Luego de casi dos años y medio de juicio, este miércoles se conocerá la sentencia en el juicio oral de la “ruta del dinero K”, que tiene a Lázaro Báez, a su entorno, y a sus hijos entre los principales acusados. La investigación -que comenzó en abril de 2013 a partir de un informe del programa Periodismo para Todos (PPT)- apuntó a la red de cuentas bancarias abiertas en el exterior y la maniobra, mediante la compra de bonos, para reingresar el dinero a la Argentina, justo cuando Báez necesitaba capitalizar su empresa para poder quedarse con la construcción de dos represas en Santa Cruz. Se trata de una causa con implicancias políticas por la cercanía del empresairo con la familia Kirchner. 

Durante el juicio también se debatió el traslado de dinero en los aviones privados de Báez desde el Sur hasta Buenos Aires, y la compra del campo “El Carrizalejo”, en la provincia de Mendoza. El otro campo, conocido como “El Entrevero”, quedó en otro juicio.

Pasaron dos años y casi cuatro meses desde la primera audiencia. En todo ese tiempo declararon casi 100 testigos, renunciaron abogados, se sumaron dos imputados al juicio, y salieron de la cárcel los tres principales acusados: Lázaro Báez, Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín.

El empresario K amagó varias veces con revelar sus secretos, pero terminó elogiado a su amigo Néstor Kirchner.  Hoy el único detenido en la causa es el hijo mayor de Báez, Martín, que sigue con prisión preventiva hasta la primer semana de marzo.

El Tribunal Oral Federal 4 -integrado por los jueces Néstor Costabel, Gabriela López Iñíguez y Adriana Palliotti- iba a dar a conocer la sentencia hace dos semanas pero de manera sorpresiva lo postergó para hoy, generando una catarata de especulaciones. Infobae consultó ayer a media docena de fuentes judiciales, pero nadie se animó a confirmar si habrá condenas.

Hasta anoche ni siquiera estaba confirmado el horario del veredicto, aunque una fuente del tribunal dijo que “no será antes del mediodía”. El hermetismo entre los jueces es absoluto, incluso dentro de Comodoro Py.

Hay otro dato que suma dudas a la hora de anticipar el veredicto: hay pocos antecedentes en Comodoro Py de juicios por lavado de dinero que hayan terminado con condenas.

Lázaro Báez, el principal acusado, arrastra un pedido de pena de la Fiscalía de 12 años de cárcel y una multa de $2.121 millones. Pese al cambio de gobierno, las querellas que representan al Ejecutivo también solicitaron penas muy altas: 8 años y 6 meses, la Oficina Anticorrupción; 9 años, la Unidad de Información Financiera (UIF); y 8 años, la AFIP.

El fiscal pidió además que sean condenados el abogado Jorge Chueco y el contador Daniel Pérez Gadin a 8 años de cárcel. En el caso de Martín Báez, solicitó una pena de 9 años. A los otros tres hijos del empresario, Melina, Luciana y Leandro, les otorgó un grado similar de responsabilidad y pidió penas de 4 años, 4 años y 6 meses, y 5 años, respectivamente.

Si no hay sorpresas, habría condenas para los principales acusados por la maniobra de lavado que llegó a sumar USD 54.872.875 y fue investigada en la instrucción por el fiscal Guillermo Marijuán y el juez Sebastián Casanello. ¿Si Báez es condenado volvería a la cárcel?. Es poco probable.

La mayor incógnita por estas horas pasa por el delito precedente que se tomaría en cuenta a la hora de acreditar la maniobra de lavado de dinero. 

Durante su alegato, el fiscal Abel Córdoba habló de la defraudación mediante la obra pública, que se juzga en la causa de Vialidad -donde la vicepresidenta Cristina Kirchner es una de las principales imputadas- y la evasión impositiva de Austral Construcciones, que todavía se investiga en los tribunales de Bahía Blanca y de la Capital Federal. Las tres querellas, con algunas diferencias, coincidieron en esos delitos.

“Si los jueces dicen que el dinero de Báez venía de la obra pública la complican seriamente a Cristina”, graficó una fuente judicial.

El otro escenario es que el TOF decida apoyarse solo en la evasión. En ese caso, asoma otro debate jurídico de fondo. “Está muy discutido si el delito de evasión puede ser un delito precedente porque el Estado otorga moratorias. De hecho, Austral está en una moratoria y la está pagando”, explicó uno de los principales abogados de la causa.

Durante los alegatos, la defensa de Báez denunció “una operación de inteligencia estatal y paraestatal, con participación de todos los medios de comunicación”. El abogado de Báez, Juan Martín Villanueva, sostuvo que "la causa tiene un objetivo político" y repasó varias tapas de diarios para concluir que “se buscó involucrar a la ex presidenta” Cristina Kirchner en la causa.

La defensa del empresario, en conjunto con otros abogados, también intentó voltear el testimonio de Leonardo Fariña, el arrepentido que cambió el curso de la investigación. Pero el fiscal y las tres querellas derrumbaron esa estrategia. En diciembre pasado, Córdoba aludió al fallo de la Cámara de Casación que ratificó la constitucionalidad de la ley del arrepentido. “La declaración de Fariña reunió los recaudos de la ley del arrepentido. El juicio está concluyendo, cualquier duda sobre el acuerdo se actualizó ante el tribunal. Fariña declaró durante cuatro audiencias”, sostuvo en ese momento.

El juicio arrancó el 30 de octubre de 2018 con 25 imputados, pero termina con 27. En mayo de 2019, el TOF 4 decidió sumar a Martín Andrés Eraso y Juan Alberto De Rasis, dos ex empleados del banco suizo Lombard Odier que participaron de las maniobras para mandar a ese país parte del dinero del Grupo Austral.

Estaba previsto que el juicio dure un año, pero la cantidad de imputados y testigos demoró el desarrollo. Luego vino la cuarentena y las idas y vueltas por el sistema remoto. El debate recién se retomó el 21 de julio del año pasado, con el alegato de la Oficina Anticorrupción (OA).

Báez seguirá la última audiencia desde la casa "secreta" donde cumple la prisión domiciliaria desde septiembre, cuando el TOF 4 le otorgó ese beneficio por una orden concreta de la Cámara de Casación. El empresario primero intentó vivir en el country Ayres del Pilar, pero los vecinos no lo dejaron entrar. Luego del escándalo, fue trasladado a una casa, donde tiene custodia permanente. 

Recién sobre el final del juicio, el empresario intentó desligar a todos sus hijos. “Lazaro tomaba las decisiones junto con sus colaboradores y no con sus hijos”, dijo su abogado. No alcanzó.