Como los fallos escritos en lenguaje críptico para que nadie entienda nada, así se perfila la situación del Consejo de la Magistratura por estos días. Una de las pocas certezas que hay es que para el viernes 15 de abril, cuando se cumpla el plazo de 120 días impuesto por la Corte Suprema, todavía no habrá una nueva ley que modifique su composición según el criterio cortesano, pese a que hubo media sanción el jueves último en el Senado. Aunque quieran y logren milagrosamente un acuerdo, los diputados y diputadas no llegan ni por asomo. ¿Qué pasará?

La sentencia dijo que el organismo se debe integrar de acuerdo al modelo de la ley más vieja derogada en 2006 (sí, derogada, pero válida para el máximo tribunal). Así, el cuerpo debería tener 20 integrantes en lugar de los 13 actuales, incluido el presidente supremo al frente del Consejo. Cada estamento comenzó a elegir a las/los representantes que faltan para completar las bancas, pero ese proceso podría quedar trunco: si bien se votaron dos abogadas y una jueza, la academia promete cumplir su nombramiento al límite y Horacio Rosatti ya se autoeligió, el oficialismo en el Congreso no tiene aún en los planes mandar sus consejeros/as. Para colmo son cargos que se adjudica Juntos por el Cambio. ¿Aparecerá Rosatti igual? ¿Funcionará el Consejo? Aquí algunas pistas de lo que puede venir, de acuerdo a lo publicado en el diario Página/12.

La foto de hoy en la Magistratura

Juntos por el Cambio, un sector de la corporación judicial y los medios afines parecen desesperados porque Rosatti desembarque pronto y maneje el Consejo a como dé lugar. “No hay motivo alguno para que el doctor Rosatti, incumpliendo el fallo que él mismo dictó se venga a desgastar y ensuciar los pies con un avance rápido sobre el organismo cuando hasta ahora todo indica que no hay mayoría para dictar una ley distinta a la que ellos en el fallo dan por vigente”, le dijo el presidente del cuerpo, Alberto Lugones, a el diario Página/12.

“No habrá un descabezamiento del Consejo, que está dispuesto a ofrecer sus funciones más allá de lo que puedan pensar ciertos medios que trabajan más como operadores que como medios porque no les gusta la integración actual e intentan generar una situación crítica”, agregó Lugones. El Consejo es un órgano con funciones codiciadas: elige jueces/zas federales, puede promover sanciones y maneja el dinero del Poder Judicial.

Ante las versiones que indican que el oficialismo no mandaría las designaciones al Consejo para que se conforme con 20 integrantes según el esquema de la Corte, el radical Mario Negri salió a reclamar: “Los dos cargos que faltan nombrarse (del Senado y Diputados) corresponden a Juntos por el Cambio”, dijo, después de dedicar también un rato a comparar la cuarentena obligatoria con Auschwitz. A esos/as representantes los elige el bloque y la presidencia de cada Cámara debe girar el nombramiento. Negri insistió en que tanto Cristina Fernández de Kirchner, como presidenta del Senado, como Sergio Massa, de Diputados, “deberán aceptar el fallo de la Corte” y “no es que pueden tomar decisiones personales, si les gusta o no les gusta”.

“Sería un serio problema institucional si alguno de los dos se niega a firmar las resoluciones para designar al senador y al diputado por la segunda minoría”, advirtió.

Un rato antes, en la misma entrevista con FM Milenium, había dicho que “el 15 de abril se va a construir el nuevo Consejo” y será -enfatizó con aprobación- “con el presidente de la Corte Suprema”, a lo que añadió que “debería funcionar perfectamente porque habrá quórum”. Según ese criterio, tampoco sería imprescindible que ya ese día esté el equipo completo de nuevos consejeros y consejeras.

Es una discusión adicional, la que se viene, por si faltaba algo. En el Consejo, hacia el final de la semana crecían las especulaciones sobre una posible irrupción triunfal de Rosatti en el organismo para inaugurar la nueva etapa con quien sea que esté presente porque cuenta con que el quórum de 12 miembros (propio del modelo de 20 cargos) estará garantizado. El fallo, sin embargo, parece decir algo distinto en la página 25, a menos que se hurgue en busca de alguna otra interpretación semántica: “Los nuevos miembros iniciarán su mandato de manera conjunta y simultánea”.

