El 10 de mayo de 2019, la Policía Federal Argentina desarticuló una banda narco que operaba de costa a costa, entre Paraná y Concordia. Días después de que se llevaran a cabo 26 allanamientos simultáneos, trascendió que entre sus miembros figuraba José Roberto Sterz, alias El Viejo, José Lolo Gamarra, Luciano Carlos Mendoza Rivollier, Matías Nicolás Servant, Héctor Agustín Caccia, Evangelina Yolanda Gamarra, Santiago Emanuel Santa Cruz, Ramón Rosales y Cristian Martínez".

Uno de ellos, Rodolfo Ramón Rosales, resultó ser empleado de planta permanente de la Municipalidad de Concordia. Es por ello que en el Boletín Oficial del 18 de Julio de 2019, el Poder Ejecutivo encabezado por Enrique Tomás Cresto publicó el Decreto 897/2.019, fechado el 2 de Julio último, mediante el cual dispuso iniciarle un sumario y suspenderlo por 6 meses, pagándole mientras tanto el 50% de su sueldo.

Al momento de dictarse el decreto, Rosales llevaba varios días de inasistencia, fundada en una razón bastante obvia: estaba bajo prisión preventiva, situación que se extendió hasta el 10 de julio, cuando el juez Federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, resolvió procesarlo pero dejándolo en libertad.

El decreto 897 tiene una característica que sorprende a primera lectura: está lleno de "supuestos". Las faltas de certeza son tantas y tan groseras que hasta el abogado que dice representar a Rosales, el Dr. Pedro S. de la Madrid, es tenido por "supuesto" defensor técnico. Es más, en el texto se lee que Rosales "sería" empleado municipal y que "cumpliría" funciones en la Dirección de Higiene Urbana, como si la comuna no contara con documentación fehaciente que respaldara ni más ni menos que la relación laboral.

El texto legal originado en el Poder Ejecutivo incurre en otro error manifiesto al sostener que "se encuentra sometido a un proceso judicial por parte de la Unidad Fiscal de la ciudad de Concordia". En realidad, la causa judicial cursa en los tribunales federales de "la histórica", a 140 kilómetros de la capital del citrus.

En lo medular de su contenido, la norma en cuestión dispone aplicar el artículo 42° de la Ordenanza N° 11.275/49 de Escalafón de Empleados y Obreros Municipales, que prescribe “El Departamento Ejecutivo podrá suspender a los empleados y obreros por delitos que no sean contra la Municipalidad, y durante la tramitación de la causa y hasta seis meses de iniciada ésta, le abonará el cincuenta por ciento (50%) de su sueldo. Si fuera absuelto o sobreseído definitivamente se le reintegrará los haberes que haya dejado de percibir. Transcurrido el término que establece este Artículo, la suspensión será sin goce de sueldo, con derecho a percibirlo en caso de absolución o sobreseimiento definitivo”.

Otros empleados en apuros

En lo que va de 2019, Rosales no es el único empleado municipal incurso en causas judiciales. En el mes de Junio, otro mensualizado de la Dirección de Higiene Urbana, Néstor Alfredo Francia Brun, cayó detenido en el mismo mega operativo que apresó también a la organizadora de eventos del Centro de Convenciones y coordinadora de la Fundación Conased, Gabriela Francia, y a su esposo, el Ingeniero Juan Pablo Solari, publilcó El Entre Ríos.

Un empleado municipal que también está preso, aunque en este caso con condena firme, es José Luis Caram, alias "Tata", un conocido puntero peronista, quien cumple su condena en la Granja Penal de Gualeguaychú. Aunque la sentencia condenatoria por haber incendiado una vivienda lleva la fecha 3 de Abril de 2018, un año después, en Abril de 2019, en el sitio web oficial Concordia.gob.ar Caram aún figuraba en el listado de haberes abonados regularmente.

Otro integrante de la planta permanente condenado en primera instancia es Omar Andrés Narváez, perteneciente a la Dirección Municipal de Seguridad, a quien los jueces Eduardo Degano, Edwin Ives Bastián y Francisco Ledesma le aplicaron una pena de 8 años de prisión al considerarlo autor del delito de "abuso sexual con acceso carnal" en perjuicio de un menor de 12 años de edad, sentencia que fue apelada ante la Cámara de Casación.

Por último, Marcelo Fabián Ledesma, exintegrante de la Guardia Urbana, fue interceptado en la Costanera de Concordia, cuando circulaba con 200 dosis de cocaína. Desde la Jefatura Departamental de Policía precisaron que la detención de Ledesma se debió a la colaboración de las autoridades municipales, que anoticiaron a la División Toxicología sobre "ciertas actividades ilícitas en infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes respecto del inculpado, por lo que se puso en conocimiento de ello a las autoridades judiciales del Juzgado federal de Concepción del Uruguay, originándose la causa respectiva en razón de investigación policial en el marco de la contraposición a la Ley Nacional 23737".