La Corte Suprema de Justicia rechazó este jueves las solicitudes de arresto domiciliario presentadas por los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, el empresario Claudio Cirigliano y otros imputados en la causa de la “Tragedia de Once”.
El Máximo Tribunal se declaró inoficioso pronunciarse respecto de la queja de Jaime, por considerar que se había tornado abstracta: El Tribunal Oral Federal 2 ya había habilitado el traslado del exfuncionario a su domicilio, pero el recurso ante la Corte se había presentado luego de que tanto la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal como el mismo TOF 2 rechazaran su pedido de prisión domiciliaria en otros expedientes.
Respecto de Schiavi, la Corte declaró inadmisible el pedido de prisión domiciliaria (que también llegó al tribunal tras sendos rechazos de la Cámara y el TOF 2), así como una solicitud de excarcelación y otro recurso interpuesto por el exsecretario de Transporte luego de que, en sucesivas instancias, se denegaran sus recusaciones contra el juez Jorge Gorini, el secretario Flores y los magistrados Eduardo Riggi y Liliana Catucci.
En tanto, Claudio Cirigliano, exdueño de la empresa TBA -concesionaria del servicio al momento del hecho- se presentó en queja alegando diversas objeciones procesales. La Corte también desestimó ese recurso y otra queja interpuesta a partir del rechazo a la recusación que los abogados del empresario en su momento formularon contra los camaristas Catucci, Riggi y Juan Carlos Gemignani.
Tanto Cirigliano como los exdirectivos de TBA Jorge Álvarez, Jorge de los Reyes y Eduardo Estrella, también pidieron cumplir con el arresto en modo domiciliario, solicitud que también desestimó la Corte, siempre con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
En septiembre de 2020, la Corte confirmó la condena de cinco años y medio de prisión para Juan Pablo Schiavi, y de siete años de cárcel para el empresario Cirigliano, por su responsabilidad en la Tragedia de Once.
En cuanto a la situación de Jaime, en ese mismo fallo el máximo tribunal dijo que su pedido de revisión de su condena debía ser resuelto por la Cámara de Casación Penal.
Esa revisión se concretó en abril de este año, cuando la Casación Federal revocó la condena contra el exsecretario de Transporte por "estrago culposo", pero le mantuvo la referida al delito de "administración fraudulenta" en contra de las arcas públicas. Ese cambio implica una reducción de la pena de prisión por este caso, de siete a seis años.
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