El procurador general del Tesoro, Carlos Zannini, consideró que la Corte Suprema no es competente para intervenir sobre la disputa planteada por la Ciudad de Buenos Aires contra el Estado Nacional por el recorte de fondos. Lo hizo a través de un escrito presentado esta tarde ante el máximo tribunal, en las horas previas a la audiencia de conciliación pautada para este miércoles a la mañana entre el gobierno y las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires.

“Vengo a plantear la excepción de incompetencia y declinatoria de la competencia de esta Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación, por cuanto el caso de autos no se ajusta a ninguno de los supuestos taxativamente señalados en el art. 117 de la Constitución Nacional, por lo que no corresponde que la presente contienda planteada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tramite en la jurisdicción originaria de este Alto Tribunal”, considera el escrito firmado por Zannini.

Mientras escala la tensión entre la Casa Rosada y el gobierno porteño por la disputa sobre la presencialidad en las escuelas, en las últimas horas circularon versiones de que el gobierno pediría postergar la audiencia de conciliación programada para abordar el recorte de fondos a la Ciudad de Buenos Aires.

En el entorno de Horacio Rodríguez Larreta indicaron que el gobierno nacional tenía intenciones de correrla para más adelante, pero cerca de Alberto Fernández no dieron información al respecto. Finalmente, Zannini presentó el escrito en el que planteó la incompetencia de la Corte.

En simultáneo, corre el plazo para que el procurador del Tesoro presente su descargo por el la acción declarativa de inconstitucionalidad presentada por Rodríguez Larreta contra la suspensión de las clases presenciales. En el máximo tribunal se acumularon dos puntos que tensaron fuerte la relación entre ambas administraciones en los últimos meses, publicó La Nación.

La convocatoria a la audiencia conciliatoria de mañana había sido una medida celebrada por las autoridades porteñas en el expediente de altísimo voltaje político que analizará si es constitucional o no el recorte de fondos a la Ciudad de Buenos Aires.

En caso de que este encuentro ocurra, la audiencia será presencial y cada jurisdicción deberá enviar a sus representantes. No estarán allí los ministros de la Corte sino el secretario de Juicios Originarios, Alejandro Rodríguez, quien fue designado hace dos años con el aval de los cinco jueces.

La Ciudad tiene previsto enviar como representantes al procurador general, Gabriel Astarloa; al ministro de Hacienda y Finanzas, Martín Mura; y al secretario de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro. Como representantes del Estado nacional está previsto que participen el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, y la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, pero no de forma presencial sino mediante la presentación de escritos.

Tanto la suspensión de clases presenciales en el AMBA como el recorte de fondos de coparticipación a la Ciudad fueron dos decisiones del gobierno nacional cuestionadas y judicializadas por Rodríguez Larreta.

Rodríguez Larreta presentó un amparo en septiembre del año pasado con el fin de revertir la quita de fondos por la coparticipación federal dispuesta por el presidente Fernández en un decreto. Ese recorte de fondos ya fue convertido en ley en diciembre del año pasado. La demanda contra el Estado nacional es una acción declarativa de inconstitucionalidad de la nueva ley, acompañada de un reclamo económico para recuperar el dinero.

Pero el enfrentamiento entre el distrito porteño y la Casa Rosada se agudizó el fin de semana pasado, cuando el domingo a última hora un fallo de la justicia porteña en lo contencioso administrativo ordenó a la administración de Rodríguez Larreta garantizar la presencialidad en los colegios.

El fallo de la Justicia porteña no cayó bien en el gobierno nacional. Cerca del Presidente dijeron que un tribunal local no puede dejar sin efecto una decisión federal, y cuestionaron tanto el fallo de la Justicia porteña como la judicialización del DNU por parte de Rodríguez Larreta ante la Corte Suprema.

El otro reclamo de la Ciudad: las clases presenciales

En simultáneo, el procurador Zannini ultima los detalles del escrito que presentará ante la Corte para defender la constitucionalidad del DNU que dispuso la suspensión de clases presenciales. La Corte ya se declaró competente para resolver la disputa entre Nación y Ciudad y le corrió vista ayer a la dependencia conducida por Zannini para que se exprese sobre el tema.

Los jueces de la Corte tienen en sus manos definiciones de altísimo impacto político: más allá de que en el Gobierno sostienen que es un asunto sanitario, y de que el propio Rodríguez Larreta dijo que se trata de una cuestión meramente relacionada a la educación, la disputa sobre si las clases deben continuar de manera presencial o virtual se tornó un asunto divisorio en el terreno político.

Por eso, por estas horas tanto en el entorno del Presidente como cerca del jefe de gobierno porteño se especula con las posiciones que adoptarán los cinco ministros de la Corte sobre la cuestión de fondo. Ya trascendió que Elena Highton de Nolasco se abstendrá de intervenir, porque ya consideró en oportunidades anteriores que para resolver las diputas entre la Nación y la ciudad de Buenos Aires la Corte no es competente.

Se presta suma atención, por ende, a los votos que emitirán Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.