Pronunciamiento: abogados radicales acompañan una denuncia por supuesto fraude electoral

El Foro de Abogados Radicales acompaña una denuncia penal por supuesto fraude electoral en el municipio de Pronunciamiento, departamento Uruguay. Según manifestaron en un comunicado, el padrón de electores en el municipio creció más del 50 por ciento de 2015 a la actualidad “debido a una maniobra prohibida por la ley electoral”.

“En el Municipio de Pronunciamiento -departamento Uruguay- el padrón de electores habilitados para votar el domingo 22 de octubre pasó de 1.072 votantes en 2015 a 1.645 en 2023, incrementándose en el insólito porcentaje de 54% gracias a una ilegítima maniobra pergeñada por las autoridades locales y prohibida por la ley electoral, que consagra un verdadero fraude legal”, aseguró el Foro de Abogados Radicales.

En un comunicado de prensa indicaron que “la incorporación al padrón electoral de ciudadanos que ficticiamente mudan sus domicilios a esa localidad uruguayense para beneficiarse con los escasos controles que permite el acceso a licencias de conducir que el Municipio de Pronunciamiento otorga con sospechosa y bondadosa liberalidad, bajo una velada especulación electoral de ser retribuida cada 4 años con el voto de personas que no debieran estar habilitados para sufragar en esa ciudad, porque en rigor de verdad no son vecinos, no viven, habitan ni tienen intereses en esa localidad”.

“La incorporación al padrón electoral de una significativa cantidad de personas completamente desconocidas en la zona que no tiene relación con el crecimiento poblacional de Pronunciamiento y que efectivamente ejercen su derecho electoral en cada elección, constituye un factor desequilibrante que altera las reglas del juego limpio de una democracia sana”, acotaron.

El Foro de Abogados Radicales de Entre Ríos “acompaña la denuncia penal formalizada por las autoridades de la UCR municipal y departamental ante la Justicia Federal con competencia electoral en violación al art. 137 del Código Electoral Nacional que establece una pena de prisión de 6 meses a 3 años al elector que denunciare domicilio falso, denuncia que se halla documentada y con producción de pruebas en procura de dejar al desnudo el delito cometido”.

Por último, requirieron a la Justicia interviniente “su máximo compromiso y esfuerzo para desbaratar esta maniobra espuria y fraudulenta que violenta la regla de la transparencia democrática”.

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