La Municipalidad de Santa Elena siguió el camino de Larroque, del departamento Gualeguaychú, y dio por terminada la demanda civil en la causa por sobreprecio de una obra de 20 cuadras realizada con fondos del Plan nacional “Más Cerca”.

Se trata del expediente paralelo al penal que tiene como imputado al intendente Domingo Daniel Rossi. La demanda civil cayó tras un acuerdo firmado entre el municipio y la empresa constructora L&C, informó Entre Ríos Ahora.

En la causa civil el ahora exintendente Silvio Moreyra le reclamaba a los acusados – entre ellos Rossi- que paguen más de $$10.937.255,46 en concepto de perjuicio económico al Estado municipal. La presentación judicial la formuló por medio del abogado Guillermo Mulet, que era abogado del municipio y del entonces intendente.

Lo que ocurrió es que tras cuatro años de proceso, el demandado, en este caso Rossi, volvió al poder y se preveía que no iba a sostener una demanda en su contra. El 25 de diciembre de 2019, Entre Ríos Ahora adelantó que tanto la demanda civil de Larroque como la de Santa Elena “estaban en la cuerda floja” porque era imposible que sus intendentes sostengan las demandas en su contra.

El municipio que gobierna Leonardo Hassel formalizó el desistimiento de la acción civil el 7 de marzo con un acuerdo con la empresa Organización Industrial Construcciones SA (OICSA).

Ahora, el mismo camino siguió el municipio de Santa Elena. Según dio a conocer el abogado Carlos Guillermo Reggiardo, abogado de Rossi y asesor legal de la Municipalidad, se firmó un acuerdo con la empresa L&C, quien “se compromete a financiar parte de las reparaciones que debía ejecutar en 2016 y no lo hizo por capricho del entonces intendente (NdelaR: en referencia a Moreyra)”.

Además, indicó que “la empresa aportará materiales por más de $6.000.000 para sanear 5 años de odio, desaprensión y persecución política”.

A pesar de que el caso civil termina, no así la causa penal, que tendrá un nuevo capítulo el 6 de julio, cuando sea la audiencia en la que el juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo, resolverá si eleva a juicio oral y público a Rossi y otros acusados.

El comunicado del rossismo

“Después de casi 5 años de una Obra que significó el saneamiento y urbanización de una zona de la ciudad, que significó que se asfaltaran y dieran servicios a 26 cuadras de pavimento, es decir más de un 26% de lo que pedía el pliego de base y condición y el presupuesto oficial (reconocido por el pseudo perito Beltrán Uranga que vino a Santa Elena y midió la obra como figura en el expediente, y único caso en Argentina que una empresa construye por más de 5 millones de peso una obra).

En 2017 y luego de haber dejado caer las garantías, y retirarle arcos de contención para que el tránsito pesado no circule; la Gestión de Silvio Moreyra aposto a su destrucción, e hizo una denuncia penal acompañada que le vino como anillo al dedo a la Procuración en su parodia de perseguir dirigentes para justificar el encubrimientos de los contratos truchos que saquearon las arcas de la Provincia imputando solo a perejiles o deliverys del dinero.

El 9 de Junio de 2019 la ciudad de Santa Elena volvió a confiar sus destinos a Daniel Rossi, quien es el mentor de la obra y termino imputado por un fiscal adicto a la procuración, que solo pretende ir a juicio acusando primero de sobreprecios, luego de incumplimientos y falsificación de certificados de obras, y con un peritaje falso como única prueba pretende formar parte de la farsa más grande Judicial para llevarlo a Juicio Oral al intendente que hizo más cuadras de las presupuestadas, con dinero de Nación y con la aprobación de organismos intervinientes de control- dentro del presupuesto oficial.

Con el acuerdo presentado L&C, se compromete a financiar parte de las reparaciones, que debía ejecutar en 2016 y no lo hizo por capricho del entonces Intendente. La Empresa aportara materiales por más de $6.000.000 para sanear 5 años de odio, desaprensión y persecución política.

El fiscal Santiago Alfieri sigue en soledad con el perito falso Beltrán Uranga, quien tuvo la “Fortuna” de ser designado perito oficial en todas las causas que investigan el plan “Mas Cerca”, como denunció públicamente el Presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos en 2019, y de la sola lectura de sus conclusiones se puede advertir que no solo no uso método de contratación que correspondía sino que le asigno distinto precio a mismos productos solo para ajustar las pericias a las pretensiones del Ministerio Publico Fiscal.

Moreyra fue denunciado por los daños y dejar romper la obra, además que en ese periodo destinó $26.000.000 de pesos al asfaltado de 9 cuadras (Rossi hizo 26 con $20.000.000). Uranga esta denunciado, pero la fiscalía pretende mirar para otro lado, y como con los Contratos Truchos, entre ellos se sacan las responsabilidades y funcionan como una estructura político-judicial que persigue dirigentes y encubre amigos».