N.B. de ANÁLISIS  

—No pasaste por la oficin … qué hago la gasto—envió el empresario Diego Cardona Herreros al número que manejaba Guillermo Smaldone, exministro de Trabajo de la provincia.

—NOOOOO estaba esperando que se liquiden los siguientes —contestó Smaldone.

—Me quema tenerlos ahí. Pasá cuanto antes —agregó Cardona Herreros.

—Uhhh perdón… no lo imaginé… no volverá a ocurrir —se disculpó el exministro.

—Mentira, es una broma. Me quema, es de las ganas de gastar —acotó el empresario.

—La semana que viene retiramos todo… Muchas gracias —cerró el exfuncionario provincial

La conversación es un intercambio de WhatsApp, del 17 de febrero de 2016. Los interlocutores hablaban de los sobres con dinero que se habían acumulado en la oficina del empresario y que tenían como destinatario al titular de la cartera laboral provincial.

Las contrataciones del Estado provincial con las empresas que manejaba Cardona Herreros se sucedieron una detrás de otra, durante las dos gestiones urribarristas. A cambio de los jugosos acuerdos entre privados y el gobierno entrerriano, varias personas cobraron coimas mensualmente: funcionarios provinciales y empresarios.

Las dádivas consistieron en sobres con “papelitos” o “PLM” que los funcionarios debieron pasar a retirar por las oficinas empresariales, o mandar a buscar. También desde las empresas se abonaron vuelos y viáticos para que algunos políticos puedan viajar a distintos destinos.

Cardona Herreros y las personas que trabajaban para él contaron con información privilegiada para presentarse a las licitaciones públicas. Supieron con anterioridad que se iba a llamar a licitación y en qué condiciones, y se mostraron preocupados por saber si tenían o no competidores. Cerraron cada contrato presupuestando previamente cuáles eran las dádivas que debían quedar a cada interviniente, el monto de dinero que debía recibir cada uno por mes, durante el tiempo que durara el convenio con el gobierno. Es decir, cada contratación investigada entre el Estado y algunas de las empresas privadas presupuestó un monto final que incluyó un porcentaje destinado sólo a coimas para los funcionarios políticos y los empresarios.

La cantidad de mensajes telefónicos y correos electrónicos expuestos por los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Bandano, que refieren al cobro de dádivas, hablan de los vínculos estrechos y amistosos entre funcionarios políticos y empresarios. Pero además, ponen el acento en una especie de naturalización de los delitos.

La segunda jornada de lectura del requerimiento de elevación a juicio en la causa conocida como “coimas”, “dádivas” o “causa Urribarri-Cardona Herreros”, se extendió desde las 9 de este martes hasta las 12, con un cuarto intermedio que duró poco más de 40 minutos. Los fiscales Yedro y Badano continuaron con la exposición de la acusación por parte del Ministerio Público Fiscal (MPF). Ya completaron la lectura de cinco hechos sobre seis investigados y continuarán este jueves con la exposición del último hecho y la formulación de pedidos de pena.

Es el primer momento en la instancia de remisión a juicio de la causa. Después llegará el turno de los abogados defensores que estos días están escuchando la lectura fiscal con atención. En efecto, a la sala de audiencias están asistiendo los abogados Gaspar Reca (defensor oficial, representante del imputado Miguel Ulrich); Raúl Barrandeguy (defensor particular del exgobernador Sergio Urribarri); Ignacio Díaz (defensor particular de Cardona Herreros); Candelario Pérez y Juan Antonio Méndez (codefensores particulares de Carlos Haidar); Franco Azziani Cánepa (defensor particular de Luis Erbes); los abogados Julio Federik y Leopoldo Lambruschini, defensores particulares de José Humberto Flores; y el imputado Guillermo Smaldone, que se representa a sí mismo.

$67.000 por mes para funcionarios

La Licitación Pública 48/11 dio continuidad a una previa que llevó el número 1/08. El expediente administrativo inició en agosto de 2011 pero los intercambios telefónicos que refieren a la contratación comenzaron en febrero de ese año, según pudieron detectar los fiscales en la investigación. El proceso concluyó con un decreto de adjudicación el 29 de diciembre de 2011.

Se le otorgó a la empresa “Relevamientos Catastrales SA” el servicio de “soporte diario de Administración de base de datos y mantenimiento técnico de los sistemas de la Dirección General de Informática y de la Dirección de Ajustes y Liquidaciones, acordando previamente sus condiciones”. El exdirector de Informática Carlos Haidar, y el exdirector de Ajustes y Liquidaciones, Miguel Ulrich, estimaron el costo del servicio en $250.000 mensuales y elaboraron el presupuesto oficial. La contratación tuvo una duración de 18 meses, con opción de prórroga por 18 meses más.

