¿Hay sobreprecios en las obras públicas? ¿En cuánto se calculan estos supuestos sobreprecios? ¿Cuál es el presunto porcentaje que queda en los bolsillos privados cuando se emprende una obra pública? Estas son algunas preguntas que, tal vez, tengan respuesta cuando las tres causas que investigaron presuntos sobreprecios en cuadras de asfalto, lleguen a juicio oral y público. Se trata de investigaciones por obras en Larroque, Seguí y Santa Elena, que están cerradas o casi concluidas. Pero no han podido llegar a juicio, pese a la cantidad de tiempo que llevan abiertas.
Según se informó en el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), todas iniciaron en 2016 y determinaron el rol de funcionarios políticos y empresarios, es decir la pata privada en las obras públicas. Las causas establecieron modos de gestión de fondos, desembolsos y control de obras. Tienen varios puntos en común: en principio, los expedientes judiciales asentaron investigaciones sobre cuadras de asfalto; además todas recibieron financiamiento del plan Más Cerca, del Ministerio de Infraestructura y Planeamiento de la Nación a cargo del exministro Julio De Vido; y comparten también los mismos nombres de empresas o empresarios contratados por los gobiernos locales.
En las tres se investigan delitos contra la administración pública: peculado, fraude contra la administración pública; y falsificación de documentos. Se trata de investigaciones judiciales promovidas o denunciadas por dirigentes políticos opositores. Incluso, alguna de ellas llegó a tomar vuelo nacional porque parte del dinero que había llegado al municipio para pagar a la empresa contratista, fue devuelto al Gobierno nacional que estaba en manos del expresidente Mauricio Macri.
Larroque, 14 cuadras
Los primeros días de mayo de 2016, Larroque se proyectó a los medios nacionales. Es que el entonces intendente, Darío Benedetti (primo del diputado nacional Atilio Benedetti), comunicó públicamente que devolvería un desembolso de 13 millones de pesos que habían llegado al municipio para completar el pago a la empresa OIC SA por la construcción de las 14 cuadras de asfalto que acordó la gestión anterior, de Raúl Riganti.
La noticia fue transmitida en una conferencia de prensa, donde se señalaron presuntas irregularidades en la contratación de la empresa, el monto final de la obra, la contratación de un seguro por parte de OICSA, entre otras situaciones.
Al asumir su gestión, Benedetti ordenó una pericia sobre las 14 cuadras de asfalto, según se dijo entonces. Se detectó en ese momento que el sobreprecio superaría el 70 por ciento del costo de la obra. Es decir, Benedetti dijo en mayo de 2016 que el costo del proyecto presentado en Nación era de 21 millones 600 mil pesos. Pero según la pericia la obra valía apenas 5 millones. El municipio ya le había pagado a OICSA unos 8 millones de pesos durante el mandato de Riganti. Y ya en la gestión de Macri, Nación envió los 13 millones que faltaban para terminar de pagar las 14 cuadras de asfalto.
Benedetti decidió entonces devolver ese dinero. Remarcó que no era posible el pago de más de 1 millón de pesos por cuadra, advirtió que no se llamó a licitación, que fue un concurso de precios. Inquirió por qué no se contrató a una empresa de la zona y se acordó con OICSA, de Paraná.
A horas de la denuncia, respondió el exintendente Raúl Riganti que ya era diputado provincial. También respondió Daniel Hereñú, titular de la empresa contratista.
Riganti dijo que la interna peronista había metido la cola en la denuncia que fue impulsada por Rubén Virué, exfuncionario municipal porque perdió la interna peronista con su esposa. Que todo fue supervisado por el Concejo Deliberante, el Ministerio del Interior y el Tribunal de Cuentas.
Hereñú, por su parte, deslizó sospechas sobre la denuncia. Dijo que se trató de una operación de prensa. Que ocurrió después que ellos reclamaran el dinero presuntamente adeudado, que nación desembolsó los fondos y casi en simultáneo ocurrió la denuncia del mismo gobierno.
En ese contexto inició la causa judicial. La investigación terminó antes que comience la pandemia, es decir, en el inicio del 2020. Durante la pandemia no se pudieron hacer audiencias de control de acusación con la fluidez habitual. Se reanudaron cuando terminó la pandemia. Ese control de acusación concluyó entre diciembre y febrero de este año.
Desde entonces la causa quedó en estado de elevación a juicio. El juez de garantías rechazó muchos planteos defensivos, pedidos de nulidad y otros cuestionamientos. ¿Pero qué pasó? La causa ni siquiera está en manos de la secretaría del tribunal de juicio porque los defensores pidieron pruebas e informes a último momento. El juez de Garantías cerró la etapa de investigación como pidió Fiscalía, hizo lugar a la apertura de juicio pero como la defensa pidió prueba vinculada al precio de cemento, hierros, costo de obra, el juez hizo lugar a los defensores. Esos informes se están recibiendo actualmente. Cuando lleguen todos, el juez dará por cerrada finalmente la producción de informes y se enviará a la secretaría del tribunal de juicio.
La causa está en estado que se inicie el debate, la Fiscalía terminó su investigación, pero está esperando las diligencias solicitadas por la defensa. En unos meses eso debería cerrarse y pasar al tribunal para que fije fecha. Se produjo numerosa prueba. Hubo dificultades al inicio de la investigación y se demoró. Al primer fiscal que fue Sergio Rondoni Caffa, actualmente juez de Garantías de Federación, a quien le anularon el inicio de la investigación y debió hacerse por segunda vez.
