De ANÁLISIS

En el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, de 9 integrantes, cuatro están en condiciones de acogerse a la jubilación, con más de 30 años de aportes a la caja previsional, según pudo determinar ANALISIS. Tales los casos de Susana Medina de Rizzo (67 años), Germán Carlomagno (72), Daniel Carubia (72) y Claudia Mizawak (61) tienen más de 30 años de aporte a la Caja de Jubilaciones de la provincia. Cada uno de ellos percibe unos 2.600.000 pesos por mes y si se jubilaran percibirían algo más de 2 millones de pesos.

En los últimos tiempos hubo cierta decantación del alto cuerpo judicial. Primero se fue Emilio Castrillón -por lo cual de esa manera, evitó que lo destituyan por el juicio político que se le había iniciado- y luego el decreto del gobernador Gustavo Bordet comprendió a dos vocales: Juan Smaldone y Bernardo Salduna. O sea, dos magistrados oriundos de Concordia. Smaldone se fue después de votar por la destitución de la exprocuradora adjunta del Poder Judicial, Cecilia Goyeneche. Salduna, se fue enojado, porque había acordado con sus pares que pretendía permanecer, por lo menos, hasta fin de este año. Pero no se lo permitieron: la corporación del STJ entendió que Salduna no estaba de acuerdo con la destitución de Goyeneche y que con sus resoluciones en el alto cuerpo, la podía favorecer. Y no estaban dispuestos a permitírselo.

Castrillón retornó a La Paz y se puso al frente de los negocios agropecuarios de su padre fallecido, considerado de los más acaudalados de la provincia. No obstante, trató también de seguir haciendo algo de política, siempre ligado al justicialismo. Smaldone retornó a su Concordia natal pero se alejó definitivamente de toda actividad judicial o política. Quizás pudo haber incidido en algo la semana pasada, cuando nombraron en planta a su hijo Tomás Smaldone, como abogado de la Comisión Mixta de Salto Grande (CTM), quien ya venía con un contrato desde principios de año. Salduna, por su parte, abandonó toda tarea judicial, aunque a veces publica algunas columnas de opinión en determinados medios de la provincia.

El más antiguo del STJ, actualmente, es Daniel Carubia. En el 2023 cumplirá 35 años en el cargo de vocal. Fue nombrado por Jorge Busti en 1988. Si se jubilara, pasaría a cobrar lo mismo que su excompañero de Sala Penal, Carlos Chiara Díaz: un total de 2.300.000 pesos mensuales. Carubia y Chiara Díaz habían sido nombrados por el mismo decreto de Busti en el ’88. Chiara Díaz es, en el sistema jubilatorio, la persona que percibe la mayor remuneración. En la actualidad, el exvocal paranaense está alejado de todo y muchas veces disfruta sus días en Punta del Este, donde tiene un departamento hace ya varias décadas.  Carubia también tuvo por mucho tiempo un departamento familiar en Punta del Este, que alguna vez compró su padre. Y lo propio sucede con Mizawak, en la ciudad esteña de Uruguay.

En antigüedad, en el Poder Judicial, lo siguen Susana Medina de Rizzo (ingresó también con Busti, en su primer gobierno, como agente fiscal) y luego Germán Carlomagno, nombrado por Mario Moine en su gobierno, en 1993, pero por pedido del exsenador provincial Hugo Cettour (PJ) y el aval de rerentes del bustismo en Concepción del Uruguay. Finalmente se ubica Claudia Mizawak, quien ingresó un poco más tarde: en diciembre de 2007, después de haber sido fiscal de Estado de Jorge Busti, quien finalizó en esos días su tercer mandato. Al parecer, quien estaría decidida a jubilarse del grupo de los cuatro sería, precisamente, Claudia Mizawak, quien logró el año pasado ubicar en el STJ a una persona de su estrecha confianza, como el caso de la vocal Gisella Schumacher. Esta última se inició profesionalmente en el estudio jurídico de Mizawak y luego pasó a trabajar junto a ella en el alto cuerpo, como relatora.

Si se producen nuevas vacantes en el STJ, el gobernador Gustavo Bordet tiene algunas cartas en la manga para nombrar gente de su confianza. Quien aparece primera en la grilla es la actual ministra de Gobierno, Rosario Romero, aunque nunca ha reconocido demasiado interés en ese lugar. El otro apuntado es el actual fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, quien tiene intenciones de continuar en su actual rol en la estructura de gobierno, más allá de que siga un gobernador del mismo color político o ingrese algún referente de la oposición al sillón de Justo José de Urquiza.