El Vaticano juzgará al cardenal italiano Angelo Becciu, echado por el papa Francisco en 2020, por “peculado y abuso de poder”, junto a otras nueve personas y cuatro empresas, en la causa que investiga supuestos fraudes con la compra de un edificio en Londres por casi 200 millones de euros.

Según un comunicado divulgado por la Santa Sede, la justicia vaticana ordenó “el envío a juicio de los imputados en el asunto relacionado con las inversiones financieras de la Secretaría de Estado en Londres”, cuyas audiencias comenzarán “el 27 de julio”.

Una de las pruebas fue un inmueble en el número 60 de Sloane Avenue, en el barrio Chelsea, de Londres, adquirido con fondos reservados mientras Becciu se desempeñó como “número 3” de la Santa Sede y que provocó pérdidas millonarias al fondo de caridad que gestiona el Papa.

Tras más de dos años de investigación a funcionarios laicos y religiosos por supuesta malversación de fondos en la compra y venta de propiedades, incluido un edificio en Londres por casi 200 millones de euros, el Vaticano dispuso el comienzo de las audiencias que, por primera vez, sentarán a un purpurado en el estrado, consignó la agencia de noticias Télam.

“También surgieron elementos contra el cardenal Giovanni Angelo Becciu, contra quien procedemos, como exige la ley, por los delitos de malversación y abuso de poder también en concurso, así como soborno”, precisó el comunicado vaticano.

Tras el comunicado, el equipo legal de Becciu distribuyó otro texto en el que el cardenal dice ser “víctima” y que “se inventó de todo” contra su persona. “Finalmente está llegando el momento de que se aclare todo”, deseó el purpurado.

Becciu fue removido por Francisco de su cargo de prefecto de la Curia Romana en septiembre del año pasado y despojado del derecho de participar de un cónclave en medio de la investigación por supuestos desmanejos y desvíos de fondos de la Santa Sede que derivó en el juicio que iniciará a fin de mes.

Además, el ex sustituto de la Secretaría de Estado entre 2011 y 2018, estuvo desde el primer momento involucrado con el escándalo de inversiones inmobiliarias en Londres por cerca de 200 millones de euros financiadas con dinero de la colecta de caridad del Papa, a partir de una investigación impulsada por Jorge Bergoglio.

Tras esa denuncia de las autoridades del Instituto para las Obras de Religión (IOR), conocido como el “Banco del Vaticano”, habían sido allanadas oficinas de la secretaría de Estado por primera vez en la historia, donde la justicia vaticana secuestró documentos.

Luego fueron suspendidos cinco funcionarios en un episodio que derivó en la dimisión del hasta entonces jefe de seguridad del Papa, Domenico Giani.

Además de Becciu, otras nueve personas fueron enviadas a juicio, entre ellas el extitular de la agencia de información financiera del Vaticano, René Brülhart, acusado de “abuso de poder”, y el exfuncionario de la secretaría de Estado, Mauro Carlino, con los cargos de “extorsión y abuso de poder”.

También el corredor inmobiliario italiano Gianluigi Torzi será juzgado por el Vaticano, acusado de “extorsión, peculado, fraude, apropiación indebida y lavado de dinero”.

“Las actividades preliminares, también realizadas con comisiones rogatoriales en muchos otros países extranjeros (Emiratos Árabes Unidos, Gran Bretaña, Jersey, Luxemburgo, Eslovenia, Suiza) permitieron sacar a la luz una red de relaciones con los operadores del mercado financiero que generó pérdidas sustanciales para las finanzas del Vaticano, habiendo recurrido también a recursos destinados a las obras de caridad personal del Santo Padre”, argumentó el comunicado vaticano.

Entre las personas enviadas a juicio se encuentra también la italiana Cecilia Marogna, acusada de “peculado” tras haber sido investigada por la supuesta malversación de 500.000 euros que Becciu le habría otorgado para formar una red de diplomacia paralela en la Santa Sede, y que fue primero arrestada y luego puesta en libertad tras ser denunciada a Interpol por la justicia vaticana.

Con Becciu y los otros imputados, el Vaticano dispuso el envío a juicio de cuatro firmas: HP Finance LLC; Logsic Humanitarne Dejavnosti, D.O.O., - Prestige Family Office SA, y Sogenel Capital Investment, por delitos de fraude y peculado.

Tras el comunicado, fuentes de la Secretaría de Estado informaron que el organismo se presentará como parte civil en el proceso, con representación legal de la abogada y ex ministra de Justicia italiana Paola Severino.