La ministra de Salud, Sonia Velázquez, hizo una presentación en la Justicia para que apure la fijación de audiencia en la causa que sigue por amenazas al secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), José Allende. El planteo fue hecho en diciembre pasado, aunque no tendrá respuesta de Tribunales hasta que se retome la actividad en el Poder Judicial, luego de la feria de enero.

Se trata de la causa q que inició en 2018 contra el entonces diputado provincial del peronismo, hoy secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), José Allende, por amenazas luego de un altercado que protagonizaron ambos durante un acto de campaña que se desarrolló en octubre de ese año en el camping del Sindicato de Empleados de Comercio, publicó EntreRiosAhora.

-¿Cuándo nos vamos a sentar a arreglar vos y yo? preguntó Allende a la ministra Velázquez.

-No tengo nada que arreglar con vos, José -respondió la titular de Salud.

Pero esa investigación penal por el delito de amenazas no prosperó.

El dirigente gremial y exdiputado fue sobreseído el 14 de junio de 2022 por el juez de Garantías de Paraná, Mauricio Mayer, quien consideró prescripta la acción penal. Esa resolución fue apelada por la ministra ante el juez de juicio Alejandro Diego Grippo, quien en agosto confirmó la resolución de Mayer.

Grippo tuvo en cuenta la nueva calificación del delito que se le imputó a Allende, "amenazas simples". Al respecto, dijo: "Cabe señalar que si bien el Dr. Mayer en aquella Resolución del 13 de abril de 2022 declaró que la correcta calificación legal del hecho era la de amenazas simples en ´contexto de violencia contra la mujer´, el legislador nacional no ha previsto el contexto de violencia contra la mujer como agravante de la figura de amenazas, ni tampoco como una agravante genérica". En ese orden de ideas, el magistrado sostuvo que "no cabe duda alguna que conforme al cuadro normativo previsto en el Código Penal, las amenazas simples prescriben a los dos años".

El magistrado estableció que la causa se inició el 10 de diciembre de 2019, cuando Allende dejó de ser diputado provincial y, por ende, perdió los fueros legislativos. A ese respecto, compartió el criterio del juez Mayer respecto a que "entiendo que corresponde empezar a computar el plazo de prescripción de la acción penal desde el día del cese de las funciones legislativas provinciales de Allende, es decir desde el día 10 de diciembre de 2019".

El juez tampoco hizo lugar a la apelación que presentaron la ministra de Salud y el fiscal Leandro Dato, de la Unidad Fiscal de Violencia de Género, por lo cual la titular de la cartera sanitaria debió ir en queja a la Cámara de Casación Penal para que revise el fallo de prescripción.

Casación fijó audiencia para el 17 de noviembre de 2022 para tratar el caso. Pero ese trámite quedó en suspenso y no se volvió a fijar nueva fecha, por lo que en diciembre la ministra Velázque realizó una presentación para cerciorarse de cuándo finalmente se tratará su planteo. De momento, no ha tenido respuesta.