Durante cuarenta minutos, el exgobernador Sergio Urribarri declaró en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito que se le abrió en 2015 ante los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano, pero no acudió personalmente a la sede del Ministerio Público Fiscal, sobre calle Laprida, frente a Tribunales, sino que lo hizo vía remota: por zoom.

El exgobernador se victimizó durante gran parte de su relato frente a los Fiscales a quienes acusó de ser parciales en la investigación, supo ANÁLISIS. Urribarri apuntó contra el MPF y señaló a los fiscales como responsables de una persecusión en su contra que derivó en la declinación de su candidatura en las elecciones del 2023.  

La defensa solicitó el plazo de 60 días para hacer las presentaciones tendientes a justificar el crecimiento patrimonial de Urribarri. Es decir, el exgobernador debe probar que no se enriqueció de manera ilícita.

Urribarri: “No existe la cifra exorbitante y mentirosa que difundió Fiscalía”

“La verdadera pericia contable no está terminada porque los profesionales a cargo están esperando una documentación solicitada por mis abogados y por Fiscalía al juez de Garantías para que libre un exhorto a Grecia sobre los ingresos que tuvo mi hijo futbolista en los años en que vivió y trabajó allá. Esto ocurrió en octubre de 2022. Cuando la pericia esté completa se podrá ver que no hay ninguna inconsistencia en mi patrimonio, y que no existe la cifra exorbitante y mentirosa que difundió Fiscalía y sus medios afines”, manifestó el exmandatario al prestar declaración indagatoria, según se informó en una gacetilla de prensa.

“El monto económico que la pericia arrojó hasta este momento y sin contar los ingresos de mi hijo, es 20 veces menor al monto que el MPF difundió con sus medios afines para instalar un relato que nada tiene que ver con la realidad”, aseveró Urribarri.

“Lo que Fiscalía difundió intencional y maliciosamente no es una pericia sobre el patrimonio de mi familia. Es un informe que hizo un empleado del MPF utilizando papeles que no tienen ningún tipo de validez jurídica”, afirmó.

“Ese empleado de Fiscalía fue antes funcionario de mi gobierno y despedido por ineficiente. Por eso cuando empezó a hacer “informes” sobre mi patrimonio, inmediatamente lo impugnamos. También intervino en otras causas en mi contra y ya son conocidos sus errores malintencionados y sus inconsistencias”, señaló.

Seguidamente, Urribarri sostuvo: “Llaman a indagatoria cuando todavía no se ha terminado de recolectar la prueba. Es insólito. ¿Cuál es el apuro de repente? Yo sé: el cronograma electoral”.

“El Ministerio Público Fiscal me citó a esta indagatoria el mismo día en que se difundió el cronograma electoral, y la fijó en esta fecha, hoy, cuando cierran las alianzas electorales. Se nota mucho”, asestó.

“No hay casualidades en esto. Hay causalidades. Porque todo se diseñó cuando estaba la posibilidad de que yo sea candidato. La misma causalidad de que cuando las encuestas vienen mal para algunos, hacen que Urribarri entre a escena. Esa es la reacción inmediata, la maniobra política”, dijo.
Y agregó: “Intentan anularme políticamente y quieren tenerme a la parrilla como se dice, entonces, cuando tienen alguna necesidad política, le arriman un poco de brasas como para calentarla. De manual”.

“Es tan insólito que llevan más años de investigación que el tiempo de condena que supone el delito de que se me acusa. A tal punto que estuvieron un año y medio con la causa parada, sin ningún movimiento, hasta que les surgió “la necesidad” electoral de reflotarla”.

“Mis abogados han cuestionado todas las medidas tomadas por el Ministerio Público Fiscal y han solicitado mi sobreseimiento, no solo porque soy inocente sino porque se han violado todos los plazos legales establecidos en la causa con el único propósito de tenerme a la parrilla hace casi ocho años”, concluyó.

La insistencia ante Casación

Urribarri se mostró confiado en que la causa se esfume finalmente mediante el instituto de la prescripción, tal como han planteado sus abogados defensores, Raúl Barrandeguy y Miguel Ángel Cullen. Aunque ya dos fallos le han resultado adversos: el juez de Garantías Julián Vergara, el 15 de mayo, y el juez de juicio Gervasio Pablo Labriola, el 7 de este mes, rechazaron nulidades y planteo de prescripción y de ese modo avalaron que la causa siga su curso.

