El fiscal Ramiro Ramos Ossorio intervino ante la denuncia por privación ilegítima de la libertad de una monja de clausura en el Convento San Bernardo, de las religiosas Carmelitas Descalzas en la ciudad de Salta.

La jueza Ada Zunino ordenó que se allane el Convento para rescatar a la religiosa denunciante. Las actuaciones comenzaron con una denuncia de la hermana de una monja que ya había pedido retirarse del Convento pero aseguró que estaba siendo retenida contra su voluntad. El abogado Guillermo Alberto representa a la denunciante.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, la monja manifestó a sus familiares, oriundos de la provincia de Mendoza, que quería abandonar el Convento, pero se le negaba la posibilidad de hacerlo.

A inicios de este mes y en un primer acercamiento, las autoridades religiosas habían manifestado que debían contar con una autorización proveniente del Vaticano, sin embargo, cuando esta documentación estuvo disponible, le negaron a la mujer la posibilidad de retirarse.

El Ministerio Público señaló que fueron infructuosas las iniciativas en búsca de un acuerdo, al punto que desde el Convento se llegó a prohibir directamente el contacto con los familiares de la mujer.

Por este motivo, el martes 20 de diciembre, el fiscal Ramos Ossorio dio la directiva a la Policía para que se entrevistaran con las autoridades del Convento, pero tampoco los efectivos fueron recibidos. Esto determinó que el miércoles el fiscal enviara auxiliares fiscales al claustro, y también fueron rechazados y no se les permitió el ingreso al lugar para dejar una notificación.

El fiscal solicitó entonces al Juzgado de Garantías de turno que ordene allanar el Convento. La jueza Zunino autorizó el procedimiento y con esta decisión policías y bomberos ingresaron al edificio, aunque no fue necesario forzarlo de manera física.

Con esta medida las autoridades judiciales lograron entrevistar a la mujer que reclamaba poder abandonar el Convento, quien ratificó su intención de retirarse de allí, por lo que fue trasladada a un lugar seguro.

Según informó el diario La Nación, la mujer manifestó "Me quiero ir de acá”, ante la comisión que conversó con ella. Este medio indicó que el texto de la denuncia hace referencia a diferentes tipos de “irregularidades” en el trato y que la monja que dejó el lugar llevaba 31 años de clausura, transitó un cáncer y venía pidiendo tener un contacto más fluido con su familia, así como más facilidades de atención médica, por eso quería dejar el claustro.

El fiscal explicó que las actuaciones continúan su trámite y que dispuso el cumplimiento de numerosas medidas tendientes al esclarecimiento del hecho denunciado.

Con esta causa judicial ya hay varias que involucran al Convento San Bernardo. Este año las monjas denunciaron por violencia de género al arzobispo Mario Cargnello, al obispo emérito Martín De Elizalde, al cura Lucio Ajalla, y al juez único del Tribunal Eclesiástico de la arquidiócesis Loyola Pinto y de San Cristóval.

Además, hay otra investigación en curso de la Fiscalía de Delitos Económicos a los administradores del Convento, Carlos Obeid y Marcelo Mentesana.

Antecedente en Nogoyá

Cabe recordar que el convento de Nogoyá tomó notoriedad en los medios de prensa del país y el mundo a partir de una reconocida investigación periodística del director de este medio, Daniel Enz, que expuso malos tratos y privación ilegal de monjas en claustro. 

La investigación judicial en San Bernardo, a partir de la denuncia de una religiosa, es comparable al caso nogoyaense que concluyó con un juicio y condena a la madre superiora del convento, Luisa Toledo. 

Luisa Toledo. (Foto archivo)

Sobre el cumplimiento de la condena de Toledo