El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, se refirió a la audiencia en la que se debatió el acuerdo de juicio abreviado por enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública contra el ex diputado provincial y titular de UPCN, José Ángel Allende.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Rodríguez Signes explicó su participación en la audiencia en la que se debatió el acuerdo de juicio abreviado: “No somos actores civiles en esas cuatro causas pero fuimos citados por el Tribunal porque en el proyecto de acuerdo que hay en ese juicio hay un decomiso de bienes, que opera como una reparación económica al perjuicio causado al Estado, que ha quedado determinado en la investigación y en todo este proceso penal, por lo tanto debíamos manifestar si estábamos de acuerdo con el monto de la reparación y con el destino de los inmuebles decomisados”.

Ante ello, “manifestamos que con relación al decomiso estábamos de acuerdo porque entendemos que de la investigación resulta que el ex diputado Allende reconoce la responsabilidad penal; el enriquecimiento se fijó en dólares –lo cual es discutible y no es un mecanismo que me convenza- y por lo tanto el mismo monto y un poco más es la valuación de los inmuebles decomisados y frente a esa situación prestamos nuestra conformidad”, explicitó.

De todos modos, “lo que no estamos de acuerdo es que en el acuerdo se estableciera el destino de los inmuebles, ya que eso debe ser determinado por el Poder Ejecutivo o por la administración provincial a través de sus mecanismos internos”, planteó. “No solo es opinión mía que surge del artículo 23 del Código Penal,  sino que en otras causas parecidas ha sucedido así, en la causa Yedro se decomisó un campo del cual tomé posesión y luego la Legislatura determinó el destino final, en las causas Pacayut y Taleb sucedió lo mismo y siempre ha sido la administración del Estado la que ha destinado finalmente el inmueble y esa fue mi posición ayer”, indicó.

Con relación al cuarto intermedio que definió el Tribunal, el fiscal consideró que “si esto fracasa no sería bueno” y como “opinión personal” explicitó que “los juicios son muy largos, y  hay juicios penales que llevan décadas, ni hablar de la reparación patrimonial”.

Como ejemplo, mencionó que “por las irregularidades en el puerto Ibicuy hablamos de mitad de la década del ´90 y gran parte de los actores de esas irregularidades y juicios hoy están muertos y la reparación económica no la hemos conseguido todavía, porque es tan complejo el sistema, tantos son los actores, tanta es la cantidad de recursos que se pueden plantear y tantas son las vicisitudes de un proceso judicial”. 

En contraposición, opinó que “la realidad es que el juicio abreviado –como instituto- da resultados concretos, tangibles, y más inmediatos; y hay un reconocimiento de la responsabilidad penal, hay una condena que es la inhabilitación perpetua para ejercer la función pública, hay un decomiso, y toda una serie de situaciones que se terminan y se cierran, y en definitiva tenemos un resultado concreto en un plazo razonable que es lo que la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Constitución de la provincia establecen en relación con los procesos judiciales: tienen que comenzar y concluir en un plazo razonable y esto es bueno para el imputado, para la acusación y para la sociedad”.

“Me da la impresión de que este proceso es una oportunidad de obtener la reparación que la administración necesita y que las víctimas también obtengan su reconocimiento”, consideró.

Por otra parte, apuntó que “las preguntas del Tribunal giraron en torno a la pericia contable por una sola de las cuatro causas que es el enriquecimiento y me parece que el Tribunal lo puede aclarar; es imprescindible y absolutamente necesario que el perito dé explicaciones, y si las mismas son adecuadas estamos en condiciones de que este tema concluya. Mantengo mi posición de que los bienes a decomisar tienen que ser asignados al Ejecutivo”.  

“Sería positivo que esto concluya para darle un corte y concluir este tema, de lo contrario vamos a entrar en una serie interminable de cuestiones procesales que no se sabe cuándo pueden terminar”, afirmó.

Sobe ello, estimó que “una alternativa podría ser sugerir que reformulen el acuerdo” y explicó que “tras el cuarto intermedio debe seguir el juicio, y la explicación de los peritos se hace visible y es imprescindible que los fiscales y la defensa propongan que vengan a la audiencia”.

En cuanto al destino que el Ejecutivo le daría a los inmuebles, reiteró que “desde la Fiscalía se hace el pedido y luego será el gobernador junto a los ministros los que determinen el destino, no tengo intervención en cuanto a cuál será la afectación final”.

La importancia del proceso

En tanto, Rodríguez Signes marcó que “el acusado tiene la decisión de asumir la responsabilidad penal, lo que no es menor” y destacó que “más allá de quien sea, hay que sentarse frente a un Tribunal y asumir la responsabilidad”.

En esto, reconoció que “tiene mucho que ver la investigación realizada, hay cuatro investigaciones llevadas adelante por el Ministerio Público Fiscal lo que implica un trabajo arduo, y ayer hubo tres horas en que se resumieron las investigaciones y eso lleva una investigación profunda, especialmente la de enriquecimiento ilícito, con lo cual no es un acuerdo que se haga entre gallos y medianoche, eso es imposible”.

“No puede celebrarse un acuerdo a espaldas de la ley, de los peritos, de los jueces que intervienen, de los fiscales; sino que hay una investigación que ayer se vio claramente cuando los fiscales se manifestaron en una síntesis. Por eso después de tanta investigación y de tantos años, las preguntas del Tribunal se pueden resolver, y estamos frente a la oportunidad de cerrar un capítulo y que el Estado tenga hoy un resarcimiento y no tener que esperar una década más para colocar las cosas al estado anterior”, apuntó el funcionario.

Finalmente, sostuvo que “este es un proceso llevado contra una persona en particular y no veo que tenga conexiones o influencia en otros procesos en marcha. Este es un proceso que se abre y se cierra respecto de una persona que asume su responsabilidad, con un Ministerio Público Fiscal que funcionó, una defensa que funcionó, víctimas que dijeron lo que pensaban, una de ellas es ministra del Ejecutivo actual, y es sano que cierre todo esto”.