El Tribunal Oral Federal 8 decidió este viernes citar como testigos a Ronald Noble y Joel Sollier, ex directivos de Interpol, en la causa del Memorándum con Irán, en donde está imputada la vicepresidenta Cristina Kirchner y varios funcionarios del gobierno, como Carlos Zannini o Juan Martín Mena. Pero además resolvió avanzar con el juicio oral, hacer una “instrucción sumplementaria”, fijar una audiencia preliminar para diciembre y aceptar a más de 300 personas como testigos.

En esa lista aparecen el ex espía Horacio “Jaime” Stituso, el ex juez Rodolfo Canicoba Corral y el actual juez y candidato a Procurador Daniel Rafecas, junto a legisladores que analizaron el Memorándum como el ex senador Miguel Angel Pichetto y el diputado del PRO Waldo Wolff y la ex jefa de la OA Laura Alonso. También figuran ex funcionarios como Aníbal Fernández, Julio De Vido y Ricardo Echegaray. O el radical Mario Cimadevilla, que estuvo al frente de la UFI-AMIA durante el Gobierno de Mauricio Macri y terminó yéndose en medio de polémicas por la posición de esa querella en el juicio del encubrimiento de AMIA.

Habían reclamado la citación del presidente Alberto Fernández -llamado a declarar por el fallecido juez Claudio Bonadío cuando el caso ya había sido elevado a debate-, pero el TOF no hizo lugar a la solicitud.

La resolución tomada hoy por los jueces Gabriela Lopez Iñiguez, José Michillini y Daniel Obligado implica avanzar hacia el inicio del juicio. Esa fecha se dará a conocer el 14 de diciembre para “ordenar la prueba que se producirá durante el debate (fechas de las audiencias, horarios, cronograma de testigos, cantidad de testigos por audiencia”, publicó Infobae.

Pero el TOF decidió citar anticipadamente como testigo, por vía teleconferencia, a Ronald Noble, el ex titular de Interpol que cruzó a Nisman apenas el entonces titular de la UFI AMI hizo la denuncia por el Memorándum con Irán contra la ex presidenta; y a Joel Sollier, consejero jurídico en 2013 que manifestó cuando se firmó el Memorándum que el acuerdo no implicaba “ningún tipo de cambio en el estatus de las certificaciones rojas aplicadas en relación a los crímenes investigados en la causa AMIA”. Estas declaraciones habían sido pedidas en mayo de 2019 por la defensa del hoy procurador del Tesoro Carlos Zannini, a cargo Mariano Fragueira Frías.

“La convocatoria anticipada de los testigos Ronald Noble y Sollier en nada obsta a que durante la sustanciación del debate alguna de las partes estime necesario volver a oírlos para dilucidar puntos dubitativos; motivo por el cual no existiría perjuicio alguno, sino más bien optimización de los recursos probatorios, los cuales deberán ser evaluados por los litigantes y jueces en sus respectivas oportunidades”, dijeron los jueces. Y fijaron esas teleconferencias para Noble el 5 de octubre y para Solliler el 19.

El dato no es menor. Ni Noble ni Sollier habían citados a declarar en instrucción. Sobre todo porque las querellas sostienen que Noble es un imputado y por lo tanto no puede ser citado como testigo. Las defensas, por su parte, ven en la declaración de este ex funcionario de Interpol una llave para hacer caer la causa: si las alertas rojas no estuvieron en peligro, entonces se derribaría la denuncia de Nisman, afirman.

El fiscal del juicio Marcelo Colombo avaló la citación de Noble como testigo. Aseguró que los representantes del Ministerio Público Fiscal -Nisman primero, Gerardo Pollicita también y él- trataron a Noble como testigo y “no existe imputación formal” en su contra.

Entre las pruebas, el TOF dispuso ordenar a la Organización de Policía Internacional INTERPOL, “a fin de que explique respecto de los banners insertos en las notificaciones rojas de los ciudadanos iraníes, dónde se encuentran reguladas esas inscripciones, y en particular, si esos banners afectan la vigencia de esas notificaciones de búsqueda y captura”, según la resolución a la que accedió Infobae.