“Los representantes de la empresa ‘Relevamientos Catastrales S.A’, contaron con información previa y privilegiada de los pormenores de la licitación, habiendo tenido a disposición los pliegos de condiciones particulares, técnicas y modelo del contrato, al menos desde el 27 de septiembre de 2011, siendo que el llamado a Licitación fue aprobado por Decreto N° 4609/11 MEHF de fecha 24.10.2011, firmado por Sergio Urribarri y fue publicado recién el viernes 4 de noviembre de 2011. La comisión de compras, integrada nuevamente por el Director General de Informática, Carlos M. Haidar, y Director General de Ajustes y Liquidaciones, Miguel Ángel Ulrich, el mismo día de su reunión (02.12.11), informó que la firma cumple con todos los requisitos técnicos de los pliegos, y estableció la apertura de la oferta económica para el 07.12.2011, cotizando como precio del servicio la suma de ochenta mil novecientos dólares mensuales ( U$S 80.900) y un lapso de 18 meses, lo que hace la suma de un millón cuatrocientos cincuenta y seis mil doscientos dólares (U$s1.456.200), monto que contenía la previsión de sesenta y siete mil pesos ($67.000) mensuales a distribuir entre los distintos funcionarios provinciales que tomaron participación en el procedimiento, sin poder discernir qué porcentaje le correspondió a cada uno, a excepción de Luis Erbes que en tal concepto percibió siete mil pesos ($7000) mensuales”, pudieron desagregar y establecer los representantes del MPF en la acusación que exponen ante el juez de Garantías N°6, Julián Vergara.

“La excelencia del equipo de trabajo”

El propio Carlos Haidar dictaminó el 15 de diciembre del mismo año que “si bien la empresa es única oferente, la oferta cumple ‘holgadamente’ los objetivos establecidos en el Pliego”. Y justificó que el mismo superara las estimaciones de precios realizadas, en ‘la excelencia del equipo de trabajo’. Entonces consideró que era conveniente a los intereses del Estado.

“No es la única licitación en la que vemos cómo los funcionarios justificaron el cobro de dádivas diciendo que el trabajo que hacían era excelente”, acotó la fiscal Yedro durante su exposición este miércoles.

El gobierno provincial prorrogó el contrato después de los primeros 18 meses. Fue mediante el expediente Nº 1.450.665/2013, iniciado por Miguel A. Ulrich. El funcionario recomendó “la extensión atento que persiste la necesidad de servicio de mantenimiento y soporte técnico”.

La contratación le costó a la Provincia de Entre Ríos “la suma aproximada de diecisiete millones setecientos treinta y cuatro mil pesos doscientos cuarenta y nueve con 40/100 ctvs. ($17.734.249,40), entre el mes de marzo de 2012 y el mes de febrero de 2015”, advirtieron los fiscales “Lo que notamos en los intercambios de mensajes y correos es que los funcionarios empezaron a fijar precios que incluían el pago de dádivas”, acotó la fiscal.  

Como la Licitación 48/11, los investigadores evaluaron varias contrataciones más. A continuación, se muestran algunas capturas de pantallas de los intercambios entre funcionarios públicos y particulares. Se trata de conversaciones telefónicas, correos electrónicos y otras evidencias como documentación secuestrada en los allanamientos a las empresas.

“En fecha 01/04/11 Linares le envía a Campitelli un correo denominado ‘2011 - NuevoCash –Anual’ en el cual le acompaña el archivo ‘2011 – NuevoCash -Anual.xls’, consistente en una hoja de cálculo en la que se registran los ingresos percibidos por la empresa y los que tienen programado percibir, como así también los egresos y compromisos a abonar. Dentro de estos registros se observan los ingresos por el nuevo contrato efectuado con la Provincia relativo a la continuidad de la 01/08 por contratación directa y en cada uno de los meses el asentamiento del ‘PLM E. Ríos’ por el valor de $80.000”.

En la planilla se registra el pago de “blue” a los miembros de la empresa, y empleados que van variando, pero sigue registrándose a Miguel Ulrich con un pago mensual de $1.200 para todo el año 2011.

En fecha 20/01/11 Zanabone le envió un mail a Miriam Fessia y Cardona Herreros con asunto “Fw: Contrato” en el cual le dijo: “Miriam, te paso el contrato que diego firmará el 2, para pegarle una leía antes”. En el mismo correo obra un mail anterior de Carlos Haidar en el cual le envía a Zanabone el contrato como adjunto para que lo vea.

Cabe recordar que en los extractos y pasajes de la inevstigación, aparecen permenentemente los nombres de los ejecutivos de las empresas a cargo de Cardona Herreros. En la causa estuvieron imputados Miriam Fessia, Alfonso Campitelli, Jorge Zanabone y Guillermo Linares. Todos ellos consiguieron la suspensión de juicio a prueba, tras acordar con el Ministerio Público Fiscal y validar esos convenios ante la Justicia de Garantías. No corrieron la misma suerte los funcionarios públicos y Diego Armando Cardona Herreros, el amigo y testaferro del exgobernador Sergio Urribarri.