Este lunes 1 de marzo el ex jefe municipal de Crespo, Ariel Robles (PJ), se sentará en el banquillo de los acusados por el supuesto delito de peculado, en el marco de un expediente en el que se investigó la presunta distribución de materiales de construcción entre 2014 y 2015 con el fin de “captar votos”, consignó Entre Ríos Ahora.

Robles se enfrentará a un pedido de prisión de 4 años. Su exsecretaria de Hacienda y Economía, la contadora Leonor Evangelina Winderholler, también tiene solicitada la misma pena; en tanto que su exsecretario Gobierno, Jorge Jesús Waigel, piden 3 años y 6 meses de cárcel. La diferencia en la solicitud del castigo se debe a que los dos primeros están acusados de coautores del delito de peculado, en tanto que al último se le endilga haber sido partícipe primario.

El juicio

L as audiencias se desarrollarán los días 1, 2, 3, 4, 5 y 8 de marzo. El fiscal de la causa es Franco Bongiovanni. Los abogados defensores, por su parte, son Miguel Ángel Cullen y Guillermo Vartorellli.

El expediente fue elevado a juicio en la audiencia del 3 de noviembre de 2020 por la jueza de Garantías de Paraná Marina Barbagelata. Ahora, la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) avanzó con el sorteo del Tribunal colegiado que juzgará al exintendente y sus exfuncionarios.

El tribunal quedó conformado por el juez Pablo Vírgala, quien estará acompañado por Alejandro Cánepa y Rafael Cotorruelo.

Detalles de la causa

A Robles, Winderholler y Waigel se les endilga haber autorizado “de forma reiterada y sistemática la entrega de materiales de construcción, mediante desagregadas compras directas por un monto total de $953.227”, que surgieron tras solicitudes que realizaron diferentes habitantes en el área de Acción Social del municipio. Esa maniobra, según la Fiscalía, habría sucedido en el período que va de diciembre de 2014 a septiembre de 2015.

Los insumos comprados de forma directa a tres corralones de la ciudad -Agrícola Regional, Nutritotal y Nutrihaus- luego se entregaban a vecinos sin respetar normativa alguna, como la ordenanza 3/2003, que regula el otorgamiento de los subsidios a personas físicas y jurídicas; la 53/96 y 55/11, que regula las órdenes de compra y contrataciones, y la ley provincial de contabilidad pública, N° 5140.

Según el fiscal Bongiovanni, la compra y entrega de materiales se dieron con mayor frecuencia en julio de 2015, cerca de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), y que ese accionar fue para “captar el voto de los vecinos”.

Además, considera que el intendente y su secretaria de Hacienda tuvieron un “rol determinante en la efectivización” de la maniobra “al validar las órdenes de compra y cada una de las erogaciones viciadas infringiendo los deberes que les competían”.

En el caso de Waigel, señala que “asumió el comportamiento esencial en la faz resolutiva de la maniobra a través de la cual se apartaron esos caudales públicos”.

La causa se inició tras una denuncia del actual intendente de la localidad, Darío Schneider (Cambiemos). En el juicio, el jefe comunal será citado a declarar, como así también funcionarios y empleados del municipio, y especialistas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), que trabajaron en la auditoria que detectó las presuntas irregularidades en la compra de materiales y su distribución entre beneficiarios.