La causa

La causa nació con la denuncia que hizo Nisman cuatro días antes de aparecer con un tiro en la cabeza en el baño de su departamento. Fue en enero de 2015. Alli Nisman sostuvo que existió un plan para “fabricar la inocencia de Irán” en la voladura de la mutual judia que el 18 de julio de 1994 provocó la muerte de 85 personas. “La Sra. Presidente ordenó desviar la investigación, abandonó años de un legítimo reclamo de justicia y buscó librar de toda sospecha a los imputados iraníes, contradiciendo su probada vinculación con el atentado”, decía Nisman.

Habló de un “canal clandestino” de comunicación, que operó “como una diplomacia paralela, estuvo integrado por funcionarios, ex funcionarios y otros sujetos, que ninguna vinculación guardaban con la función diplomática, pero que estaban estrechamente ligados al centro del poder de donde emanan las decisiones más trascendentales de la política argentina”. En su hipótesis, Nisman afirmó que se buscaba un acercamiento geopolítico con Irán para “restablecer relaciones comerciales plenas de estado a estado para aliviar la severa crisis energética argentina, mediante un intercambio de ‘petróleo por granos'”.

En aquel momento, la denuncia de Nisman fue desestimada por el juez Daniel Rafecas, con el aval de la Cámara Federal. En 2016, se hizo una denuncia contra Cristina Kirchner y los legisladores que votaron el Memorándum. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación avaló la reapertura de la denuncia de Nisman. Tras un breve paso por las manos del juez Ariel Lijo, la denuncia se concentró en el juzgado de Claudio Bonadío.

El 7 de diciembre de 2017, el juez Bonadío procesaba y ordenaba la detención de Cristina Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman, el ex secretario Legal y Técnico Carlos Zannini,el piquetero Luis D’Elía, el ex jefe de Quebracho Fernando Esteche y el lobista iraní Jorge Khalil. Sin prisión preventiva, fueron procesados el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, hoy senador; la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona; el ex funcionario del Ministerio de Justicia Juan Mena, que hoy es viceministro de ese área; el diputado nacional Andrés Larroque, ahora a cargo de Desarrollo Social en la provincia de Buenos Aires; el ex vicecanciller Eduardo Zuain y el agente de inteligencia Alan Bogado.

A todas las acusaba de encubrimiento y traición a la Patria. Cristina Kirchner no fue detenida porque en octubre de 2017 se había convertido en senadora y tenía fueros. Precisamente, sobre eso habló la ex presidente en su indagatoria en el juicio oral en la causa de Vialidad. En tanto, a Timerman se le concedió la prisión domiciliaria por razones de salud.

La Cámara Federal confirmó los procesamientos (sin la figura de traición a la Patria) y las detenciones ese mismo diciembre de 2017. En enero, el entonces juez Torres le concedió la libertad a Timerman para que pudiera viajar al exterior a tratarse. El caso pasó rápidamente a un tribunal oral. El 24 de marzo de 2018, fueron liberados Zannini, D’Elía y Khalil por orden del TOF, que contaron con el aval de la fiscalía porque no había riesgos de fuga ni entorpecimiento. El único que quedó preso fue Esteche, ex líder de Quebracho, por una condena previa. Sin embargo, salió en libertad después de las PASO cuando estaba por cumplir dos años de preventiva.

Timerman falleció en diciembre de 2018. La Corte Suprema confirmó en marzo de 2019 la prisión preventiva de la ex presidenta, al rechazar un recurso extraordinario porque no se trataba de una sentencia definitiva). La defensa de Cristina Kirchner nunca solicitó la excarcelación. Pero en diciembre pasado el TOF hizo caer esa orden de detención, nunca ejecutada porque CFK tenía fueros como senadora. Según el TOF, no existen elementos para hacer pensar en entorpecimiento de la investigación o una fuga por parte de Cristina Kirchner. Pero además, dijeron los magistrados, aquí se da “la circunstancia extraordinaria de que la aquí imputada ha sido recientemente investida como Vicepresidenta de la Nación”.