cabe hacer otro cálculo: por la decisión de despedir a los asesores del concejal preso, el Estado municipal se ahorró de pagar $1.440.000.

La familia del concejal ha tenido la capacidad de ahorro suficiente como para invertir en el sector comercial. Almeira es socia de un local de ropa ubicado en la Galería Almendral de la capital provincial. Además, la dietetica Nutritiva en la esquina de calle Italia y Perú, también es propiedad de familiares del concejal preso. 

Hernández llega al juicio oral sin sacar los pies del plato. Mantuvo su lealtad a quien considera su amigo y jefe político, a pesar de haber quedado bajo arresto preventivo en la UP1 como le pasó a Griselda Bordeira y el resto de los imputados en los expedientes narco. Sólo se limitó a defender su inocencia cada tanto, a que pasen los días y que su tan reiterada “confianza en la justicia” le guiñe el ojo al final del proceso.