Jorge Zanabone, imputado en el expediente conocido como “causa coimas”, cuyos principales investigados son el exgobernador Sergio Urribarri y el empresario paraguayo, Diego Armando Cardona Herreros, pedirá nuevamente una suspensión de juicio a prueba.

La instancia será el jueves desde las 9. Según se confirmó a ANÁLISIS, el defensor insistirá con un pedido que ya fue denegado el año pasado por el juez que controlaba la investigación penal preparatoria, Mauricio Mayer (que ahora es vocal subrogante en el Tribunal de Juicios y Apelaciones).

A Zanabone y Campitelli, Mayer les negó la suspensión de juicio a prueba en base a los sobreseimientos que había dictado a principio de 2022, que beneficiaron a los coimputados Urribarri, Carlos Haidar y Miguel Ulrich. El juez fundamentó esa decisión en un exceso de los plazos procesales de Fiscalía para investigar y no pedir formalmente las prórrogas para continuar con la pesquisa. Además, el juez apeló al “fallo Cozzi” de diciembre de 2021, de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ). El magistrado aseguró que si aceptaba el acuerdo de suspensión de juicio a prueba para los exdirectivos empresariales imputados, sería una decisión contradictoria con los sobreseimientos dictados previamente.

El abogado Palacios, en defensa de Campitelli y Zanabone (Foto: ANÁLISIS)

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Cabe recordar que antes de que se dicten los sobreseimientos, los fiscales Gonzalo Badano y Patricia Yedro requirieron la elevación a juicio de la Investigación Penal Preparatoria (IPP). La discusión en torno a los sobreseimientos en esta causa aún no concluyó. En julio del año pasado, el juez del Tribunal de Juicios y Apelaciones Elvio Garzón dio vuelta la decisión y revocó los sobreseimientos. Esa determinación en segunda instancia fue avalada en la Cámara de Casación Penal y también en la Sala Penal del STJ, con voto dividido. La disputa continuó su camino a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y las novedades podrían demorar varios años.

Varias personas estuvieron en la audiencia y cuando concluyó, hicieron un escrache en la sala, los pasillos y las inmediaciones de tribunales.

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En una publicación que el año pasado realizó el sitio Entre Ríos Ahora, se indicó que Campittelli y Zanabone participaron en la elaboración de la propuesta de la firma Relevamientos Catastrales para ganar una licitación e implementar un software en la Administración Pública y recibieron pagos de coimas. Lo hicieron a sabiendas de que tenían información privilegiada sobre el pliego de condiciones antes de que se formalizara públicamente el llamado a licitación.

Según la investigación, en 2007 Urribarri “se interesó en favorecer” a la firma Relevamientos Catastrales de Cardona Herreros. Para ello instruyó a funcionarios “para que aportaran información anticipada y gestionaran dichas contrataciones a favor de Cardona y su empresa, que se vio económicamente favorecida, pagando la provincia sobreprecios en cada contratación, que fueron utilizados para realizar pagos a los funcionarios intervinientes, en contraprestación por la realización por gestiones pertinentes y actos relativos a sus funciones”.

Campitelli y Zanabone intervinieron –junto a otras dos personas de la empresa– “en la gestión de la contratación desde antes del inicio del trámite administrativo, pues contaban con información anticipada, que les posibilitó confeccionar los pliegos, y ajustar el precio final que iba abonar el Estado provincial por el servicio, dentro del cual estaba contemplado el porcentaje de sobreprecios, que se iba a distribuir entre funcionarios y la empresa beneficiaria, de conformidad a lo acordado entre Urribarri, Cardona Herreros y los funcionarios que integraban el grupo designado para la negociación”.

Los funcionarios envueltos, según la Fiscalía, en estas maniobras eran Carlos Haidar, director de Informática de la Provincia; Miguel Angel Ulrich, director general de Ajustes y Liquidaciones; José Gervasio Laporte, secretario Legal y Técnico de la Provincia; Luis Alfonso Erbes, subsecretario de Presupuesto y Finanzas de la Provincia; Humberto Flores, secretario de Hacienda de la Provincia; y Guillermo Smaldone, exministro de Trabajo.

La acusación agrega que “a cambio de la adjudicación de la obra, por las distintas intervenciones descriptas a lo largo del desarrollo del procedimiento licitatorio 01/08, Sergio Daniel Urribarri acordó con Cardona Herreros un sobreprecio identificado internamente por la empresa contratista con la sigla PLM que ascendió a la suma total de tres millones veintidós mil pesos ($3.022.000). De este monto, para funcionarios de Entre Ríos se destinó la suma de dos millones veintiún mil novecientos noventa y tres pesos ($2.021.993) distribuidos entre Sergio Daniel Urribarri, José Gervarsio Laporte, Luis Alfonso Erbes, José Humberto Flores y Carlos Marcelo Haidar. En tanto que, como ganancia extraordinaria para la empresa Relevamientos Catastrales S.A., se destinó la suma de un millón siete pesos ($1.000.007) que se distribuyó entre Diego Armando Cardona Herreros, Jorge Zanabone y Alfonso Campitelli”.