Un tribunal superior confirmó el rechazo de la jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata al pedido formulado por algunos defensores para que se suspendan todos los actos procesales en la conocida como causa contratos. Así, la causa penal que investiga la contratación de personal bajo una modalidad que se presume “trucha” en la Legislatura entrerriana en el período que va de 2008 a 2018, que tiene pedido de remisión a juicio y sobre la cual hay un debate de competencia con la Justicia Federal, seguirá avanzando en los Tribunales provinciales.

El último 10 de agosto la jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata había rechazado el pedido formulado por algunos defensores para que se suspendan todos los actos procesales en la causa “Beckman, Flavia Marcela- Scialocomo, Esteban Ángel Alberto- Alvarez, María Victoria s/estafa”, tal como se caratuló la investigación sobre los contratos en la Legislatura. La petición fue que el trabajo investigativo se aplazara hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida sobre el conflicto positivo de competencia, enviado por el juez federal de Paraná Daniel Edgardo Alonso, ante el rechazo de la magistrada a la competencia federal y la confirmación de la competencia provincial para juzgar los hechos acaecidos en el ámbito de la legislatura de Entre Ríos.

Un tribunal superior revisó lo actuado por Barbagerlata, y confirmó el rechazo a la solicitud de los defensores, supo Entre Ríos Ahora.

La jueza Barbagelata ya rechazó un planteo recusatorio contra los fiscales que investigan la causa contratos, Patricia Yedro e Ignacio Aramberry. «La crítica formulada corresponde a una diferente valoración a una actitud probatoria de los elementos colectados en la investigación penal preparatoria», dijo la magistrada y señaló que ello se verifica cuando el abogado Emilio Fouces -defensor de Sergio Cardoso, José Javier Schneider y Jorge Fabián Lazzaro- sostuvo que sus defendidos son imputados «solo por hacer su trabajo».

En su resolución, sostuvo que «los recusantes no pudieron individualizar ningún elementos que pusiera de relieve la alegada existencia de un interés diverso del propio ejercicio de la persecución penal, inherente a la función de la Fiscalía. Siendo la disconformidad con las conclusiones fiscales en el requerimiento a elevación a juicio lo que funda la critica al Ministerio Público Fiscal, todo lo cual deberá ventilarse en la etapa procesal oportuna».

También, aseveró que no advirtió la pérdida de objetividad ni un apartamiento de las normas de la Convención de la Lucha contra la Corrupción ni de la Ley 26.097 (Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción). Por último, rechazó las recusaciones contra el Procurador General y la Fiscal C oordinadora, que formularon los abogados Vartorelli y Cullen. Al respecto, dijo que sus dichos «se resumen a manifestaciones genéricas, dogmáticas y extemporáneas, porque lo planeado en la audiencia pasada no formó parte del escrito de recusación que se le corrió traslado al Procurador».

La jueza también rechazó suspender la tramitación de la causa hasta que la Corte se expida sobre la cuestión de competencia. Ante esa decisión, los defensores Miguel Ángel Cullen, que representa a los imputados Gustavo Hernán Pérez, exdirector del Servicio Administrativo Contable del Senado, y Pedro Opromolla; Leopoldo César Cappa, defensor del imputado Ariel Fure; y Leonardo Schonfeld y José Velázquez, defensores de los imputados, Flavia Beckman, Hugo Mena, Esteban Scialocomo, Pablo Balladares, María Jazmín Mena Gioveni, Viviana Giselle Mena Gioveni, Alejandro FEerreyra, Fernando Sarnaglia y Andrea De Martín, acudieron con un recurso de queja ante la camarista María Carolina Castagno, que rechazó la petición.

En su resolución, Castagno dispuso «tener por correctamente denegados los recursos de apelación».