La jueza Lilia Carnero, integrante del Tribunal Oral Federal de Paraná, rechazó la suspensión del juicio a prueba (probation) para tres acusados de provocar incendios en el Delta del río Paraná, en momentos en que el fuego arrasaba con el humedal y causaba problemas en la salud de los habitantes de Rosario y otras ciudades ribereñas. Ahora, los tres procesados deberán enfrentar un juicio oral y público.

En su resolución la magistrada consideró vinculante la oposición fiscal José Ignacio Candioti al beneficio solicitado por la defensa de los acusados, Rodolfo Herrera, Daniel Herrera y Adán Herrera. "Solamente a través de un debate oral y público podrá resolverse, en definitiva, la verdadera participación de los incursos, en una cuestión tan trascendente como lo es la vinculada al resguardo del medio ambiente", concluyó Carnero.

El abogado defensor Daniel Ochoteco había solicitado la suspensión del juicio debido a que los imputados carecen de antecedentes penales, a cambio de realizar trabajos de albañilería, pinturas y/o reparaciones en la parte edilicia y adyacencias del Centro Comunitario Educativo y Terapéutico Girasoles de Villa Constitución (provincia de Santa Fe) y donar 5.000 pesos.

Al pronunciarse por el rechazo del pedido de probation, el fiscal Candioti mencionó que deben evaluarse ciertas cuestiones relacionadas con los hechos en sí considerados, las características de los mismos y "la entidad de la afectación al bien jurídico protegido". En su dictamen, consideró que no es suficiente el argumento de la falta de antecedentes penales de los imputados, así como el hecho de que el mínimo de la pena previsto es bajo: tres años de prisión. Además, recordó que los incendios del año pasado tuvieron "gran repercusión nacional", debido al grave daño que causaron.

Daniel Herrera y sus dos hijos, apicultores oriundos de Villa Constitución, fueron detenidos en agosto de 2022 cuando la Policía de Entre Ríos los sorprendió en una isla del río Paraná haciendo fuego. Luego de seis días fueron liberados, pero la causa siguió su curso y llegó al Tribunal Oral de Paraná. Distinto fue el destino de otros 27 acusados por incendios en el Delta que fueron sobreseídos por la Justicia Federal.

Se acusa a los Herrera de una figura para la cual Código Penal prevé una pena de tres a 10 años de prisión: causar un incendio con peligro común para los bienes. Habrían encendido el fuego de modo intencional para quemar pastizales al mediodía del 14 de agosto del año pasado, en la zona del arroyo Los Laureles, islas del Holandés. Cuando estaban patrullando, navegando sobre la vera derecha de esa isla, los policías observaron el foco ígneo y, una vez en el lugar, vieron a los imputados. Tenían en su poder horquilla, pala y baldes.

Los argumentos de la jueza

En su resolución, la integrante del Tribunal destacó que "la oposición fiscal al beneficio que aquí se trata, si responde a cuestiones de política criminal, debidamente fundadas, resulta vinculante para la jurisdicción". Remarcó en ese mismo sentido que Candioti basó su postura en la "conveniencia y oportunidad político criminal" para este caso concreto; la que "fundó profusamente, respetando los principios de legalidad y razonabilidad, por lo cual resulta vinculante para este órgano jurisdiccional".

Agregó Carnero que la posición del Ministerio Público Fiscal "no es producto de prejuicios o posturas subjetivas, por el contrario, se funda en circunstancias objetivas, pues el magistrado propone obtener la verdad procesal, en juicio oral y público, siendo éste el modo de comunicación más apto con la ciudadanía, útil a los fines preventivos que fluyen del proceso penal".

Luego argumentó que "en defensa de los intereses planetarios" es necesario reconocer al medio ambiente como bien jurídico, del que depende no sólo el desarrollo económico, el bienestar y la salud de la ciudadanía, sino que "es el presupuesto de la vida misma", entendiendo a la especie humana como "sólo una de las existencias posibles", pero a su vez "la única dotada para su cuidado, luego de los abusos milenarios que actualmente se visualizan y se deben reparar".

En otro párrafo remarcó que los incendios en humedales deben ser investigados y que los responsables directos de dañar el ambiente, sean ciudadanos, empresas u otras organizaciones, deben responsabilizarse por sus conductas, ya que el deterioro ocasionado afecta a la sociedad en su conjunto.

En consecuencia, concluyó que "solamente a través de un debate oral y público podrá resolverse, en definitiva, la verdadera participación de los incursos, en una cuestión tan trascendente como lo es la vinculada al resguardo del medio ambiente".

Fuente. Uno