Quiénes quedan en el Consejo

Negri le adjudica dos cargos en el Consejo a su partido, porque la ley que repuso la Corte dice que el organismo estará integrado por cuatro diputados/as y cuatro senadores/as (ahora hay tres y tres) “correspondiendo dos al bloque con mayor representación legislativa, uno por la primera minoría y una por la segunda minoría”. El razonamiento es que en Diputados el lugar le corresponde a los radicales y en el Senado al PRO. En el primer caso se barajan los nombres de Roxana Reyes y Karina Banfi, y en el segundo el de Luis Juez.

La intención de apurar esas designaciones está en línea con que les entusiasma cómo está quedando el Consejo con las elegidas hasta ahora: por las abogadas entró Jimena de la Torre, una exfuncionaria macrista, de la AFIP del gobierno de Cambiemos, organismo que tuvo gran injerencia en el armado de causas judiciales contra opositores, resaltó el diario Página/12.

También fue elegida María Fernanda Vázquez, decana de la Facultad de Derecho de Lomas de Zamora, a quien ubican cerca del consejero académico Diego Molea, afín al oficialismo. Pero también fue votada la jueza Agustina Díaz Cordero, quien trabajó con Germán Garavano, exministro de Justicia de Cambiemos, e hija de una jueza recién jubilada que tuvo una actuación funcional al Correo Argentino de los Macri en la Cámara Comercial por más de una década y media.

Al grupo hay que sumar a Rosatti, y el Consejo Interuniversitario dice que tendrá representante el lunes 18. La oposición política no tiene, de todos modos, garantizada una mayoría. 

Después de su victoria, De la Torre avisó, cual vocera, que “la Corte tiene intenciones de que su presidente asuma como presidente del Consejo el 15 de abril”.

“Asumo que les tomará juramento a los representantes de los estamentos”, le dijo al diario La Nación. A su entender, no hace falta que asuman ese día los legisladores y sería “irresponsable frenar el Consejo”.

Lugones, quedó claro, interpreta que un nuevo esquema del Consejo no puede comenzar si no asumen todos los nuevos consejeros y consejeras a la vez. Pero que eso no tiene por qué paralizar al cuerpo. Como la Corte dijo que después del 15 de abril las decisiones del organismo serán nulas si no está adecuado a una composición equilibrada, lo que prevé el camarista y consejero es que se dicte un reglamento de emergencia que permita, aunque sea por algunas semanas seguir pagando sueldos, contratos, alquileres, y todo lo que atañe a la administración. Lo que no podría hacer el Consejo es elegir ternas de jueces o impulsar procesos disciplinarios.

Qué pasa con la ley 

La semana pasada el Senado dio media sanción a una nueva ley, basada en el proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo, que postula adecuarse al criterio de la Corte, que había establecido que la política estaba sobre representada. El texto estableció una composición de 17 consejeros/as, con un criterio de equidad de género y federal, que incluso contempla que estén representadas cuatro regiones del país y que se sesione en diferentes lugares.

Pero la clave no está solo ahí sino en que se excluyó a la Corte Suprema del Consejo. La presencia del máximo tribunal en el Consejo es lo que obsesiona a la oposición. La quieren sí o sí. La perciben afín, apuestan a sentencias que los ayuden a blindarse y a perpetuar los ataques al Frente de Todos.  

En Diputados, ya es sabido, no es nada fácil que pase una votación con esa fórmula. Por lo que el oficialismo se dispuso a negociar al respecto y a analizar con buenos ojos la propuesta de Graciela Camaño, que pide que la Corte integre el Consejo pero que no quede a cargo de la presidencia. Camaño integra el Interbloque Federal que no tiene una posición uniforme al respecto. En plan de condicionar se metió como referente Roberto Lavagna, quien contradijo a Camaño y pidió al presidente supremo en la presidencia del Consejo. Camaño replicó: “Lavagna no tiene nada que ver con el bloque ni con el tratamiento del tema”.

El mensaje que llegó del Interbloque al Frente de Todos es que están divididos. En el oficialismo hacen cuentas y creen que, aun así, no está todo perdido. Es más, hay quienes se entusiasman y apuestan a que hacia mayo podrían llegar a acordar una ley, que requiere para su aprobación la mitad más uno de los votos. Podría ser un esquema de 18 consejeros/as. El lunes, dicen, reanudan las tratativas. La idea de evitar por ahora mandar nuevos consejeros/as del parlamento, sin siquiera entrar en la discusión de a qué fuerza le corresponden esos lugares, responde a esa apuesta todavía latente a lograr una nueva ley más temprano que tarde y evitar que la Corte gane la pulseada.