El abogado penalista de Paraná, Julio Federik, analizó el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal y su implicancia desde el punto de vista institucional.  

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Federik indicó que “cuando hay una razón política detrás de una pretensión legislativa hay que medir qué es lo que se quiere lograr y qué es lo que se está afectando”. En este caso, explicitó que “el Ministerio Público es el cuarto poder dentro de la Constitución; está integrado por el procurador y el defensor General de la Nación que no integran el Poder Judicial, por lo tanto es un extra-poder, es un órgano absolutamente independiente, con manejo propio de su presupuesto, nombra su gente, y demás. Entonces, dentro de la Constitución colocar que al titular de un órgano extra-poder se lo puede nombrar con mayoría simple quiebra la sistemática de la Constitución”.

Como ejemplo, mencionó que “si para nombrar el Defensor del Pueblo que es de menor jerarquía que el procurador General de la Nación, se necesitan una mayoría especial de dos tercios para darle legitimidad y que tenga la fuerza suficiente para actuar, no se le pueden quitar los dos tercios al procurador”. “Esto tiene que ver con lo que es la organización sistemática del poder dentro de la Constitución; y pretender quitarle esos dos tercios y que lo pueda nombrar una simple mayoría es un error”, sentenció.

En tal sentido, reiteró que “cuando hay una razón política para hacer una modificación en alguna norma que tiene implicancia directa con la Constitución hay que medir cuales son las consecuencias que tiene dentro del plano complejo que es toda la Constitución”.

Asimismo, cuestionó “que le pongan un tiempo de cinco años” y aclaró: “Yo estoy a favor de los periodos, pero en un periodo de cinco años no se puede desarrollar la política criminal del Estado; la persecución criminal del Estado –cómo se persigue el narcotráfico, el abuso, y demás delitos- lo define la Procuración, no lo define un comisario. El que dispuso ese tiempo de cinco años no tiene la más mínima idea de lo que significa el manejo de la política criminal dentro de un sistema jerárquico”.

Insistió que “este análisis no es político; estamos tratando de verificar si una norma que va a modificar el nombramiento del procurador General y del defensor General y le va a establecer un tiempo de actuación respeta la sistemática de la Constitución y si conviene o no desde el punto de vista institucional”.

En cuanto a la postura de Daniel Rafecas de declinar su candidatura como procurador si se lo elige por mayoría simple, Federik analizó que “se da cuenta que quiebra la sistemática de la Constitución”.  

Asimismo, consultado por la afectación sobre causas que investigan hechos de corrupción, opinó: “Si somos puristas, diremos que según establece la Constitución el principio de persecución obliga a seguir adelante con absolutamente todo, pero hay una serie de atribuciones que tiene la Procuración vinculadas con la persecución, que pueden afectar la eficacia de esta persecución”. “Está absolutamente claro que la ley establece la manera en que se debe llevar adelante la persecución penal, y eso está muy bien, porque a esa persecución penal no la puede decidir la policía, la decide la Procuración”, insistió.

Marcó además que “evidentemente es un problema adicional” el hecho de que la política marque el ritmo de la Justicia y reflexionó que “si les ha costado tanto designar un Procurador después de la barbaridad que hicieron con (Esteban) Rigghi, que fue uno de los grandes procuradores que tuvo la Nación, y ahora con otro nivel como es el caso de Rafecas que es un jue de la Nación y es una persona conocida y demás, dice que no aceptará si se le quiebra la mayoría que corresponde, es porque sabe perfectamente que se le quiebra la legitimidad”.

Y agregó que “evidentemente en esto Rafecas se ha plantado como corresponde, me parece que hizo lo que debía hacer”. “La solución debe buscarse dentro del marco institucional, y si no se puede encontrar allí esa solución, no se puede pegarle una patada al sistema constitucional para hacer lo que quiero. Hay que tener el suficiente manejo desde lo político o de alianzas o lo que fuere para ubicar a determinado funcionario, pero si no se puede colocar a ese funcionario, no se puede quebrar una estructura institucional, y eso es precisamente lo que está marcando Rafecas”, concluyó.