La defensa del exdiputado provincial del PJ y mandamás de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), José Ángel Allende, solicitó a la Justicia que fije fecha para que se concrete una nueva audiencia de juicio abreviado en la que el dirigente reconocerá por segunda vez los delitos de enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública, amenazas y coacciones.

“Nosotros pedimos la fecha de audiencia hace un mes, pero estamos esperando que se puedan volver a hacer las audiencias presenciales”, señaló el abogado Leopoldo Lambruschini, defensor de Allende, al ser consultado por Entre Ríos Ahora.

Cuando se lleve a cabo, será la segunda audiencia donde se trate el acuerdo de juicio abreviado que alcanzó el exlegislador con la Fiscalía. Y es que el 22 de octubre de 2020, los jueces José María Chemez, María Carolina Castagno y Alejandro Joel Cánepa, rechazaron el acuerdo con una serie de observaciones.

En el acuerdo se estableció que el dirigente reciba una condena de dos años y ocho meses de prisión condicional; el pago de una multa de $3 millones, e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Además del decomiso de dos propiedades, una en calle Laprida al 100; y otra en el palacete de calle Alberti, en la zona del Parque Urquiza.

La Procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche y el defensor de Allende, Leopoldo Lambruschini, acudieron a la Cámara de Casación Penal de Paraná con el pedido de nulidad del rechazo al abreviado. El 30 de diciembre de 2020, los jueces Hugo Perotti, Marcela Badano y Marcela Davite hicieron lugar al pedido de nulidad y reenviaron el expediente para que se realice una nueva audiencia de abreviado.

Al respecto, Lambruschni señaló que todavía no hay fecha para la audiencia que pondrá fin a las causas del dirigente. “Nosotros pedimos fecha de audiencia hace un mes, pero por el tema de la pandemia no se están realizando. El Superior Tribunal de Justicia sacó una acordada que fue prorrogando con la que suspendió las audiencias presenciales”, recordó.

Consultado si la audiencia puede desarrollarse por completo de manera virtual, afirmó que “se necesita la presencia de las partes, pero es difícil ya que en esta causa somos muchos. Están los fiscales, los defensores, la Fiscalía de Estado, los abogados de la ministra y un periodista. Pedí la fijación de audiencia pero no voy a insistir porque ya sé que la respuesta es que por la pandemia no se pueden hacer”.

En relación al acuerdo alcanzado con la Fiscalía, remarcó que no tuvo modificaciones tras el rechazo de octubre del año pasado que emitió un Tribunal. “Se hizo un único abreviado. En su momento, los jueces entendieron que no correspondía homolgarlo. Ahí nosotros hicimos un recurso de Casación y dijimos que la sentencia era arbitraria. La Casación anuló la sentencia y es como si no hubiese existido ese primer fallo. Entonces, envió el expediente a la Cámara para que otro tribunal haga un nuevo juicio abreviado”, explicó.

Finalmente, señaló que por ahora sólo se cumplió con la designación del juez que presidirá la audiencia. La misma estará a cargo del juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones Elvio Garzón. “Será un Tribunal unipersonal, pero el juez puede definir integrarlo con dos más. Hasta donde sé no han integrado con otros jueces”, finalizó.

El acuerdo

El acuerdo de juicio abreviado incluye un pedido para que se imponga a Allende por los delitos de enriquecimiento ilícito de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, coacciones y amenazas en el marco de una situación de violencia de género (en perjuicio de la ministra de Salud Sonia Velázquez y el periodista Martín Carboni) la pena de dos años y ocho meses de prisión de cumplimiento condicional, el pago de una multa de $3 millones, e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.

También acepta el decomiso de dos propiedades, una en calle Laprida al 100, que sería destinada a la Unidad Fiscal de Violencia de Género; y el palacete de calle Alberti, en la zona del Parque Urquiza, que iría para el Consejo de la Magistratura.

Incluye, además, el cumplimiento de reglas de conductas por dos años: a) fijar domicilio, y en caso de modificar el mismo, la obligación de informarlo; b) la prohibición de realizar cualquier tipo de actos violentos, molestos y/o perturbadores, a las víctimas y su grupo familiar por sí o por interpósita persona; c) realizar algún tipo de actividad relacionada con la violencia de género y la libertad de expresión; d) prohibición de verse involucrado en cualquier comportamiento violento.

El escrito fue firmado por Allende, sus abogados Julio Federik, Leopoldo Lambruschini y Marcos Rodríguez Allende; y los fiscales Laura Cattáneo, Álvaro Piérola y Leandro Dato.

Un Tribunal rechazó el abreviado y luego la decisión fue anulada

En octubre del año pasado, cuando un Tribunal rechazó dicho acuerdo –decisión que Casación luego anuló- se cuestionó en primer lugar al año de corte de la investigación sobre enriquecimiento de Allende, de 1999 a 2016, y no 2019, que fue cuando concluyó su período ininterrumpido de diputado provincial por el PJ. “Vimos  que se habían ordenado una serie de medidas que se produjeron y que se extendían más allá de ese plazo. Por ejemplo, la pericia de la División Lavado de la Policía Federal fue en 2019”, observó el juez José María Chemez.

Luego cuestionó el monto del enriquecimiento. La pericia que desarrolló el perito Héctor Enríquez, del Ministerio Público Fiscal, estableció un enriquecimiento por 1.362.860,37 dólares. Pero el acuerdo entre la Fiscalía y la defensa de Allende bajó ese monto a 1.069.841,19 dólares.

Para bajar el monto, dijo Chemez, se pretendió introducir prueba que había sido rechazada, como facturas de 2013 que resultaban ilegibles para el perito contador.

El Tribunal también cuestionó que se haya dejado afuera del patrimonio de Allende un departamento ubicado en el 6° piso B del edificio de calle Cervantes 492. Ese departamento figura a nombre de uno de los hijos de Allende, Julio, adquirido en 2006 cuando no tenía capacidad financiera para hacerlo (era empleado de la Cámara de Diputados). “Su hijo no tenía ingresos para justificar esa compra”, observó el tribunal.

Además, los jueces cuestionaron que se haya aceptado como parte de la condena decomisar una propiedad de calle Laprida 152, que no tiene libre disponibilidad sino que está en poder de una tercera persona que nada tiene que ver con Allende.

Tampoco vieron con buenos ojos los jueces que se haya propuesto desincriminar a toda la familia de Allende –pareja, expareja e hijos- del delito de enriquecimiento ilícito. También criticaron el monto de la multa que se le impuso a Allende, $3 millones, cifra que es a valor histórico y en pesos, cuando, actualizado, debió haber sido de 500 mil dólares.

El tribunal también receptó la queja de la ministra de Salud, Sonia Velázquez, que se quejó por el cambio de la figura legal del delito imputado a Allende, amenazas y no coacciones agravadas.