Pero los defensores ya acudieron a la Cámara de Casación Penal, y tienen planteado reserva de caso federal por lo cual llevarán el planteo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una vez se agote la instancia provincial, luego del pronunciamiento final de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), si es que todos los fallos le resultan adversos, publicó Entre Ríos Ahora.

La pericia contable que firmaron Romina Stepanic Pouey, técnica del Poder Judicial, y Cristian Dumé, perito de parte, señala que Urribarri se enriqueció en el período en el que fue dos veces gobernador de Entre Ríos, entre 2008 y 2015, en una suma próxima a los 9 millones de dólares. Los fiscales lo habían citado para la declaración de imputado en esa causa y también para que justifique ese incremento patrimonial, que se presume en Fiscalía cuenta con algunas inconsistencias.

En su declaración, Urribarri dijo que las dudas se despejarán una vez que lleguen desde Grecia los informes sobre ingresos que tuvo su hijo, Bruno Urribarri, cuando vistió la camiseta del Aster Tripolis, entre 2008 y 2011, cuando regresó al país y jugó para Colón, de Santa Fe. En 2021, Bruno se retiró del fútbol profesional vistiendo la camiseta de Patronato, de Paraná. Las abultadas cifras que había ganado en el fútbol europeo explicaría, según la familia, el crecimiento patrimonial. La Fiscalía, sin embargo, descree de ese argumento por cuanto Bruno Urribarri no está imputado en la causa por enriquecimiento.

La defensa del exgobernador, sin embargo, va por otra vía. La prescripción por cuanto pasó el tiempo en forma excesiva para que la Fiscalía pueda investigar eventuales delitos.

Urribarri estuvo al frente del Ejecutivo entre 2008 y 2015; luego, fue diputado provincial hasta 2019; y desde mayo de 2020 hasta junio de 2022, y luego de ser condenado en el megajuicio a 8 años de cárcel, embajador argentino en Israel. Los dos fallos que se han conocido hasta ahora señalan que la apertura de la causa por enriquecimiento, ocurrida en 2015, no interrumpe los plazos de la prescripción; solo lo hace la declaración de imputado, hecho que ocurrió recién este miércoles.

«Entiendo de que no ha operado la prescripción en el presente legajo porque el tiempo de prescripción ha estado suspendido desde 2015 hasta 2019, luego unos meses, hasta que fue nombrado embajador en 2020. De ninguna manera podemos decir que han operado los plazos de la prescripción», dijo el juez Vergara en su resolución.

Tampoco el juez hizo lugar al planteo de extensión de los plazos procesales y que Fiscalía se había excedido en el tiempo de la investigación penal. En concreto, los defensores señalaron un plazo concreto, entre el 21 de agosto de 2019 y el 11 de diciembre de 2020, la causa estuvo paralizada. En contraposición, el Ministerio Público Fiscal le presentó al magistrado un listado extenso de medidas procesales que se concretaron en ese período. El 27 de mayo de 2020, por ejemplo, se dio inicio a la pericial contable sobre Urribarri que arrojó como dato un crecimiento injustificado de sus bienes de unos 9 millones de dólares.  «Hubo intensa actividad procesal con participación de la defensa», resumió el juez. «Esto demuestra que no hubo abandono de la investigación», abundó.

El plazo para que venza el tiempo que tiene Fiscalía para llevar adelante la investigación se cuenta a partir de la última declaración de imputado, explicó. El 27 de abril de 2023 se dispuso citar a declaración de imputado de Urribarri para el 14 de junio, a las 10. «No ha sido previamente convocado. En virtud de esta información es que no empezó a correr el plazo. No vencieron los tres meses porque no hubo declaración de imputado. Por eso, más allá de que hubo intensa actividad procesal, no ha empezado a correr el plazo. No voy a hacer lugar al pedido de insubsistencia de la acción penal».  señaló Vergara.

La misma tesitura sostuvo el juez Gervasio Labriola, que rechazó el planteo de la defensa de Urribarri, y de los representantes legales de quienes se achaca como «testaferros, Diego Cardona Herrero, que es defendido por Ignacio Díaz y José Raúl Velázquez, y de Raúl Martínez, representado por Candelario Pérez y Tomás Vírgala.

Este jueves declararán en la causa Cardona Hereros y Martínez.