De ANÁLISIS

José Luis González, de 22 años, fue visto por última vez el 18 de diciembre. Estaba domiciliado en calle 3 de Febrero al final de Paraná, y había tenido algunos problemas con la Policía y la Justicia.

El 22 de diciembre apareció un cuerpo en la costa santafesina del río Paraná, en inmediaciones de la Isla Bonita. En el rescate trabajó Prefectura Naval y la investigación, en principio, quedó a cargo de un fiscal santafesino.

El 26 de diciembre familiares del joven cortaron el Túnel Subfluvial reclamando información a la Policía. Sostenían que el cuerpo hallado unos días antes en la costa santafesina, era José Luis González.

Un día después, el 27 de diciembre, confirmaron la identidad del cuerpo. Al día siguiente se comunicó oficialmente que la investigación por la muerte de González pasó a jurisdicción entrerriana. En ese marco, el fiscal Santiago Alfieri quedó a cargo del legajo, ordenó allanamientos -uno a la Comisaría Octava-, confirmó que el deceso había ocurrido producto de un golpe en la cabeza y apartó de la investigación a la Departamental Paraná de la Policía.

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El 30 de diciembre se comunicó oficialmente que funcionarios de la Comisaría Octava de Paraná designaron abogado defensor; y que el fiscal Alfieri investiga dos sucesos: “uno vinculado a la aprehensión ilegal por parte del personal de la Comisaría Octava el 17 de diciembre; y otro por la muerte de González ocurrida a partir de las 18 hs. del 19 de diciembre”.

Posteriormente circularon distintas versiones, declaraciones periodísticas y comunicados cruzados. Organismos de Derechos Humanos apuntan al accionar policial; y desde sectores ligados a la fuerza -puntualmente el jefe de la Policía Gustavo Maslein-, rechazan esa versión.

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“Los policías no tienen nada que ver con el crimen del chico”

Walter Martín López, abogado defensor de los cinco funcionarios policiales investigados en la causa, dio su versión a ANÁLISIS. Aclaró que si bien los policías de la Comisaría Octava de Paraná están siendo investigados, no fueron imputados.

“Están muy dolidos con todo esto porque actuaron conforme a la ley. Se les endilga socialmente este crimen, quedaron mal vistos. Están decididos a confirmar y reafirmar su inocencia; que no tienen nada que ver con el crimen de chico; que actuaron conforme a la ley cuando tuvieron que identificarlo por una denuncia que recibieron”, manifestó.

López reafirmó que “no hay evidencia ni indicio que indique que los funcionarios policiales estuvieron con José Luis e hicieron semejante hecho”. “Expreso públicamente esto por petición de ellos, porque esto ya trajo perjuicio a la familia policial, porque hay una mirada de la sociedad, un juicio social y me pidieron que salga a decir su versión”, acotó.

“No tienen nada que ver”, subrayó después. De cualquier modo, el abogado señaló que los policías “se pusieron al servicio y en colaboración” con la investigación fiscal. “Cuando allanaron la Comisaría Octava les sacaron los teléfonos móviles, eso les trajo inconvenientes. Se presentaron en la causa y me designaron como abogado. De parte nuestra siempre habrá colaboración, respetando el trabajo del fiscal Alfieri”, agregó.

López recalcó que en la investigación se manejan varias hipótesis: “No solo se está investigando la línea policial; también se sabe que González tuvo amenazas de gente del hampa con la que estaba vinculado. Pero en los medios salieron a decir como que fuera sólo la Policía. En la causa hay diversas líneas porque este muchacho estaba amenazado por distintos personajes del hampa, eso figura en el expediente y hay testigos que lo saben”.

Consultado por la identificación que hizo el personal policial el 17 de diciembre, el abogado dijo que “fue en el marco de una denuncia que llegó a la Comisaría Octava”. “Los funcionarios se apegaron a la ley, ellos se dieron cuenta que González era un NN. Mis clientes no tienen nada que ver. Hay evidencias en el expediente que chico estaba amenazado”, reiteró y precisó que apenas iniciada la Investigación Penal Preparatoria (IPP) en el ámbito del Ministerio Fiscal “se puso a disposición la cámara -de la Comisaría Octava- y el libro de guardias, no hubo inconvenientes”.

“Convengamos que en ciertos ambientes, lamentablemente, se tiene a la Policía como enemigo. De ahí a que González haya sido hostigado como se dijo, no creo que haya sido así. Aparte en el expediente se evidencia y los mismos testigos dicen que él estaba con miedo porque había gente del ambiente delictivo que lo tenía amenazado”, manifestó el abogado.

“Sabemos que hay familiares que dicen que podría ser la Policía. A partir de eso el fiscal ordenó el allanamiento que, para mí, fue desacertado pero se lo respeta, porque es una línea a investigar”, acotó.

En cuanto al reclamo de información que hicieron los familiares de González tras la aparición de un cuerpo sin confirmar la identidad, López señaló: “Los policías no sabían. Lejos está que los funcionarios de la Comisaría Octava pudieran saber algo. Además no hay indicio mínimo, ni sospechas ni testigos que hayan visto a los funcionarios”.

Pedido

Por último, el abogado de los cinco funcionarios de la Comisaría Octava cuestionó el comunicado de la Red de Organizaciones de Derechos Humanos de Entre Ríos (RODHER). “Yo también soy defensor de los derechos humanos. Se equivocan cuando ponen a esta causa como violencia institucional. La Policía no tuvo nada que ver. Mis defendidos y clientes no tuvieron que ver y las actuaciones fueron acorde a la ley, y por una denuncia en la Comisaría. Ese comunicado es desacertado, más que nada cuando estamos en los primeros pasos de la investigación. Generó perjuicio en mis defendidos y sus familiares. Así como ellos tiene apuro de poner que en este caso la Policía hizo violencia institucional, cuando se desacredite esto, que los de Derechos Humanos velen por los familiares de los funcionarios que sufren esto”, pidió.

Dijo que entre sus representados hay “funcionarios jóvenes, funcionarios que hace un mes que se recibieron, un sargento con dos guardias en la Comisaría Octava”. “Hay impotencia y desazón en ellos que hicieron bien tu trabajo y los culpan de algo que no hicieron. Los veo mal y desilusionados. Por eso, con la misma perspectiva de derechos humanos, cuando se acredite que los funcionarios no tienen que ver, que brinden el apoyo a las personas perjudicadas”, cerró.