Smaldone siguió la exposición de Fiscalía mediante videoconferencia, desde Concordia. (Foto: ANÁLISIS)
N.B. de ANÁLISIS
El fiscal Gonzalo Badano se ocupó de responder al pedido de sobreseimiento que el miércoles pasado realizó el imputado Guillermo Smaldone, en lo que se conoce como causa coimas. El representante del Ministerio Público Fiscal reclamó que se rechace la solicitud del exministro de Trabajo y expresidente del Tribunal de Cuentas. Dijo que la cuestión ya fue resuelta en instancias previas, que la oportunidad de Smaldone “precluyó” y que si el juez que controla el proceso valida la solicitud del exfuncionario urribarrista, estará en contradicción con decisiones del propio Superior Tribunal de Justicia (STJ) en esta misma causa y sobre el mismo imputado.
La audiencia se constituyó pasadas las 9 de este viernes, sólo para escuchar la respuesta de Fiscalía al planteo del Smaldone, quien siguió el transcurso de la instancia a través de videoconferencia, desde Concordia. La decisión del juez de Garantías N°4, Julián Vergara, se conocerá el 4 de marzo a las 9.
“Este hecho ya fue tratado y abordado, fue juzgado, no puede ser reeditado”
“No se reúnen los antecedentes para dictar un sobreseimiento en base al ‘fallo Cozzi’ ni se están violando plazos procesales”, contestó Badano. Luego expuso una cronología sobre la marcha de la Investigación Penal Preparatoria (IPP). Remarcó que la causa se remitió a juicio el 29 de abril de 2022.
“El 2 de mayo de 2022 pedimos a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) que corra vista a las partes sobre el pedido de remisión a juicio, el 3 de mayo el juez Mauricio Mayer resolvió el sobreseimiento de Sergio Urribarri, Carlos Haidar y Miguel Ulrich en el proceso. Hasta ese momento, nadie había pedido el sobreseimiento en base al ‘fallo Cozzi’. El 5 de mayo se volvió a pedir a OGA que informe a las partes la solicitud de remisión a juicio. Luego Diego Cardona Herreros y Luis Erbes también pidieron su sobreseimiento. El 6 de mayo, Smaldone sumó su solicitud. El 9 de mayo OGA fijó audiencia para el 11 de mayo pero se suspendió. El 13 de mayo se presentó Cardona Herreros y adhirió al sobreseimiento pedido por Urribarri, Haidar y Ulrich y reclamó que se lo sume a la audiencia de apelación. El 3 de junio se vuelve a pedir a OGA que informe a las partes la remisión a juicio de la causa. El 8 de junio se presentó Smaldone y pidió que se le haga lugar en la audiencia de apelación. El 10 de junio se le hace lugar en la audiencia de apelación y Smaldone se presentó a través de su abogado Cristian Panceri. El 30 de junio el juez Elvio Garzón resolvió y revocó la resolución de sobreseimiento de Mayer. El 1 de julio, fiscalía pidió que se corra traslado de la remisión a juicio. El 26 de julio de 2022, Garzón denegó el recurso de Casación y al mes siguiente, el 9 de agosto de 2022, debido a pedidos reiterados, Mayer suspendió los plazos procesales en la causa. El 5 de diciembre de 2022 Casación rechazó el recurso de impugnación extraordinaria y el 20 de diciembre de 2022 se presentó Panceri pidiendo adhesión y extensión de los efectos del recurso que presentaron los abogados de Urribarri, Haidar y Ulrich. El 5 de abril de 2023, la Sala Penal del STJ rechazó el recurso de queja presentado por los defensores. En resolutivo se incluye a Smladone. El 21 de abril de 2023 se presentó un recurso extraordinario federal por la defensa de Smaldone. El STJ rechazó el trámite. El 27 de junio de 2023 la Sala Penal denegó el recurso extraordinario federal que también incluyó a Smaldone. Un día después, el 28 de junio de 2023, Smaldone se presentó ante la OGA y recordó su pedido de sobreseimiento pendiente, que no se había tratado”, mencionó.
El fiscal sostuvo que “si no prosperó no quiere decir que el planteo puede ser reeditado para tener doble tratamiento. En este caso, el planteo ya recorrió cada instancia. Imaginemos que el juez de Garantías dicta el sobreseimiento, sería contradictorio con lo resuelto por el STJ en mismo legajo, se modificaría por una parte algo que ya fue resuelto en todas las etapas”.
Más adelante, manifestó que Smaldone no pudo expresar ningún agravio. “Presentó recursos, participó de apelaciones. Si no era parte ¿cómo participó? Dijo que se le ocultó la remisión a juicio, que se presentó a Fiscalía a ver el legajo y no estaba la remisión a juicio. Pero la fiscalía instó siete veces a OGA para que notifique a las defensas”.
Badano remarcó que la última declaración de imputado en la causa fue la de Ulrich y se produjo el 11 de mayo de 2021, menos de un año antes de ser remitida a juicio. “Para realizar una investigación el plazo máximo es de 18 meses desde la última declaración de imputado. Si la de Ulrich fue el 11 de mayo de 2021, recién se cumpliría el plazo en noviembre de 2022”, respondió.
Además, retomó el voto del vocal de la Sala Penal, Daniel Carubia, en el rechazo del recurso presentado por las defensas de Urribarri, Ulrich y Haidar; citó jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y remarcó que el “fallo Cozzi” no está firme.
“Casi 2 millones de archivos digitales”
En la última parte de su exposición, el fiscal se ocupó de describir la dimensión de la causa y el tiempo que llevó la investigación debido al volumen de datos. Dijo que la pandemia fue otro escollo para el transcurrir normal del proceso.
“El Covid fue una dificultad para obtener evidencias. Cuando pedíamos información nos rechazaban porque los locales estaban cerrados. Cuando nos lográbamos comunicar por teléfono, nos decían que los locales estaban cerrados. Cuando las oficinas se fueron abriendo, nuestros pedidos estaban en cola”, recordó.
Después refirió a “la cantidad de documentación secuestrada: 11 cajas y tres discos informáticos. Hicimos un análisis sobre más de 600 mil correos. Fueron casi 2 millones de archivos digitales para evaluar ¿cómo hacemos desde Fiscalía para procesar esta información? No podíamos realizar búsquedas con nombres de personas porque no arrojaban resultados, ellos se manejaban con siglas que fuimos entendiendo luego de ver muchos correos. Después de mucho ver, entendimos que había una sigla PLM que refería al pago de sobornos, pero tuvimos que desentrañarla de a poco, esa tarea nos llevó mucho tiempo. Esta no es una causa más, es una de las más complejas. El volumen de información es 14 veces mayor a la causa del megajuicio”, comparó.
Por último subrayó que las contrataciones investigadas por parte del Estado a las empresas que dirige el empresario Diego Armando Cardona Herreros superan los 11 millones de dólares y que las dádivas a funcionarios políticos y privados se calcularon en más de 3 millones y medio de dólares. “Queremos que se proceda con la remisión a juicio, porque viene demorada casi dos años, si aguardamos que se resuelvan todas las líneas recursivas para este planteo, serían dos años más y el juicio sería a fines de 2025”, cerró.
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