El Poder Judicial había fijado una nueva fecha de audiencia para la discusión de la elevación a juicio de la causa que tiene como principal imputado al exintendente de Seguí y actual titular de la Unidad Ejecutora Provincial, Cristian Treppo. Estaba todo dado para que el próximo martes 14, a las 10 de la mañana, se discuta la elevación a juicio frente a la mirada del juez Ricardo Bonazzola. 

Sin embargo, a pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) y las defensas, la audiencia fue postergada, Las partes argumentaron el pedido porque consideran que se encuentra en trámite de una salida alternativa, que sería la de juicio abreviado. Cabe recordar que para que un caso se resuelva en esa instancia, debe haber un reconocimiento del delito cometido por parte de los acusados.

Se trata de la causa que se inició en 2016 a raíz de la denuncia del bloque de concejales de Cambiemos de Seguí, que afirmaron que hubo un sobreprecio en la obra de pavimentación de 16 cuadras que se ejecutaron con fondos del plan nacional “Más Cerca”, del Ministerio de Planificación Federal, durante el kirchnerismo, según publicó Entre Ríos Ahora.

Treppo está acusado del presunto delito de peculado, que alcanza también a otros funcionarios y un grupo de empresarios de la construcción. Según la Fiscalía, la obra habría tenido un sobreprecio de más de $5 millones.

Los fiscales que intervienen en el caso son Gonzalo Badano y Franco Bongiovanni. En tanto, la defensa de Treppo está a cargo del abogado Germán Coronel. Éste también defiende a la ingeniera en construcciones Carina Zapata, que fue contratada por el municipio para proyectar la obra; y al contador municipal Darío Alexis Monzón.

Por su parte, estará Miguel Ángel Cullen como defensor de Aníbal Herenú, titular de la empresa Organización Industrial Construcciones SA (OICSA), a quien se adjudicó la obra; y del vicepresidente segundo de la delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, Néstor Iván Szczech; mientras que los abogados Julián Pedrotti y Roberto Krochick, defensores del ingeniero de la firma, Hernán Barrera.

En marzo de este año, el juez Bonazzola rechazó un planteo defensivo para que la causa pase a la Justicia Federal. El fundamento de los letrados era que los fondos para la obra eran nacionales y, por lo tanto, el asunto estaba fuera de la jurisdicción de la Justicia provincial.

El magistrado resolvió que si bien los fondos fueron aportados por el Ministerio de Planificación Federal de la Nación, el uso fue por parte de la Municipalidad de Seguí, y por tanto corresponde a la Justicia provincial entender en la materia.

Además, dijo que no hay ningún funcionario del gobierno federal imputado por el Ministerio Público Fiscal y que el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos auditó la rendición del dinero utilizado en la obra.

Acusación y defensa

Los representantes del Ministerio Público Fiscal sostienen que el intendente de Seguí, en connivencia con los empresarios acordaron “precios desproporcionados con los valores reales de mercado para aquella fecha”.

Además, afirman que se emitieron certificaciones de avance de la obra “sin llevar a cabo ningún tipo de ensayo o control de calidad en la ejecución de los trabajos”.

En el escrito de elevación de la causa a juicio, los acusadores públicos adelantaron que en el eventual juicio pedirán para Treppo 6 años de prisión de cumplimiento efectivo, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.

En tanto, para Monzón y Zapata solicitará 4 años y 6 meses de prisión; para Daniel y Néstor Hereñú pedirán 4 años de prisión; y para Barrera y Szczech, 3 años y 6 meses de prisión. Al igual que Treppo, también se le agrega la inhabilitación absoluta perpetua.

El abogado de Treppo, Germán Coronel ha señalado en diferentes oportunidades que insistirá con el pedido de sobreseimiento, ya que entienden que en el caso no existió delito, ni irregularidad alguna en la pavimentación de las 16 cuadras. Para el letrado, la causa se abrió “motivada por razones políticas de dos concejales”.

En 2020, Treppo fue sobreseído de una causa en la que la Fiscalía le endilgaba el delito de falso testimonio. La acusación surgió tras su declaración como testigo en el juicio en el que terminó condenado, en 2018, el exvicegobernador Héctor Alanis y el exsenador radical Humberto Ré.