La empresa de seguridad privada Securitas admitió ante la Justicia que pagó millonarias coimas a representantes de organismos públicos como la compañía Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), el Registro Nacional de las Personas (Renaper), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), entre otros, para no perder los contratos y para cobrar servicios adeudados. Incluso pagó para que le agilicen trámites de tenencias de armas de sus vigiladores y para que les avisen de eventuales inspecciones, informó La Nación.

Así surge de un expediente a cargo de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y del fiscal federal Fernando Domínguez, que en las últimas horas derivó en la detención de nueve sospechosos, todos exdirectivos de Securitas Argentina SA, al cabo de 50 allanamientos en distintos puntos del país. Entre esos allanamientos están los realizados este martes en Paraná en distintas propiedades de los hermanos Claudio y Marcelo Javier Tórtul, como detalló ANÁLISIS.

Delitos económicos: los hermanos Tórtul fueron detenidos y derivados a Buenos Aires

La investigación, según pudo saber La Nación de fuentes oficiales, comenzó en febrero de 2020 tras una denuncia hecha por representantes de Securitas Argentinas en la que sostuvieron que un grupo de exdirectivos “abusaron y utilizaron la estructura corporativa, así como su posición en el mercado y el renombre del grupo, con el único fin de obtener un beneficio para ellos y, de forma indirecta, para las empresas que representaban”.

Entre las empresas en las que se hicieron registros por orden judicial figuran:

Ministerio del Interior (Renaper),

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (Senasa),

Secretaría de Transporte de la Nación (AA2000),

Secretaría de Obras Públicas de la Nación (AySA),

Ministerio de Seguridad (Policía de Seguridad Aeroportuaria; Prefectura Naval; Agencia Nacional de Materiales Controlados)

Ministerio de Defensa (Contaduría General del Ejército)

Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada y Registro Provincial de Armas)

Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Entre Ríos (Sección Agencias de Vigilancia Privada de la Policía de Entre Ríos)

Secretaría de Energía de la Provincia de Entre Ríos (Enersa)

Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Argentina (Petrolera del Cono Sur - Pdvsa)

En el momento en que fue hecha la denuncia, Securitas Argentina SA era una filial de la compañía Securitas AB, que ofrece servicios de seguridad, monitoreo, consultoría e investigación con sede principal en la ciudad de Estocolmo, capital de Suecia.

En la actualidad, la filial local fue adquirida por una empresa de capitales argentinos y un grupo latinoamericano especialista en mercados emergentes.

Las conclusiones que los representantes de la empresa presentaron ante la Justicia fueron la consecuencia de una investigación interna iniciada por Securitas AB tras una denuncia de una exempleada dentro del denominado “programa de integridad” de la firma.

“La compañía identificó distintos hechos que podrían configurar delitos como defraudación contra la administración pública, cohecho, dádivas y administración infiel o fraudulenta. Los sucesos denunciados habrían tenido ocurrencia en la República Argentina, con intervención de funcionarios públicos de distintos estratos, al menos entre los años 2016 y 2018, aunque no descartaron que aquellos hubieran acontecido incluso antes de dicho lapso”, según explicaron fuentes judiciales.

Con el fiscal Domínguez y su equipo de trabajo colaboran en la investigación la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), conducida por el fiscal Sergio Rodríguez, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Diego Velasco.

Según pudo saber La Nación de fuentes judiciales, si bien el caso se conoció ahora tras el medio centenar de allanamientos y las detenciones, la empresa y el Ministerio Público Fiscal firmaron un “acuerdo de colaboración eficaz” hace casi dos años, el 30 de mayo de 2022.

Según se desprende del expediente judicial, los “pagos indebidos” denunciados por Securitas SA fueron los siguientes:

• Renaper: “los denunciantes dijeron que el organismo fue cliente de Securitas Argentina desde 2011 hasta el mes de noviembre de 2015. “En ese sentido, refirieron que la investigación interna detectó una serie de presuntos pagos indebidos desde la compañía al Renaper para obtener y mantener la contratación y subcontratación para la prestación de servicios. Agregaron que los aludidos pagos se habrían realizado en el año 2016 a efectos de mantener la relación contractual y a fines del año 2015 para cancelar deudas pendientes”.

• Senasa: “según los denunciantes, desde el mes de diciembre de 2015 hasta el mes de mayo de 2017 Securitas Argentina continuó siendo proveedor del Senasa por medio del sistema de subcontratación por parte de la firma Guardman SA. Afirmaron que durante el período comprendido entre 2016 y 2018 se hallaron pagos supuestamente indebidos a funcionarios del organismo estatal que se originaron desde la tesorería de Securitas Argentina, con el fin de mantener la contratación entre la firma Guardman SA. Y explicaron que tanto el sistema de pagos indebidos como la subcontratación se encontraban debidamente articulados para que Securitas Argentina continuara obteniendo los beneficios de la contratación con el organismo público”.

• Sindicatos: los denunciantes indicaron que la investigación permitió establecer que algunos directivos de Securitas Argentina SA habrían realizado pagos indebidos a delegados sindicales o secretarios generales de distintos sindicatos a fin de obtener la contratación de Securitas Argentina para determinados proyectos. Además, explicaron que el por entonces tesorero Damián Rossi dijo que se habrían realizado pagos a la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) para servicios de Securitas Argentina en los trabajos que el gremio realizaba en distintas instalaciones de YPF y en el Hotel Alvear, así como para poder brindar servicios de seguridad en proyectos de construcciones en el centro cultural CCK y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

• Pdvsa: “En lo que respecta al caso, los denunciantes sostuvieron que la firma Petrolera Cono Sur SA (Pdvsa) fue cliente de Securitas Argentina entre los años 2016 y 2018 y que, a partir de la investigación concretada, se determinó que durante el lapso investigado se habría realizado pagos por $286.273, con el fin de mantener la contratación existente entre ambas firmas para que Securitas pudiera continuar brindando los servicios de seguridad. La situación habría cesado a mediados del año 2017, cuando se redujo el servicio de la petrolera y el número de locaciones que tenía la empresa.