El Colegio de Abogados de Entre Ríos (CAER) se refirió al proyecto de ley de reforma judicial impulsado por el Poder Ejecutivo de la Nación. En ese sentido, la entidad lamentó que “una vez más un proyecto que nace del poder político sin haber sido precedido de un profundo y transparente debate social”. Y, tras realizar un análisis del proyecto, y en especial en lo que respecta a Entre Ríos, instó a que se convoque “a participar a la abogacía argentina organizada, a la misma Corte Suprema, a las asociaciones de magistrados y funcionarios y a los trabajadores judiciales, entre otros sectores más, quienes deben realizar sus aportes en base a la experiencia diaria del funcionamiento del sistema judicial”.

“La justicia argentina se encuentra en crisis y muchas cuestiones deben reformarse para que la ciudadanía argentina pueda recuperar su confianza en este servicio público imprescindible en una democracia moderna. La conflictividad social, la petición y reivindicación de los derechos, solo se resuelven necesariamente ante los jueces de la república. Asimismo, el Poder Judicial interviene en su función de control en nuestro sistema institucional de frenos y contrapesos”, comenzó diciendo el CAER en un comunicado.

Y acotó: “El Presidente de la Nación ha presentado ante la sociedad y el congreso su proyecto de reformas de la justicia, limitado solo al fuero penal. Una vez más un proyecto que nace del poder político sin haber sido precedido de un profundo y transparente debate social”.

Seguidamente, señaló: “El proyecto se concentra en la reconfiguración de la justicia penal federal de la ciudad de Buenos Aires, la creación de nuevos juzgados federales con competencia penal en las restantes provincias argentinas y la conformación de una comisión especial para estudiar el funcionamiento de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público y el instituto del juicio por jurados”.

“Lo que hemos observado del proyecto es que en la jurisdicción de Entre Ríos se crearían nuevos juzgados federales con competencia penal. Ya el estado nacional ha adoptado el sistema penal acusatorio a través del nuevo Código Procesal Penal Federal (Ley 27.063), pero con una implementación escalonada por provincias. A su vez, la comisión creada tratará el funcionamiento del Ministerio Público, siendo ésta la parte que asume la investigación y la acusación y la que necesitaría ineludiblemente una transformación cuantitativa importante”, analizó puntualmente sobre la provincia.

Y observó: “La crisis económica de nuestro país también afecta a su servicio de justicia. En octubre pasado el Consejo de la Magistratura declaró la emergencia judicial en los aspectos edilicio y tecnológico, rubros esenciales para brindar un adecuado servicio. La abogacía organizada lleva décadas reclamando mejoras presupuestarias para personal, para edificios y para renovar la tecnología, hoy tan imprescindible. La suspensión de obras en la futura sede del Juzgado Federal de Paraná (ex Comando de Brigada) sirve como un ejemplo de la inexistencia o escasez de fondos suficientes. La pregunta que nos hacemos todos los operadores del sistema judicial es de dónde provendrán esos necesarios rubros presupuestarios”.

En esa línea, agregó: “El Consejo de la Magistratura de la Nación es un órgano que debe ser revisado legalmente. Nuestra Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) ha impugnado constantemente la desequilibrada composición que afecta su diseño constitucional, a través de acciones judiciales y también con la presentación de un proyecto de ley. Hace más de diez años que el Consejo es el campo de batalla de los circunstanciales sectores oficialistas/oposición que se alternan para dominar la selección de candidatos a magistrados y funcionarios, para analizar la conducta de los mismos y para administrar el presupuesto de la justicia nacional y federal. Su composición y su parsimonioso funcionamiento es una deuda con la ciudadanía argentina”.

“Ha sido siempre una política de nuestra institución ponerse a disposición de los legisladores nacionales entrerrianos a los fines de aportar institucionalmente nuestra perspectiva desde la abogacía con especialistas en cada materia y así en esta oportunidad lo ofrecemos”, destacó además.

Párrafo seguido, sostuvo: “Nuestra pretensión es que haya una reforma a todo el sistema judicial con la finalidad de lograr esencialmente el acceso a la justicia, fundamentalmente a los sectores en situación de mayor vulnerabilidad social y jurídica; la tutela judicial efectiva, continua y expeditiva que brinde seguridad a la ciudadanía; y el respeto al principio de Independencia de los magistrados y funcionarios judiciales; como garantías a los argentinos de una justicia democrática. Con esos fines, ineludiblemente se debe convocar a participar a la abogacía argentina organizada, a la misma Corte Suprema, a las asociaciones de magistrados y funcionarios y a los trabajadores judiciales, entre otros sectores más, quienes deben realizar sus aportes en base a la experiencia diaria del funcionamiento del sistema judicial”.

Y cerró: “Debemos todos reconstruir la real independencia de los magistrados y funcionarios, como garantía de justicia y lograr revertir esa desconfianza con la que hoy se defiende la ciudadanía. Tenemos la esperanza, y así también lo peticionamos, que solo el diálogo transparente e inclusivo y la razonabilidad argumentativa pueden obtener el necesario consenso constitucional para mejorar el sistema de justicia argentina”.