Para la Fiscalía, los imputados “Riganti, Marchesini, Hereñú y Rochelle, en forma conjunta, cada uno cumpliendo su rol, defraudaron al municipio de Larroque”. Asimismo, la acusación sostiene que el empresario y funcionarios “realizaron en conjunto una serie de actos a través de los cuales se facilitó la contratación y acuerdo de pago en favor de OICSA para el diseño y ejecución de ‘cordones cuneta, badenes y asfaltado de calles’ que comprendían un total de 14 cuadras (1.176 metros)”.
De ese modo, las autoridades del municipio llevaron a cabo “un concurso de precios con tres empresas a elección, dentro de las cuales se encontraba OICSA, adjudicándose la obra pública en cuestión a la mencionada empresa por un monto de pesos 21 millones 49 mil 304 pesos con 44 centavos". El fiscal sostiene que “el valor económico contratado resultó evidentemente desproporcionado con el valor real de la obra que ascendía a 16 millones 381 mil 373 pesos con 94 centavos”, según resultó de una pericia contable que ofrece la Fiscalía para el juicio. Es decir, se calculan unos 5 millones de pesos de sobreprecio.
La conducta investigada encuadraría en el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública previsto en el Artículo 173 inc. 7°, agravado en la forma prevista por el Art. 174 inciso 5° del Código Penal.
Datos Larroque
Imputados:
Santa Elena, 20 cuadras
En 2017 el entonces intendente de Santa Elena, Silvio Moreyra (cuñado del actual intendente y exvicegobernador, Domingo Daniel Rossi), denunció supuesto sobreprecio en 20 cuadras de asfalto, también del Plan Más Cerca del Ministerio de Planeamiento de la Nación.
Moreyra se presentó ante la Procuración General de la provincia y denunció a su cuñado y "a quien resulte penalmente responsable" de conductas reprochables. El exintendete denunció que el costo de las 20 cuadras de asfalto “superó los 20 millones de pesos, financiados por la Nación”. Al momento de la denuncia la empresa ya había cobrado y los trabajos habían concluido. Pero al poco tiempo “se constataron daños físicos de gravedad en distintos tramos de la obra, vicios constructivos que no se compadecen en modo alguno con la gran inversión destinada a la ejecución de la misma ya que la obra no responde efectivamente a lo requerido, constituyendo un verdadero engaño con el consiguiente perjuicio al Estado”.
La investigación tuvo idas y vueltas. De hecho hubo dos pedidos de elevación a juicio. El primero fue a mediados de 2019 y finalmente se completó esa instancia a mediados de 2020.
La acusación del fiscal sostiene que durante la anterior gestión de Rossi al frente de la Municipalidad, en los años 2014 y 2015, se pagó a la empresa L&C más de 20 millones de pesos para ejecutar la pavimentación de 20 cuadras, cuando el costo máximo estimado en el mercado era de 18 millones y el mínimo de 14 millones.
Los delitos que se le endilgan a Rossi son los de “peculado, falsificación de documentos públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público atribuido en carácter de autor” y los mismos delitos, pero en carácter de partícipes necesarios, a Roberto Carlos Méndez, María Inés Martínez, Adolfo Zenón Ortiz, Néstor Juan Szczech y Carlos Alberto Lescano.
Esta causa también tuvo un capítulo en la Justicia Civil. Moreyra le reclamaba a los acusados de la causa penal -entre ellos, Rossi- que paguen más de 10 millones 937 mil 255 pesos con 46 centavos, en concepto de perjuicio económico al Estado municipal. Lo que ocurrió es que tras 4 años de proceso, el demandado -en este caso, Rossi-, volvió a la Intendencia y decidió, como era previsible, no sostener una demanda en su contra.
En la causa penal se planteó un conflicto de competencia que resolvió el Superior Tribunal de Justicia de la provincia en noviembre pasado. Desde entonces, en el medio ocurrió la probation al empresario Szczech y se espera una fecha para el juicio oral.
Datos Santa Elena
Imputados:
Seguí, 16 cuadras
En mayo de 2016, concejales de la oposición en Seguí advirtieron por carta documento al entonces intendente de Seguí, Cristian Treppo, extitular de la Unidad Ejecutora Provincial (a través del decreto provincial 3912 del 13 de diciembre pasado dejó ese cargo), por la falta de respuesta a los pedidos de información sobre 16 cuadras de asfalto adjudicadas a la empresa OIC SA con fondos del plan Más Cerca.
Ante la falta de respuesta, en junio de ese año decidieron interponer denuncia. Sostuvieron que “las cuadras terminaron costando 1 millón 250 mil pesos cada una, teniendo en cuenta que en sólo 7 de las 16 se hicieron cordones cuneta, lo que hace más ostensible el sobreprecio”.
En la investigación además de Treppo, otros funcionarios públicos del municipio y una ingeniera en construcción contratada, se investigó también a los empresarios. El delito apuntado es peculado.
Según los fiscales, en enero de 2015, durante la gestión de Treppo como intendente de Seguí se realizaron las gestiones ante el entonces secretario de Obras Públicas de la Nación, José López -quien luego fue sorprendido intentando esconder bolsos con dinero en un convento-, para obtener financiamiento destinado a realizar 16 cuadras de asfalto.
Los investigadores sostienen que el intendente de Seguí, en connivencia con los empresarios, acordó “precios desproporcionados con los valores reales de mercado para aquella fecha”. “Los dos empresarios tenían dos meses antes los cómputos métricos, cálculos de precios, términos del pliego de condiciones en formato digital, dos meses antes que se los invitara a participar de la compulsa de precios”, dijo en una audiencia de 2019 el fiscal Franco Bongiovanni.
Para justificar la transferencia de los fondos desde Nación, los fiscales aseguran que se emitieron certificaciones de avance de la obra “sin llevar a cabo ningún tipo de ensayo o control de calidad en la ejecución de los trabajos”.
Datos Seguí
Imputados:
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