La jueza de Transición y Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, habló de las dificultades que implicó el trabajo en la denominada causa ATER en la cual determinó la elevación a juicio con 31 personas imputadas por defraudación a la administración pública.

“Ha sido una causa muy costosa para mí porque más de la mitad del trámite de la causa se hizo ya habiendo terminado el Juzgado de Instrucción y trabajé solo con una persona más que colaboró, y fue muy complicado”, admitió Barbagelata en declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza).

Agregó que “fue una causa complicada tramitarla en la instrucción, también tramitar la apelación y para la Fiscalía hacer el auto de elevación. No tanto la complejidad de la causa como el volumen, en un punto era una causa que valía medio Juzgado”.

Recordó que “en el auto de mérito fueron 128 procesados, 58 personas sobreseídas más las personas que ya antes del auto de procesamiento fueron indagadas y se acogieron al derecho de suspensión del juicio a prueba. Era una causa inabarcable”.

Como ejemplo, mencionó que “hubo que correr traslado de un auto de procesamiento a 128 personas, esperar y verificar el tiempo; las personas podían cambiar de abogado en el medio y había que volver a notificarlas; es decir que una sola persona impactaba en la demora de todas las cuestiones y además por la voluminosidad se accedió a ampliar los plazos al correr traslado a las defensas porque esa dificultad que teníamos en el Juzgado se espejaba de alguna manera en las defensas y en el trabajo de la Fiscalía”.

Por otra parte, la magistrada confirmó que “el cálculo de la defraudación es de alrededor de 50 millones de pesos a valores de 2014” y aclaró que “la causa empezó con 300 imputados y se fue alivianando por la resolución de las situaciones procesales, principalmente a través de la suspensión de juicio a prueba, para lo cual los imputados debían regularizar su situación en ATER y garantizar la cancelación de la deuda para poder obtener el sobreseimiento que implica el cumplimiento del juicio a prueba. Esto implicó el recupero de un porcentaje altísimo de lo que fue la defraudación, más intereses, compensatorios, moratoria y multas”.  

“Con todos los sobreseídos se verificó que cancelaron la deuda pero además se les imponía el pago de un importe de reparación económica por el daño causado por el delito cometido, que es por fuera de la deuda tributaria que también debieron pagar”, agregó.

Asimismo, explicó que “se derivó a la ATER para que hiciera las actualizaciones que se hacen frente a cualquier deuda tributaria y estableciera un plan de pago. Acá se trataba de una deuda tributaria que en la contabilidad del fisco aparecía pagada por compensación –que ese era el fraude- entonces cuando se podía establecer que esa deuda no estaba pagada el propio fisco se encargaba de hacer la liquidación”.  

En tanto, señaló que “habrá 31 personas que irán a juicio” y estimó que el proceso “llevará por lo menos dos meses porque son atribuciones delictivas muy complejas y dependerá de cómo abordarán las defensas y de las pruebas que presenten, que es todo documental porque se basa en la manipulación del sistema informático de ATER; además habrá gran cantidad de testigos para declarar”.

“Además, las personas sobreseídas o que están ahora con suspensión del juicio a prueba, lo están en relación con el hecho del que participaron pero también a los funcionarios públicos que estaban adentro de ATER se les atribuyen todos esos hechos también, y tienen que responder por esos mismos hechos. Es muy voluminosa la causa y por eso va a llevar mucho tiempo el trámite en sí y sobre los términos que establece la ley para dictar sentencia, deberá hacerse en el ritmo en que se pueda avanzar en la producción de la sentencia misma”, se explayó.

Por último, consultada por las posibilidades de que un fraude similar se repita, reflexionó que “siempre es posible en la medida en que las personas que manipulan las herramientas no sean integras. La única manera de garantizar que esto no suceda es con personas íntegras, tanto dentro de los organismos como de los organismos de control y dentro de la Legislatura generando leyes que permitan controles cruzados, verticales y que establezcan mecanismos que impidan o dificulten estas cosas”.

“Cada uno debe trabajar desde su lugar. Todo sistema es falible y la mayor falibilidad está en el carácter de las personas que lo manipulan. Esto puede a volver a pasar como puede pasar en cualquier lugar del momento, en cualquier sistema, y tanto desde adentro como desde afuera. Por supuesto, puede volver a haber estafas, pero sí es posible generar controles que impidan que estas cosas duren los más de 10 años que estuvo esta defraudación sin ser advertida”, concluyó.