La titular del Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa) de Entre Ríos, María Alejandra Méndez, solicitó a la Justicia una prórroga del plazo impuesto por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) que ordena a la Provincia estudios hidrogeológicos para conocer la calidad del agua del subterránea del acuífero “Delta Aluvial Formación Isla Talavera”.

El pedido se realizó en el marco de un amparo ambiental otorgado a fin de conocer el impacto ambiental sobre las napas subterráneas por el uso que realizan las empresas mineras que para lavar y extraer arenas silíceas en el sur entrerriano. El término para dar a conocer la información vencía el 12 de abril, y la jueza que lleva el expediente otorgó 180 días más. Se aguarda que la Universidad Nacional del Litoral (UNL) elabore el trabajo que costará $5.500.000, aunque desde la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas se aclaró que “no generará nueva información”, según quedó sentado en el expediente, según consignó el portal Era Verde.

El miércoles 3 de mayo, la magistrada suplente a cargo del Despacho del Juzgado Nº 2 de Gualeguaychú, Susana M. G. Rearden, concedió un plazo de prórroga de 180 días corridos solicitado por el Corufa, a fin de que pueda acreditar los informes solicitados en un fallo emitido el 14 de octubre de 2022 por del STJ.

Se llega a esta instancia luego que el máximo tribunal de Entre Ríos rechazó una apelación interpuesta por la Provincia contra una sentencia anterior –del 7 de septiembre de 2022–, donde precisamente exige documentación sobre el impacto de la explotación minera para extraer arenas silíceas en los acuíferos subterráneos.

La demanda fue presentada inicialmente por la Cooperativa de Agua de Ibicuy en 2019, preocupada por conocer el grado de contaminación de las napas de la formación “Delta Aluvial Formación Isla Talavera” que usa para potabilizar el agua de red que distribuye entre sus usuarios, y desde donde también se alimentan las canteras para el lavado del material utilizado para el fracking petrolero en Vaca Muerta.

Para tomar esta decisión, la jueza Rearden recibió un memo donde la responsable del Corufa, enumera las acciones llevadas adelante para obtener “a través de sus organismos competentes, los estudios hidrogeológicos a fin de conocer acabadamente las características, condiciones, calidad del agua subterránea y dimensión del acuífero ‘Delta Aluvial Formación Isla Talavera”, que le ordena el STJ.

En este orden, la titular del Consejo, María Alejandra Méndez, adjunta un presupuesto con la propuesta técnica para realizar el trabajo por profesionales de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la UNL. En este cronograma de cuarro meses se detallan las tareas a realizar por un monto de 5,5 millones de pesos, cuyo costo se mantendrá por un mes. En el texto que firma Viviana Zucarelli como responsable por la UNL, se aclara que la propuesta “se realizará solamente con información provista por el Comitente. No genera nueva información”.

En diálogo con el portal Era Verde, el abogado representante de la Cooperativa de Agua de Ibicuy, Ricardo José Luciano, expresó que la novedad resulta un “cumplimiento de sentencia con gusto a poco”. En este orden recuerda que en distintas audiencias públicas donde se han dado a conocer los proyectos de las mineras, ha expresado “que los Estudios de Impactos Ambientales presentados” por las empresas “eran una copia y pegue de otros presentados por distintas areneras, con información incompleta, información confusa y varios estudios de una misma arenera en distintos expedientes que se contradicen entre sí”. Es así que aparecen “datos sobre los volúmenes del agua subterránea que van a extraer inconsistentes y que se contradicen en un mismo expediente”, además de corroborarse “cero controles” por parte del Estado en donde hace responsable por esto a Corufa y la Secretaría de Ambiente. El letrado agrega que estos “incumplimientos están probados” con la clausura de 9 areneras y 4 plantas de lavado “por actuar irregularmente”.

Así Luciano entiende que “todo lo expuesto tiene relación en algo que, a mi entender, les quita consistencia a los estudios a realizar, por lo expuesto al final del escrito presentado en el expediente por la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe, donde aclara que la ‘propuesta se realizara solamente con información provista por el comitente (Organismos provinciales). No se generará nueva información’”.