Mariano Churruarín, presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, el organismo encargado de la selección de postulantes a ocupar cargos en la Justicia, recogió el guante de las sucesivas críticas que recibe y en particular en el marco de un concurso, el que tramita para seleccionar a quien ocupe la clave Fiscalía Anticorrupción, hoy vacante.

La vacancia se produjo el 24 de mayo de 2022, cuando la entonces Fiscal Anticorrupción y Procuradora Adjunta fue destituida del cargo por el Jurado de Enjuiciamiento, acusada de mal desempeño. Goyeneche recurrió esa decisión y ahora pretende que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva el entuerte, declare nulo lo resuelto por los tribunales entrerrianos y la reponga en el cargo, recordó Entre Ríos Ahora.

Por fuera de esa discusión, el Consejo de la Magistratura tramita el concurso para cubrir la Fiscalía Anticorrupción, figura creada por la reforma constitucional de 2008, y que aún está vacante: está el cargo creado y asignado el presupuesto, pero no hay nadie que cumpla esa función. Goyeneche ejercía esa tarea designada por su superior, el procurador General Jorge García.

Uno de los aspirantes a la Fiscalía Anticorrupción, el fiscal José Emiliano Arias, de la Unidad Fiscal de Concordia, ha pretendido dinamitar el esquema de funcionamiento mismo del Consejo de la Magistratura y presentó una veintena de recursos cuestionando todas y cada una de las medidas adoptadas. Incluso, llegó a pedir el apartamiento de todos sus miembros, peticiones todas que le fueron rechazadas. Arias llevó su caso a la Justicia con un recurso de inconstitucionalidad que tramita la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Concepción del Uruguay que de momento no ha tenido resolución.

Pero Churruarín está convencido del buen funcionamiento del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, pondera lo hecho y lo ubica a la par de los mejores del país. Dice que todos y cada uno de los reproches de Arias, el postulante más belicoso del concurso para cubrir la Fiscalía Anticorrupción, han sido resueltos. “El Consejo está funcionando normalmente. Tal vez hay un concurso, el que se tramita para cubrir la Fiscalía Anticorrupción, el que más llama la atención. Pero ya se ha fijado fecha para las pruebas de oposición, que se realizarán los días 18, 19 y 20 de septiembre. Y tal vez ese concurso ha sido el que ha generado alguna tensión”, señala.

Dice Churruarín que ese cargo no se relaciona con el que quedó vacante tras la destitución de Goyeneche. “El cargo que se está concursando es el creado por la Constitución, y reglamentado por una ley votada por unanimidad en la Legislatura Esa ley tiene prioridad de concursabilidad porque están presupuestados los cargos. La Legislatura decidió no designar interinamente a nadie. Con lo cual hay cargos, tienen presupuesto y recién se van a ocupar esos cargos luego de que esté concluido el concurso”, señala.

En diálogo con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7, Churruarín señaló que el de la Fiscalía Anticorrupción “es un concurso que ha transitado con alguna conflictividad por un postulante, el fiscal Arias. Ha hecho una veintena de planteos. Todas sus presentaciones han sido atendidas, resueltas. Ha pedido todo lo que está dentro de la ley. Hasta que se vayan todos los miembros, que renunciemos todos los consejeros, y lo ha hecho con una liviandad de argumentos que trasunta una posición en orden a no aceptar las reglas. Ahora, ha presentado una acción de inconstitucionalidad contra la ley, recurso que se está tramitando. Esa ley fue sancionada por la Legislatura, y en su momento cada uno tuvo su mirada, y sin duda hubo algunos aspectos que las distintas posiciones no han estado de acuerdo, pero es una ley emanada de la Legislatura”.

El titular del Consejo de la Magistratura destaca luego el trabajo que realiza el organismo más allá del concurso para cubrir la Fiscalía Anticorrupción. Y destaca la creación de un banco de casos con los cuales se evalúa a los postulantes. “Nos ha llevado gran esfuerzo poder implementar un nuevo sistema, novedoso, con banco de casos diseñado por todos los estamentos que integrantes el Consejo. Son 100 casos públicos que son conocidos por los postulantes 30 días antes de la oposición. Pueden estudiarlos. Se sortea uno en el momento del examen y ese caso tienen que resolver. Hemos trabajado con académicos, abogados, magistrados para que esos casos tengan complejidad. Los postulantes que están mejor formados los van a resolver mejor. Pero todos están en una línea de igualdad. A nivel nacional se está estudiando este sistema”.

En esa línea, Churruarín destacó que “hoy tenemos más de 110 cargos en concurso”, y mencionó los casos de fiscales auxiliares y defensores auxiliares, que eran designados en forma interina y ahora atraviesan el proceso de selección del Consejo de la Magistratura.

Respecto de los planteos del fiscal Arias -que se postula a la Fiscalía Anticorrupción- sostuvo que “hemos atendido sus reclamos. Nuestro objetivo es que participen todos. Aunque ciertos planteos de Arias en el seno del Consejo se han empezado a ver como un tanto abusivos. Uno tiene derecho a reclamar. Pero hay muchos planteos que son repetitivos, no trasuntan una finalidad que es cuidar la integridad del concurso. Eso retrasó el concurso. Hay planteos que se pueden resolver por presidencia, y otros que necesariamente deben ser resueltos por el pleno. Tenemos una reunión mensual. Hemos tenido que hacer un montón de reuniones extraordinarias para poder resolver,  y cumplir con nuestro mandato constitucional”.

En el concurso de la Fiscalía Anticorrupción hay 10 postulantes inscriptos y Churruarín está convencido que estará concluido en 2023, aunque en medio de los planteos. “Se ha incrementado la litigiosidad, propio de las tensiones en el campo jurídico entrerriano. Eso ha tensionado a algunos actores del propio Poder Judicial a niveles que son irrazonables. Eso afecta al funcionamiento del Consejo. Hubo sobrecarga de tareas, a los fines de atender a todos los planteos. Y han sido atendidos”.

Churruarín dice que, por lo demás, el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos se ubica entre los mejores del país, y que la tarea se desarrolla con normalidad. “El propósito del Consejo, que a mí me entusiasma para seguir, es seleccionar a los mejores postulantes para proponerle al Gobernador la mejor terna. Nosotros tenemos que buscar los mejores tres hombres y mujeres, que tienen tres etapas que atravesar, presentar sus antecedentes, exponerse ante el examen de oposición y luego la entrevista ante el pleno del Consejo. La primera etapa tiene 50 puntos; la segunda, 30, y 20 puntos la entrevista”.

Aunque la ley de reforma al Consejo de la Magistratura estableció que los planteos de los postulantes, una vez rechazados en sede administrativa, los resuelve el Superior Tribunal de Justicia (STJ), admite que hay un inconveniente no previsto y es la demora del máximo tribunal en dar respuesta. La ley previó un plazo de 30 días. Pero el STJ cuenta ese plazo desde el momento que el caso es puesto a despacho. “No puede ser así. La celeridad que se da en el Consejo choca con esta demora. Creo que debería tener un trámite más parecido al amparo”, expresó.