(de ANÁLISIS)

El represor José Darío Mazzaferri pidió al Tribunal Oral Federal de Paraná que le rebaje la pena por delitos de lesa humanidad. En 2017 fue condenado a 20 años de prisión. Posteriormente, la Cámara de Casación confirmó la condena casi en su totalidad, a excepción de un hecho por allanamiento ilegal, por lo tanto se le redujo la condena a 18 años de prisión.

Ahora, el abogado Guillermo Morales que defiende al exintegrante de la Policía Federal, reclamó que se reduzca la pena al considerarla un “exceso”, atendiendo cuestiones de salud y la edad. Al pedido se opuso el fiscal del TOF José Ignacio Candioti, y los querellantes Marcelo Boeykens (Registro Único de la Verdad) y Lucía Tejera (Secretaría de Derechos Humanos). La sentencia se conocerá el 22 de febrero.

La audiencia fue este lunes al mediodía, y de la misma participó Mazaferri por videoconferencia desde la cárcel de Ezeiza, donde cumple condena. El represor condenado por múltiples delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, fundamentó su solicitud en primera persona.

“Cuando Casación confirmó la condena que se le impuso en 2017 menos un hecho de allanamiento ilegal, desde la Fiscalía consideramos justo 19 años; la querella pidió 20 años y el TOF le impuso 18 años. La Fiscalía se mantiene en ese pedido de 19 años y consideramos que los 18 años que el TOF le impuso es lo mínimo por lo disvalioso de su conducta”, introdujo Candioti.

Mazzaferri está condenado por delitos contra ocho víctimas que van desde asociación ilícita, allanamientos ilegales, privaciones ilegales de la libertad y tormentos, entre otros. “Son graves violaciones a los derechos humanos, delitos que afectan a la comunidad en general y dañan bienes jurídicos fundamentales. Además Mazzaferri se aprovechó de los bienes del Estado para cometer esos delitos contra víctimas indefensas, era funcionario público y causó daños inconmensurables que tienen consecuencias actuales”, agregó el fiscal y recordó: “Mazzaferri fue torturador de mano propia. Dirigió la Oficina Técnica e hizo arquear a las víctimas de dolor. Todo esto está dicho en la sentencia”.

A su turno, Boeykens recordó que el plan sistemático de exterminio que desplegó la última dictadura cívico militar apuntó a un grupo determinado de personas y tuvo como objetivo disolver ideas en la población, por lo cual lo cual lo califica como genocidio. “Esto debe considerarse al momento de merituar la pena”, marcó y agregó: “No es lo mismo el que aplica la picana  que el que no lo hace, o el que organiza y aporta vehículos”.

Hizo notar las coincidencias de fechas entre los secuestros y las salutaciones que consiguió Mazzaferri por “la lucha contra la subversión”. Recordó que el represor estuvo “prófugo de la Justicia durante cuatro años y tampoco colaboró en decir dónde están los 33 entrerrianos desaparecidos”.

Mazzaferri está detenido desde el 11 de diciembre de 2013 y tiene 70 años. Fue condenado en 2017 por desplegar un accionar fundamental para la represión ilegal en Concepción del Uruguay. En aquella ciudad condujo la “oficina técnica” de la Policía Federal. Entre las víctimas que lo pudieron identificar a él y otros expolicías federales (Julio César Rodríguez, Francisco Crescenzo, Luis Oscar Varela y Jorge Alberto Rodríguez) como responsable de tormentos y otros delitos de lesa humanidad están César Román; Roque Minatta, Juan Carlos Romero y Juan Carlos Rodríguez, estudiantes secundarios en 1976.