Un policía de Santa Elena está a poco de ser juzgado por explotar sexualmente a su pareja en distintas localidades entrerrianas, así como en otras provincias. El oficial Ángel Gerardo García, imputado por el delito de Trata, solicitó la prisión domiciliaria, pero tras la oposición de la Fiscalía, el Tribunal Oral Federal de Paraná le rechazó el pedido.

García cayó detenido en 2019, luego de la denuncia que hizo la hermana de la víctima en un llamado a la línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas damnificadas por el Delito de Trata. Aquel 20 de abril de 2019 la mujer contó que su hermana le envió mensajes de texto donde le hacía saber sus padecimientos, la explotación a la que era sometida por su marido, oficial de la Policía de Entre Ríos.

Detalló que era sometida a explotación sexual y la obligaba a mantener relaciones sexuales con otros hombres, en distintas ciudades de Entre Ríos y de Corrientes, a tomar alcohol y a drogarse. Además, le dijo que se quedaba con el dinero que les cobraba a los “clientes”, mantenía controladas sus comunicaciones y no la dejaba salir si no era con él.

Por esto, se dispusieron tareas de inteligencia. El 23 de abril de 2019, el comandante principal de Gendarmería Nacional Argentina Cornejo informó que se había comunicado con la denunciante, quien a su vez le dijo que su hermana le había comentado que quería irse del lugar donde se encontraba y que temía por su vida, su integridad física y la de sus hijos. Por ello, solicitó que se la auxiliara y rescatara con urgencia. Así sucedió pocos días después.

Tras el procesamiento por Trata, le dictaron a García la prisión preventiva y fue enviado a juicio. Recientemente, su defensor José Manuel Valle solicitó el beneficio de excarcelación y en subsidio la medida cautelar de arresto domiciliario. Sostuvo que siempre estuvo a derecho y que nunca intentó evadir el accionar de la Justicia, que cuenta con arraigo familiar y laboral en Santa Elena.

El fiscal general, José Ignacio Candioti, consideró que aquellas continúan vigentes los peligros de fuga y entorpecimiento de la investigación, por lo tanto sostuvo que el beneficio de la prisión domiciliaria debe ser rechazado. Máxime en este tipo de delitos, argumentó, en los cuales se tiene que tener especial cuidado en lo que hace a la protección de las víctimas, más aún teniendo en cuenta que ya existió una amenaza.

Al momento de resolver, la vocal del TOF, Noemí Berros, opinó que “puede presumirse razonablemente que la libertad del imputado podría contaminar la producción de la prueba testimonial que deberá ventilarse en el juicio, debiendo el tribunal ser custodio de la incolumidad del material probatorio”.

De este modo, la jueza resolvió no hacer lugar al pedido de excarcelación para García, y también respecto de la solicitud de prisión domiciliaria, consignó Uno.