De ANÁLISIS

Se reanudó el debate con la resolución sobre el planteo de nulidades y exclusiones probatorias realizadas ayer por los abogados defensores. El tribunal compuesto por José María Chemez, Elvio Garzón y Carolina Castagno rechazó la mayoría de lo presentado por los abogados defensores. 

Posterior a esto, el abogado defensor de Sergio Urribarri, Raúl Barrandeguy solicitó un cuarto intermedio para poder comunicarse con el embajador argentino en Israel y Chipre, para coordinar su declaración ante el Tribunal. 

Barrandeguy y el resto de los defensores Candelario Pérez, Ignacio Díaz, José Velázquez, Emilio Fouces, Marcos Rodríguez Allende y Miguel Cullen, habían atacado los informes periciales realizados por el Ministerio Público Fiscal. Dijeron que no se trata de “pericias” sino que son una especie de informes de parte, elaborados por profesionales que consideraron no idóneos en las materias que se expidieron. El Tribunal rechazó el planteo defensivo. 

Además, volvieron a criticar la separación del juicio del imputado Fernando Montañana -publicista de Concepción del Uruguay, acusado en el legajo conocido como ‘causa de la vaca’-. Aseguraron en ese punto que su exclusión del debate afecta el ejercicio de la defensa en juicio del propio Montañana y de otros imputados.

Pero estos argumentos también fueron desechados por el Tribunal de Juicio. 

También sufrieron el rechazo de la incorporación como testigo del extitular del AFSCA, Gabriel Mariotto, tras el fallecimiento del exdirector de la Biblioteca Nacional, Horacio González, convocado por la defensa del exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez.

Los fiscales Juan Francisco Ramírez Montrull, Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Cecilia Goyeneche habían contestado uno por uno los planteamientos. Dijeron que los informes periciales atravesaron la instancia de control en la Justicia de Garantías. Agregaron que, en ocasiones puntuales, los propios defensores no participaron de la producción de esos informes cuando fueron citados en reiteradas ocasiones para la instancia. Sumaron en el mismo sentido que los abogados pidieron la intervención de profesionales organismos extrajudiciales en la producción de pruebas y debieron convocarlos, pero no lo hicieron. Preguntaron por qué, si no estaban de acuerdo con la intervención de algunos profesionales del Ministerio Público Fiscal en la producción de los informes, no los recusaron en su momento. “Las mismas partes que en su momento acordamos esta producción de prueba, ahora la están cuestionando. Claro que nos sorprende esto que están haciendo, porque hicimos un acuerdo para admitir esta prueba y después la están cuestionando. No solo precluyó la etapa para eso, sino que carecen de razón y se produce una contradicción con la acción procesal anterior, validada por la Justicia de Garantías”, contestó Goyeneche.

Identificaciones:

Tras dar a conocer la resolución sobre esta discusión, los jueces identificaron a los imputados. De este modo, se chequearon los datos personales de cada uno.  Así pasó con el exgobernador Sergio Urribarri; el exministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez; el empleado legislativo Juan Pablo Aguilera; su esposa Luciana Almada; el hermano de ella, Alejandro Almada; Maximiliano Sena; Emiliano Giacopuzzi; los empleados del Gobierno de Entre Ríos, Gustavo Tórtul y Hugo Céspedes; la contadora Corina Cargniel; el exministro de Turismo Hugo Marsó; el empresario Gerardo Caruso; Gustavo Tamay y el empresario Germán Buffa.